La comitiva expuso sobre el proceso de reforma sanitaria planteada por la Ley Nacional 26.657 que establece la sustitución de los hospitales psiquiátricos por una red de atención con base en la comunidad que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con padecimientos mentales.
Funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Salud de Salud y de los ministerios nacionales de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de Relaciones Exteriores y Culto ratificaron el compromiso del Estado Nacional de avanzar en el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y promover políticas públicas tendientes a la inclusión de las personas con padecimientos mentales, durante la 171° Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolló en Bolivia.
La presentación se dio en el marco de una audiencia solicitada a la CIDH por organizaciones civiles argentinas en virtud de exponer la situación vivida por las personas que se encuentran internadas en los hospitales monovalentes en el país y para que el Estado nacional diera cuenta de las acciones tendientes a garantizar sus derechos.
La Secretaría de Gobierno de Salud fue representada por el titular de la Dirección Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, mientras que por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación estuvieron presentes Brian Schapira, subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos; Ramiro Badía, director Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos; y Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La comitiva argentina expuso acerca del proceso de reforma sanitaria planteada por la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental que establece, entre otros puntos relevantes, la sustitución de los hospitales psiquiátricos por una red de atención con base en la comunidad que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con padecimientos mentales.
En ese sentido, Grasso reafirmó el liderazgo de la Secretaría de Gobierno de Salud y sostuvo que “hay una decisión política de no modificar la ley nacional de salud mental ni su decreto reglamentario. La decisión política es la de profundizar los procesos para el cumplimiento efectivo de la ley. Nuestro objetivo final es reformar el modelo de abordaje, generar y profundizar la red de atención integral, interdisciplinaria e intersectorial que garanticen los cuidados de las personas con padecimientos mentales”.
Durante la presentación, el funcionario nacional destacó la implementación del 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, ya que brindará información que para avanzar en “la generación de planes de adecuación de cada uno de los hospitales monovalentes así como el desarrollo de dispositivos en red que sean sustitutivos del modelo manicomial”.
También se destacó la implementación de los Equipos de Abordaje Psicosocial (EAPS) en el marco de la estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, cuyo objetivo es fortalecer el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención. Estas unidades de trabajo acompañan y complementan a los equipos de salud de todo el territorio nacional con el fin de trabajar las problemáticas de salud mental prevalentes en la población y permitiendo su detección temprana.
La creación de los primeros 50 EAPS se suma a las capacitaciones destinadas a los trabajadores de salud no especializados de todo el país, implementada junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y desarrolladas través de la Guía mgGAP de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada. A partir de esta iniciativa se busca disminuir la brecha de atención al posibilitar que el abordaje de la salud mental esté presente en todos los niveles.
En otro pasaje de la audiencia, la comitiva nacional explicó los avances de los planes de trabajo implementados en conjunto con las provincias, comentó la elaboración de las pautas y documentos técnicos para los dispositivos de la red. Además explicó el funcionamiento del convenio internacional con la ciudad de Trieste, Italia, denominado “Por un país sin manicomios”, mediante el cual se están implementando reformas integrales en La Rioja y en Entre Ríos.
Por último, Grasso acordó con el diagnóstico de las organizaciones sociales argentinas peticionarias de la audiencia, en tanto que no se trata sólo de externar pacientes o de cerrar manicomios, sino “de abrir, de crear esa red integrada e integral que de cuenta de lo que cada una de esas personas requiere para garantizar su continuidad de cuidados, y esto lo estamos haciendo en conjunto con las jurisdicciones que son las que tienen a cargo esos hospitales monovalentes. Es un problema histórico y complejo, que requiere del compromiso y la decisión sostenidos en el tiempo. Estamos trabajando para que Argentina sea definitivamente un país sin manicomios”.
