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Tras varias idas y vueltas las empresas prepagas acordaron con el Gobierno el congelamiento de las cuotas por 90 días. La medida ya había sido anticipada la semana pasada por el ministro de Economía, Sergio Massa, pero hasta ayer desde el sector señalaban que no había sido oficializada.

“Las empresas de Medicina Prepaga acordaron mantener sin aumentos las cuotas por noventa (90) días para los grupos familiares con ingresos no superiores a $2 millones brutos mensuales y en la medida que declaren no poseer capacidad económica que les permita hacer frente a la cuota con el esquema de ajuste actual del índice de costos de salud”, indicó el sector a través de un comunicado de la Unión Argentina de Salud.

“Asimismo, las empresas de Medicina Prepaga señalan que la cuota del mes de septiembre ya fue facturada en la última quincena de agosto, con lo cual el acuerdo tiene vigencia a partir de septiembre”, se aclaró en el documento.

Quiénes podrán solicitar el congelamiento y cómo tramitarlo

“Los afiliados que quieran acceder al beneficio deberán declarar sus ingresos y que no cuentan con la capacidad económica financiera a través del aplicativo que ya está disponible en el sitio web institucional de la Superintendencia de Servicios de Salud”, agregaron desde el sector.

Por otro lado, en relación a los beneficiarios del congelamiento, la entidad aclaró que se considera que el grupo familiar no es poseedor de la capacidad económica evocada siempre y cuando el titular o sus afiliados no sean propietarios de dos o más inmuebles o sean dueños de tres o más vehículos, “excepto en los hogares donde exista al menos uno una conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Desde la Unión Argentina de Salud confirmaron a LA NACION que el congelamiento entrará en vigencia a partir de la facturación de septiembre a cobrarse en el mes de octubre hasta completarse los 90 días en diciembre.

Tal como se especificó en el comunicado, los usuarios de la medicina prepaga recibieron en estos días sus facturas del mes actual con incrementos del 7,18% o del 5,58%, ya que la medida entró en vigencia luego de la facturación de agosto.

“Nosotros facturamos siempre la última quincena del mes en curso para poder salir en tiempo y no solamente esto, sino que ya hay cuotas que fueron pagas, sobre todo lo que es débito automático con tarjeta y algunos medios digitales de pago. Eso ya está en curso, es decir, que lo que se logró con esto es consolidar el aumento de septiembre, que es el 7,18% del índice de costos de salud próximo pasado y el congelamiento va a operar a partir de desde octubre hasta diciembre”, detalló el Dr. Luis María Degrossi, vicepresidente tercero de la Unión Argentina de Salud y presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp).

La decisión de congelar los precios se dio en un contexto en el cual varias asociaciones de prestadores (clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico) habían emitido comunicados expresando su preocupación y sus advertencias por los efectos de la devaluación en el precio de los insumos y por las dificultades para acceder a los bienes importados.

Y en relación a ello Degrossi señaló: “Nuestro sector no está conforme con esta medida, porque sino sería borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Es una toma de decisión que nos afecta fundamentalmente en lo que es el financiamiento y en la posibilidad de trasladar recursos del sector financiador, es decir, de las entidades de medicina prepaga a los prestadores institucionales, como sanatorios, centros, o clínicas, que la están pasando también muy mal en virtud de los altos índices inflacionarios, y del aumento de insumos y medicamentos que están en dólares”.

“El sector suscribió este acuerdo porque son épocas difíciles las que estamos viviendo y realmente no queremos sumar más problemáticas a la situación actual. Se firmó con el objetivo de sumar y no restar”, concluyó al respecto.

La salud estaba en crisis desde antes que el país viviera su peor inflación después de los últimos casi 30 años, con índices de pobreza del 43,1% y de indigencia del 8,1% que crecieron entre el 53% y el 45% respectivamente desde 2014.

Ya sea técnico, auxiliar, enfermero o residente, el salario neto que recibe cualquier integrante del sistema de salud apenas sobrepasa la línea de pobreza.

Paradojas de la vida, el antiguo ideario de M’hijo el dotor después de 10 años de formación o incluso más, quedó pulverizado a tal punto que los jóvenes ya no quieren ejercer la profesión. Y si sus padres son médicos, desalientan seguir esta vocación. O bien, sucede que al recibir el preciado título, los graduados migran buscado mejores horizontes con solo cruzar las fronteras.

Hoy ese vacío de profesionales se ve en las guardias de pediatría, donde los puestos son imposibles de cubrir en su totalidad, y las residencias para formación de médicos de familia y médicos clínicos tienen cada vez menos postulantes.

Según una estadística presentada por el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, este año los cargos de Medicina clínica alcanzaron a cubrir vacantes en un 58,5 %. Apenas el 37,9% se cubrió en Medicina familiar y el 28.8%, en Pediatría.

La razón es que estos profesionales y otros, en los que se basa la atención primaria de la salud, son los peores remunerados del sistema, aun siendo la estructura angular de cualquier modelo sanitario eficiente y equitativo.

La Argentina, aun meca de la formación en Medicina, por su calidad y gratuidad, es para muchos estudiantes de países vecinos lugar de tránsito. Prueba de ello es que, al ingreso a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 40% de los postulantes que se presentaron es extranjero.

Entre prestaciones, valores y pacientes

Nuestro país nunca retribuyó correctamente a los integrantes de su sistema de salud. Cualquier prestación costaba, hasta 2020, entre el 25% y el 10% de los valores en EE.UU., con igual calidad, mejor acceso y mayor calidez por parte de los profesionales. Ahora, en 2023, inflación mediante y precios deprimidos, mejor no hacer ningún cálculo.

Todo es opinable, pero que una consulta médica de un especialista se abone entre 4 y 8 dólares, en el mejor de los casos, no necesita explicación. Eso tampoco justifica que las prepagas apunten turnos cada 10 minutos.

Nadie puede hacerse el desentendido, esto se viene anticipando desde hace décadas. No hay funcionario que no supiera que este sistema era inviable antes de la pandemia y que luego de ella está en terapia intensiva.

En los últimos 136 meses, desde la promulgación de la ley de Regulación, donde no solo se vulneraron los contratos entre partes, sino los más básicos principios de la economía y del sentido común, se cargó a los afiliados del sistema con el 100% del costo de salud, como así también el de los nuevos beneficiarios, que aún mayores y enfermos, se incorporaron bajo una pátina de solidaridad malentendida, ya que estos elevados costos no fueron asumidos por toda la sociedad, sino que fueron afrontados con los recursos del propio sistema, o sea sus aportes.

A esto, se sumaron más de 70 leyes que agregaron coberturas de tratamientos, generalmente innovadores y de alto precio y consiguientemente de comportamiento monopólico.

A las coberturas sociales, también se agregaron geriátricos, escuelas, deportes y traslados, que seguramente serán muy necesarios y justificados, pero que nada tienen que ver con asistencia médica y que hoy consumen prácticamente el 100% del fondo solidario que se constituye con aportes y contribuciones de los trabajadores para hacer frente a gastos catastróficos y ayudar a las entidades de la seguridad social con menos ingresos promedio.

En este periodo de 11 años y 6 meses, los Medicamentos de Alto Precio (MAP) se incrementaron 98 veces (un 9834%), el PMO (canasta de prestaciones de la seguridad social) se incrementó 73 veces (7275%), el ındice de precios nivel general (IPC NG) 69 veces (6854%), mientras los salarios de enfermería subieron 52 veces (5230%) y las cuotas de la medicina prepaga 47 veces (4665%).

No hace falta ser un economista para darse cuenta de que no habría ninguna posibilidad de subsistencia desde el momento en se empezaron a tomar todas las decisiones arbitrarias y muchas veces teñidas de ideología que nos trajeron al presente.

El Estado, con el accionar de sus distintos poderes, fue responsable de esta situación, de la que fue advertido innumerable cantidad de veces.

Hoy solo es necesario detener el deterioro y reconstruir sobre lo muy bueno que el sistema tiene. Al sistema de salud se le podrá pedir compromiso, excelencia académica, vocación de servicio, pero por ahora, ni magia ni milagros.

| Fuente: www.tn.com.ar

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Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), reaccionó en representación del sistema de medicina privada ante el mensaje de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien criticó el incremento de 13,8% otorgado a las cuotas de las prepagas en diciembre, que lleva a tener un aumento acumulado en el año de casi 114%, por encima de la inflación esperada del 100%.

“Desde la asunción de Alberto Fernández a la fecha, la actualización de las cuotas de medicina prepaga está por debajo de la inflación”, dijo el empresario, en diálogo con LA NACION.

Y explicó: “Desde enero 2020 a diciembre 2022, las cuotas van a haber aumentado 247,6%, mientras que la inflación proyectada, considerando 6% de inflación mensual en el último trimestre del año, da 306,5%”.

En números de “almacenero”, como describe Belocopitt, el sector perdió los primeros dos años de gobierno contra la inflación. El incremento otorgado en 2020 fue de 10% (autorizado en diciembre de ese año, luego de un año de pandemia), contra un índice de precios (IPC) de 36,1%. En 2021, el incremento en las cuotas fue de 47,8% y la inflación finalizó en 50,9%.

“La cuota de medicina prepaga está todavía muy por debajo de la inflación. Este 114% de aumentos que se autorizó este año contiene algunos incrementos que correspondían a los aumentos que no se quisieron dar en 2021″, dijo Belocopitt.

El tuit de la vicepresidenta se da en un contexto en el cual el sector está discutiendo una nueva paritaria para el año 2023. Para ello, las empresas están a la expectativa de que el Ministerio de Salud confirme si se seguirá implementando el año próximo el índice de costos de la salud, que diseñó en julio pasado, para actualizar las cuotas.

“El Gobierno no autoriza un aumento para diciembre, surge de un índice que el propio Gobierno determinó a mitad de año, cuando no quiso entrar en discusiones directas por los aumentos. Este índice de salud refleja los aumentos de los costos de los meses anteriores, que son cálculos que surgen de los incrementos ocurridos en salarios, medicamentos, insumos utilizados y el valor de los precios en general”, agregó Belocopitt.

En concreto, desde agosto pasado, el Ministerio de Salud implementó un mecanismo con parámetros preestablecidos para fijar incrementos de manera bimestral hasta fin de año. Bajo este índice, se otorgaron subas de 11,34% en agosto, 11,53% en octubre y habrá otro aumento de 13,8% en diciembre.

“El índice de salud da el aumento, no es un pedido de las empresas. Este incremento de diciembre surge de una evaluación de los costos que hizo el Gobierno. Acá no hay que enojarse con el cartero, cuando el problema es la inflación. El sistema de salud aumentó menos que la inflación y cualquier análisis técnico científico en el mundo demuestra que se requiere subir más, por las inversiones que se hacen en investigación, tecnología y equipamiento”, insistió Belocopitt.

El presidente de Swiss Medical advirtió que los ruidos internos pueden complicar las negociaciones por las paritarias 2023. “Necesitamos saber cómo se financia esta revisión para 2023 y por eso queremos saber cómo serán los aumentos. Todavía no sabemos si esta fórmula polinómica continúa en 2023 o no, para poder firmar la nueva paritaria”, explicó Belocopitt.

“La vicepresidenta no tiene por qué saber esta situación técnica, porque no se está haciendo absolutamente nada que no tenga sustento técnico, nada fuera de los marcos de la ley”, agregó.

Ante la pregunta de si el Gobierno podría dar marcha atrás con el incremento de 13,8% otorgado en diciembre, Belocopitt afirmó que “no, porque es violatorio de la ley y de lo que corresponde; legalmente no se puede”.

De hecho, el 31 de diciembre 2020, a pocas horas de que termine el año, el Gobierno publicó una edición vespertina del Boletín Oficial para anular una resolución que había oficializado en la mañana del mismo día. Sin consignar más motivo que la “expresa decisión del Sr. Presidente”, se dejó sin efecto la autorización dada a la medicina prepaga para subir las cuotas en febrero de 2021.

“En ese entonces, el sistema fue a la Justicia y hubo una medida cautelar que dejó firme los aumentos”, recordó Belocopitt.

“Ahora, el problema es la discusión de cómo darán los aumentos en 2023 y la firma de la paritaria, porque el gremio va a ir a paro, si no. El tema es saber cómo financiamos el sistema”, dijo el presidente de la Unión Argentina de Salud.

Hoy, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo en Twitter: “Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”

“Oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario”, agregó la expresidenta.