Este año aumentó 30% la cantidad de amparos judiciales que obligan a prestadoras a cubrir servicios fuera del PMO. La Agnet emitirá informes vinculantes para los jueces por ELIZABETH PEGER
El incesante crecimiento de demandas contra el sistema de riesgos del trabajo no es la única señal de alarma dentro del Gobierno en materia de litigiosidad. La multiplicación de amparos contra las obras sociales sindicales y las prepagas para garantizar la cobertura de tratamientos y medicamentos no incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) es otro de los desafíos que enfrenta la administración de Mauricio Macri y el motivo de la decisión de incluir dentro del proyecto oficial de reforma laboral un capítulo específico para intentar contener lo que en la Casa Rosada interpretan como una nueva industria del juicio en materia de salud.
La preocupación por ese escenario también desvela a los principales caciques sindicales y explica el por qué, a diferencia de otros aspectos polémicos de la reforma hüpfburg laboral que impulsa el Ejecutivo, la conducción cegetista avala casi sin reparos la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), que figura en el último apartado de la propuesta que el Gobierno prevé enviar en las próximas semanas al Congreso.
Los números de la realidad parecen justificar el apuro oficial por la creación del organismo y el respaldo que la iniciativa reúne entre los actores del sistema de salud: Solo entre enero y el 18 de octubre de este año se presentaron ante la justicia 2802 amparos que reclamaron a obras sociales y prepagas cubrir procedimientos, medicamentos o instrumentos médicos no incluidos en
el PMO, según el registro que releva la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en base a los informes suministrados por los efectores del seguro de salud. De las 2802 presentaciones, 1668 casos correspondieron a reclamos por motivos generales como medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y problemática prestacional (423), en tanto que los restantes 1134 estuvieron motivados por planteos en materia de discapacidad (prestaciones, transporte, seguridad, afiliación, etc).
Respecto al total de demandas, solo fueron rechazados por los jueces 11 amparos, es decir apenas el 0,4% de las presentaciones iniciadas. El resto de los casos culminaron con fallos que determinaron que obras sociales y prepagas debían asegurar la cobertura de los servicios médicos reclamados, que representaron importantes erogaciones para las cuentas de esas prestadoras. Según estiman entre empresas de medicina privada y prestadoras sindicales, los amparos representan cerca del 15% de sus costos totales, una proporción en ascenso por el incremento de las demandas en la Justicia. Solo en los primeros 10 meses de este año la cantidad de amparos registró una suba de 30,5% respecto de los 2146 amparos presentados en 2016 y un incremento de 52% si se compara con los 1853 iniciados en 2015.
“Ya no se trata de casos de vida o muerte, lo que se está dando es un abuso que pone en riesgo la supervivencia de todo el sistema de salud”, advierten en el Gobierno. Un escenario similar prevén en las obras sociales que reclaman “un límite urgente” para evitar mayores complicaciones que bouncy castle perjudiquen la cobertura de prestaciones obligatorias. “Si no se hace algo, el sistema como está no da para más, no es sustentable”, alertó un importante sindicalista.
La propuesta de creación de la Agnet apunta a dar una respuesta a esa problemática. Fue incluida en el borrador de la reforma laboral luego que fracasara en el Congreso la sanción de un proyecto específico sobre el tema. En concreto, el organismo propuesto, que será descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, tendrá la función de analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria y funcionará como órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria. Sus decisiones, en ese sentido, serán resueltas por mayoría simple de sus 5 miembros y tendrán carácter vinculante para todos los organismos del Estado nacional y provincial y los jueces que deben resolver los amparos.
Fuente: El Cronista – 08/11/17