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Alicia Vidal: Vamos a hablar con Hugo Magonza, que es presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. ¿Cómo estás Hugo?

Hugo Magonza: Hola, ¿qué tal Alicia? ¿Cómo están ustedes?

A.V.: Bien, muy bien. Vamos al tema de la salud, me interesa, están organizando el congreso de ACAMI, para crear un ente evaluador de tecnología de la salud. ¿Nos podés contar de qué se trata?

H.M.: Sí, nosotros lo que en realidad lo que estamos proponiendo es que en la mayoría de los países donde hay una política de estado en salud está funcionando desde hace muchos años. Es un organismo evaluador que tiene que jumpers for sale ser un organismo estatal que analice con el apoyo de sociedades científicas y con información que proveen otros organismos de evaluación de tecnología, la incorporación de las tecnologías ya sea tanto diagnósticas, como terapéuticas, en lo cual incluimos los fármacos, a la cobertura médica. Porque hay que hacer una evaluación muy precisa de los productos que se van a incorporar como los tratamientos, para que estos tengan primero una evaluación de la calidad, mínimo, que es lo básico, uno relación de la (…) eficiencia y finalmente una mirada que es la mirada de la evaluación del beneficio social, que es el impacto que tiene la incorporación de esos productos en la canasta prestacional de lo que nosotros entendemos que debe ser una cobertura universal para 42 millones de personas. Porque nunca hay que hablar de un sector, sino hay que hablar de toda la población de la República Argentina en su totalidad.

 A.V.: Ahora, ¿ustedes están dirigiendo esto a quién en particular, están haciendo como este reclamo de que exista un ente evaluador?

H.M.: No, nosotros lo que estamos haciendo es un planteo de políticas públicas. Obviamente cuando lo elaboramos lo elaboramos como algo que tiene que ser llevado adelante por la legislatura, porque uno le tiene que dar un respaldo muy importante a la agencia, pero la realidad es que una agencia tiene que ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Nosotros lo imaginamos o dependiendo de la Superintendencia de Servicios de Salud o dependiente del Ministerio de Salud de la nación. Pero aún así tienen que participar, esto como uno lo imagina generalizado esto  tiene que tener una participación enorme de lo que son los ejecutivos provinciales, pero tiene que tener una estructura de legislación que lo avale. ¿A qué se debe esta propuesta? Porque si no hay una indefinición respecto a qué es lo que sí se debe cubrir o no se debe cubrir y en ese caso…

 A.V.: Ah, como que no sea arbitrario el sistema de cobertura, o sea, que no genere como pleitos, digamos, cuando a uno no le cubren una cosa o la otra, que esté como más homogéneo eso, ¿sería?

H.M.: Absolutamente, además con una mirada desde la sociedad en su conjunto, no de los intereses particulares. Acá no podemos negar que en nuestro país, como en cualquier otro hay intereses, algunas veces legítimos, otras veces más discutibles, pero respecto de qué se debe incorporar o que no se debe incorporar. Y esta discusión no puede estar en manos de los privados, tiene que ser una discusión pública y ese rol lo tiene que cumplir el estado. Nosotros podemos ayudarlo porque la verdad que hay mucho escrito, la Agencia de Evaluación de Tecnología de Canadá, como la Agencia de Evaluación de Tecnología de Francia, Inglaterra, son entidades que tienen muchísimos años haciendo esto, lo hacen muy bien, son muy estrictos en el análisis de la información. Hoy la República Argentina no tiene esta normativa y por este motivo a veces se dan coberturas que no tienen evidencia científica, muchas veces que pueden ser lesivas de los intereses de los pacientes mismos y además de eso se incurre en un costo muy alto sobre algo que no tiene evidencia probada. O sea que estamos en el peor de los mundos, gastando un recurso que es un recurso escaso y además de eso a lo mejor haciendo daño, porque finalmente cuando se termina de descubrir que el fármaco o el tratamiento mechanical bull for sale no es adecuado ya la situación pasó y seguramente es irreversible el potencial daño que hizo esa terapéutica.

A.V.: Seguro. Bueno, te agradecemos mucho, Hugo Magonza, que es presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, ACAMI. Y me gustaría si nos decís algún lugar donde la gente pueda investigar un poquito más o estar más al tanto, alguna página web o algo así.

H.M.: Nosotros tenemos nuestra página web, si ponen ACAMI en cualquier buscador la van a encontrar. Es una tarea que estamos llevando adelante con muchas entidades científicas y gente que realmente tiene una enorme vocación por impulsar una política de salud para el país a largo plazo.

A.V.: Muchas gracias.

H.M.: No, gracias a ustedes.

El director del Cemic y presidente de la entidad Acami cree necesario repensar todo el sistema de cobertura sanitaria

La suba de 9,5% en las cuotas de los afiliados a las prepagas que el Gobierno autorizó a aplicar en las facturas de este mes, servirá para descomprimir una situación crítica en el sector privado de la salud. Pero está claro que no resolverá la problemática de fondo de una actividad con crecientes exigencias en cuanto a los servicios que debe brindar; servicios cuyo financiamiento dependen sólo de los recursos provenientes de las cuotas reguladas. Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (Cemic), afirma que la actividad está agobiada por un alza de costos que no se compensa con los recursos; sostiene que la mechanical bull for sale rentabilidad no va más allá de 0,5% y cree que, si bien las autoridades del área entienden la situación, los costos políticos de eventuales medidas influyen en las acciones del Estado.

Magonza es crítico de la manera en que se disponen nuevas obligaciones de dar cobertura para las entidades, ya que no se establece de qué manera se financiarán los tratamientos. Con la mirada puesta más allá del día a día, afirma que una medida acertada sería crear un fondo nacional para el tratamiento de las enfermedades de alto costo, que garantice que todas las personas sean atendidas, sin importar si tienen prepaga, obra social o si dependen sólo del sistema público.

-El Gobierno autoriza una suba de cuotas de 9,5% cuando el sector sostiene que es necesario bastante más. ¿En qué cree que podría reflejarse ese desfase?

-Habíamos pedido 15% ahora y otro 11% para diciembre, porque así serán las subas salariales por las paritarias del sector de la sanidad. En el PAMI, donde hay influencia de la gestión estatal, se dará un aumento de 26% a los prestadores; uno debe entender entonces que se reconoce un retraso que justifica ese porcentaje. El 9,5% descomprime la situación más crítica; esta semana iba a haber una medida de fuerza con suspensión de toda la actividad programada en las clínicas. No es nada fácil cortar servicios de salud, nadie quiere tomar esas decisiones, pero el sector está agobiado por el incremento de costos y por no tener los recursos. Hay costos que suben por la inflación y otros tienen que ver con la atención médica. Los salarios explican entre 60 y 70% de l costo total, un 65% en promedio. En el otro 35% están la alimentación, la vigilancia, los lavaderos? Son rubros muy pesados en la estructura sanatorial y se encarecieron hasta 100% en tres años; el resto son los insumos, la tecnología. Los insumos básicos suben al ritmo de la inflación real y los extraordinarios, como medicamentos de alto costo, no tienen precio.

-¿ Por qué entiende que, si desde las entidades muestran esos datos, se les responde que pueden subir en un porcentaje menor?

-La Superintendencia [de Servicios de Salud] entiende cuál es la problemática y pudo validar con el tiempo la información que le llevamos. A veces los temas desde el punto de vista técnico tienen una respuesta y desde el punto de vista político tienen otra. Cuando hemos ido a ver al secretario de Comercio [Guillermo Moreno] le llevamos las estructuras de precios y vimos que desde el punto de vista técnico no teníamos diferencias. En todo el mundo, la suba del costo de los servicios médicos es más alta que la inflación. Tenemos, por ejemplo, un listado de medicamentos de alto costo que entre 2010 y 2012 subieron en promedio 113% y hay tratamientos aprobados que van a costar, por año, US$ 600.000. Esos medicamentos son buenos en su mayoría, pero hay que separar eso del tema cómo se financia.

-Desde el sector privado, ¿hay algo que podrían hacer por una mayor eficiencia? El traslado a cuotas siempre se vuelve una carga pesada para los afiliados.

-El sector hizo una evolución enorme desde los años 90. Antes de esa década se corregía la ineficiencia con la inflación. Cuando con la convertibilidad desaparece la inflación, hubo una primera etapa con empresas que sufrieron mucho porque no estaban preparadas para trabajar en un escenario estable, en el que el mercado ponía el precio; esas entidades empezaron a perder rentabilidad y competitividad y muchas salieron del mercado. Las que se quedaron se hicieron fuertes, y surgieron además nuevas herramientas para la gestión. En el 96 aparece el Plan Médico Obligatorio y entonces hubo un cambio sustancial para la cobertura privada. Por ley, se transfirió una responsabilidad del Estado hacia las empresas, pero en realidad fue una transferencia hacia las personas, porque eso de que se da cobertura a todo es algo que merece una mirada crítica: salen leyes para la cobertura de enfermedades, pero no se dice de dónde salen los fondos. Eso es un error muy grave.

-¿Cuál podría ser la solución?

-No creo que enfermedades catastróficas [de alto costo en su tratamiento] puedan ser afrontadas por pequeños ni por medianos grupos de personas. Y a los muy grandes finalmente eso los llevaría a la quiebra. La única manera es que exista un fondo nacional de recursos para coberturas complejas. Es bueno dar ciertas coberturas; el tema es cómo se financian. En ese tema no le dicen a la población lo que tiene que saber: que los derechos en salud son de la población hacia el Estado.

-Un fondo de enfermedades catastróficas, ¿podría funcionar sólo para quienes estén en el sector privado o debería hacerse un sistema para toda la población?

-Se lo puede pensar para grupos numerosos y no como algo universal, pero pensarlo para los 40 millones de habitantes es la forma de garantizar la equidad. Después, hay que garantizar la accesibilidad, sin importar si la persona tiene prepaga, obra social o no tiene nada. Hoy tenemos un problema coyuntural, un gran retraso en los aranceles que tiene un efecto inmediato en los prestadores y trabajadores del sector. Pero va a llegar a corto plazo un efecto sobre la calidad y cantidad de las prestaciones. El Estado tiene el rol de fijar qué se debe cubrir, con la mirada puesta en el interés de la sociedad toda. Ese rol tiene costos políticos y no siempre se pueden hacer cosas que generen buen ánimo en la población.

-El riesgo del costo político, ¿afecta entonces al sector?

-Creo que hay que empezar a tomar decisiones y eso cuesta. Hoy, la Superintendencia trabaja en una agencia nacional de tecnología [un organismo para determinar qué tratamientos se aprueban] que, dependiendo del respaldo político, será algo muy bueno. El problema tiene solución, pero no de hoy para mañana, y los paliativos son un seguro de enfermedades catastróficas, la agencia de jumpers for sale tecnología y una canasta de prestaciones bien definida. Algo muy importante sería que haya planes parciales para que el afiliado pueda decidir qué servicios contratar, y que no se le exija tomar todos. Es necesario un plan nacional de salud, que garantice una cobertura universal, con integración de los recursos de los subsistemas.

-¿Cómo influyó en los costos la ley regulatoria? ¿Hubo pedidos de afiliación de pacientes con enfermedades preexistentes, a quienes ya no se puede rechazar? ¿Cuánto se les cobra de cuota?

-Se han recibido muchos pedidos. La normativa para poder cobrar un diferencial en la cuota no está aprobada y esa indefinición trae inconvenientes. En la práctica se les cobra un diferencial que tiene que ser aprobado luego por la Superintendencia, y en ese camino hay una gran brecha de incertidumbre. Si se cobrara lo que debería cobrarse para hacer frente al costo de una enfermedad, las cifras serían ridículas y no creo que haya ningún funcionario dispuesto a aprobarlas. Una entidad calculó que por cada 100 pacientes con enfermedades de alto costo se va el 1% de la rentabilidad. Y hablamos de una entidad grande, a otras se les puede ir el 100 por ciento.

-¿Qué rentabilidad hay hoy?

-Las entidades medianas y chicas están en cero o por debajo de cero. Las grandes, en 0% o 0,50%. A veces hay confusión porque se ven inversiones, pero los fondos no vienen de la caja propia. En el Cemic tenemos proyectos financiados con una donación, un crédito del Bicentenario y otro del Banco Nación. Los proyectos son un área de radioterapia en el centro médico de Saavedra y la puesta en valor de un sanatorio en la avenida Coronel Díaz.

• Profesión: licenciado en administración
  Edad: 57 años

• Es director general del Cemic, una asociación civil sin fines de lucro que tiene 38.000 afiliados, un instituto universitario con 600 alumnos y un área de investigación que es sede del Conicet

• Es presidente de Acami y vicepresidente de Ademp y de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami)

• Acami realizará el 12 de este mes el XVI Congreso Argentino de Salud en la ciudad de Bariloche. Serán temas centrales los efectos de la regulación de las prepagas, el financiamiento de la actividad y los problemas en el plano jurídico

Fuente: La Nación| Economía 1/9/2013