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Un informe económico anual de 2022, titulado “La construcción de un verdadero sistema de salud argentino”, analizó la “desorganización” que se padece en la Argentina dentro de la “crisis laboral y económica” nacional y propone una serie de “lineamientos de políticas públicas”.
El escrito fue realizado por Adecra+Cedim, la cámara nacional que nuclea a más de 420 instituciones de salud privada entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio y señaló que en la Argentina, el empleo asalariado privado está estancado en seis millones de personas desde 2012 y, desde entonces, el PBI no creció, mientras la población sigue aumentando. Además, indicó que con un sector público de la salud más ordenado, los prestadores privados podrían trabajar coordinadamente en esquemas de articulación público-privada.
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“La Argentina está sumergida en una severa crisis laboral de carácter estructural”, afirma el estudio encabezado por Jorge Colina, asesor económico de la cámara. De acuerdo con un gráfico elaborado por el Instituto Idesa, que mide la evolución de 2012 a 2022 de la situación laboral de las personas mayores de 20 años en la Argentina, de 12 millones de trabajadores registrados, sólo la mitad es asalariada en el sector privado, que es la que más aporta al financiamiento de la seguridad social.
Además, el informe indicó que el empleo en relación de dependencia del sector público y el monotributo crecieron, pero no constituyen una fuente de financiamiento genuino, mientras que lo que también subió es el indicador de los adultos mayores de 65 años, “producto del proceso de envejecimiento”, y el desempleo informal. “Si el PBI no crece, pero la población sí, hay cada vez más bocas que alimentar con la misma cantidad de panes”, resumió Colina.
Congreso de Salud
Como parte de las salidas para ordenar el sistema, desde Adecra+Cedim plantearon que resulta fundamental una modernización integral de la legislación laboral argentina y opinaron que, sobre la base de un sector público de la salud más ordenado, los prestadores privados podrían trabajar coordinadamente en esquemas de articulación público-privada con los sectores públicos provinciales y municipales.
Este último punto en particular será tratado en uno de los paneles del V Congreso de Salud, el evento que organizará la entidad el 23 y 24 de agosto en Pilar, donde debatirán más de 30 referentes del management empresarial del sector, de la política argentina y otros analistas del área, nacionales e internacionales.
En tanto, indicaron que algunas de las mayores “desorganizaciones” del sistema de salud son la inconsistencia financiera, las malas regulaciones y el solapamiento de intervenciones nacionales en funciones provinciales y municipales. En el estudio, se destacó que la población con derivación de aporte se mantendrá, pero no se proyecta que crezca significativamente, mientras que indicó que el sector salud no debe esperar a que vengan más recursos por el lado del salario privado.
En cuanto a los recursos de las obras sociales provinciales, estimaron que no van a crecer considerablemente y advirtieron que habrá cada vez más gente que atender con recursos públicos provinciales limitados, que no crecerán en consonancia con lo que está aumentando la demanda de la población sin cobertura médica o con cobertura desfinanciada que se atiende en el hospital público.
Además, explicaron de qué manera se ponen en juego la diversificación, complejización y tecnificación de la medicina. “Las residencias médicas en clínica y pediatría quedan sin cubrirse, pero las de especialidades se llenan, las cesáreas se imponen frente a los partos naturales para hacer rendir más los recursos y los honorarios médicos y aranceles hospitalarios bajos hacen del volumen un recurso vital para sobrevivir, pero los financiadores presionan a la baja estos honorarios”, ejemplificaron.
Promoción y prevención de la salud y atención médica
El informe también sostuvo que, según la Constitución Nacional, la promoción y prevención de la salud son responsabilidad exclusiva de las provincias y los municipios, pero el ministerio de Salud y otras carteras nacionales desarrollan programas de promoción, que son limitados y sin criterio explícito, lo que produce confusión de roles y descoordinación de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.
La “desestructuración” viene también de la “inconsistencia financiera” y la “asignación ineficiente de los recursos”. Adecra+Cedim explicó que hay personas con el Programa Médico Obligatorio (PMO) “sobrefinanciado” y otras “subfinanciado”, mientras que dijo que, por la mala regulación “hay mucha doble cobertura”.
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Indicó, además, que las obras sociales provinciales cubren al 10% de los adultos con el 1% del PBI, mientras las nacionales abarcan al 30% de los adultos con el 1,5% del PBI. Lo que las provincias asignan al financiamiento público no es poco, pero se gestiona centralizadamente y sin padrones de gente sin cobertura.
Por otra parte, la realidad del PAMI es que cubre a un sector de la población que crece cada vez más, pero siempre con “la misma regla de financiamiento”. Según se detalló en el escrito, el 11% de la población tiene más de 65 años, la tecnificación de la práctica médica se masificó y, en la última década, la irrupción de los medicamentos biológicos puso en estrés financiero a los sistemas de salud de todo el mundo.
La situación particular de los prestadores médicos
Otra de las distorsiones del sistema está dada por la “diferencia en la agenda de políticas públicas” de los centros de salud en función de la provincia en la que estén radicados. Desde la entidad, explicaron que las instituciones privadas de la Ciudad de Buenos Aires tienen casi como tema monopólico de agenda la relación con las prepagas, al tiempo que en el resto de las provincias (exceptuando al Conurbano, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza) las organizaciones privadas se enfocan centralmente en la obra social provincial y PAMI.
Por otro lado, en la medicina privada hay una “puja distributiva al interior de los prestadores médicos por el cambio tecnológico” y aclararon que la práctica médica hoy se basa fundamentalmente en las especialidades, las nuevas tecnologías alrededor de la cama hospitalaria y la acelerada innovación en medicamentos, en detrimento de la “cultura de la práctica médica liderada por el médico clínico y pediátrico”.
También, puntualizaron que los prestadores de salud privada están “sofocados por bajos honorarios y aranceles” y la necesidad de sostener financieramente una estructura médica tecnológica muy costosa. Además, responden con eficiencia a la restricción de recursos, pero son el último eslabón de la cadena de producción de atención médica, la que más sufre esa falta de recursos al tener a su cargo al paciente.
La importancia de plantear una modernización integral de la legislación laboral argentina
Al final del informe, la institución propuso una serie de lineamientos para ordenar el sistema de salud, sobre la condición de base de una economía con crecimiento sostenido. Para eso, opinó que se requiere “modernizar integralmente” la legislación laboral en nuestro país y enumeraron algunas medidas. Entre ellas, se encuentran:
- Establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales de ANSES y PAMI.
- Habilitar a las pymes a negociar convenios colectivos a nivel de empresas para adaptar las condiciones laborales a la productividad de la firma.
- Eliminar la multiplicación de la indemnización por despido.
- Ordenar el sector público dentro del sistema de salud argentino.
En tanto, resaltaron la importancia de que se puedan crear dos agencias: una de medición de resultados y otra de financiamiento de medicamentos biológicos para toda la población y del gasto en medicamento de los jubilados. También sugirieron que el ministerio de Salud nacional debería convertirse en una agencia nacional de medición de los resultados sanitarios alcanzados por las provincias y municipios.
Por otro lado, sostuvieron que PAMI tendría que provincializarse, transfiriendo los afiliados a los ministerios de Salud provinciales, con un financiamiento equivalente a la totalidad de los ingresos per cápita de esta obra social, menos el gasto de medicamentos. Ese gasto, añadieron, “debería quedar cubierto por una agencia nacional especializada que negocie centralizadamente con la industria del medicamento”.
| Fuente: www.tn.com.ar
