Congreso Argentino de Salud
Afirman que el combo “inflación más devaluación” provoca que la actividad sea inviable. Y reclaman una Agencia de Evaluación de Tecnologías que dé prioridades a las coberturas.
El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, estuvo presente en el Congreso Argentino de Salud realizado este jueves en Rosario. Foto: Juan José García
El XXII Congreso Argentino de Salud, desarrollado este jueves en Rosario, tuvo un clima de catarsis por la crisis que vive el sector. Lo resumió con humor el director general de OSDE, Luis Fontana. “Nos vamos a suicidar en masa”, planteó. El auditorio le devolvió una sonrisa de las que no abundaron durante la jornada.
El encuentro buscó visibilizar y compartir las problemática del sector privado de la salud que, a través del financiamiento o de las distintas prestaciones, alcanzan al 70 por ciento del país y emplea a 1,5 millón de personas en el país.
El aumento de los costos, de la carga impositiva y de la población dentro del sistema que ya no aporta y que, por los mayores niveles en la expectativa de vida, genera un escenario de conflicto, fueron tratados durante la jornada.
“En 1895 había 27 personas mayores de 15 y menores de 65 por cada una mayor de 65. Hoy hay 6 trabajadores por cada pasivo. En el año 2100 se calcula que va a ser 2 a 1”, resumió a Clarín Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), organizadora del congreso.
Las actividades en el Hotel Pullman de Rosario, en el que las prepagas y clínicas plantearon un escenario complicado. Foto: Juan José García
En el auditorio Paraná del complejo City Center se reunieron para intercambiar expectativas y pesares los principales referentes del sector: representantes de hospitales, clínicas, obras sociales, prestadores encargados de atender al entre el 65 y el 70 por ciento de la población.
Allí pudieron escucharse críticas a la situación económica que generó un combo de “inflación más devaluación” que provoca que la “actividad sea inviable”, según la dura mirada de Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra ) y vicepresidente de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS). “El escenario post PASO nos dejó una situación incendiada, nos pegó el tiro de gracia”, planteó.
Desde 2011 hasta la fecha la cobertura médica aumentó 840 por ciento, de acuerdo a los datos aportados por Magonza. Pero marcó como contrapartida que en el mismo período los sueldos crecieron 900 por ciento, el costo de vida 1.025, el dólar 1.250 y el costo de salud 1.300.
“La cuota para empatar el costo de vida de 2018 tendría que aumentar el 50 por ciento. Nadie lo va a aprobar y no hay nadie que lo pague”, se sinceró el directivo de ACAMI.
Para compensar esa situación pidió medidas para trabajar en la “contención de costos, en la reducción de impuestos y en protocolizar el sistema de atención médica para que haya gastos innecesarios”, en especial con la llamada medicina “defensiva”.
“Es imposible ante este salto, este desajuste económico que se produjo, que puedan seguir trabajando con normalidad. Mi principal preocupación, en estos meses, es seguir dando prestaciones”, admitió Sergio Cassinotti, director del PAMI. “Cuando juntamos envejecimiento y financiamiento el cóctel se torna explosivo. Y van a seguir aumentando los costos de la salud”, advirtió.
Fontana sumó entre los problemas un “efecto cascada”, con parte de la población pasándose a “planes bajos” que generan una menor contribución de dinero, pero que no permiten reducir la inversión de los prestadores en discapacidad, imágenes y medicamentos, pilares en la atención de los pacientes.
“Los costos son inmanejables y la solución fácil de seguir aumentando la cuota es un remedio que está agotado. A la gente no se la puede seguir castigando”, indicó. Los disertantes se quejaron del descontrol que existe en el uso de los medicamentos de alto costo. “Es imperioso que el Gobierno se involucre con ese tema”, planteó el director de OSDE.
“Un tratamiento de cáncer diseminado está entre 300 y 500 mil pesos. Es imposible que con los recursos financieros que tenemos se puedan comprar, sin un tamiz de adecuada selección y priorización, estos elementos”, se quejó Roberto Villavicencio, director del Grupo Oroño. “El Estado tiene que asumir la compra centralizada de los medicamentos de alto costo, que ingresan con costos altísimos”, indicó Fontana.
Y visibilizó nuevamente un tema de debate de la jornada: la necesidad de crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que permita entre otras medidas controlar “a qué enfermedad y en qué estadío se debe indicar cada medicamento”, pero también la conveniencia de evaluar la conveniencia de estudios, procedimientos clínicos y quirúrgicos.
“De esto se sale con ajustes en la calidad. Y tiene que ver con despidos del persona, baja en la calidad de las drogas y de todos los insumos y también obviamente vamos a tener la tentación de bajar la calidad y el límite ético es no deteriorar la calidad médica”, explicó Cherro.
Detrás de ese panel disertó uno de los jefes de la CGT, Héctor Daer, que advirtió que la crisis del sector no se resuelve “ni mal atendiendo ni cerrando clínicas ni rajando compañeros”. Les pidió a todos que tengan paciencia, alentado por un hipotético triunfo de Alberto Fernández. “Vamos a poder tener una mesa donde todos podamos opinar y ver cuál es el camino de salida no sólo de nuestro sector sino del país”, prometió el sindicalista aprovechando el auditorio para colar algo de la campaña presidencial.
