La jueza federal a cargo del caso le envió una nota a la Superintendencia de Servicios de Salud para que especifique si hubo alguna modificación ya que la resolución que se dictó es similar al reclamo judicial

Por Martín Angulo

El gobierno ordenó que las empresas de medicina privada retrotraigan sus precios (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira le pidió al gobierno nacional de Javier Milei una aclaración sobre el amparo que presentó contra las empresas de medicina prepaga para que se les ordene retrotraer sus aumentos a diciembre pasado y devuelvan a los usuarios el excedente cobrado. Concretamente la magistrada solicitó que se especifique “si las pretensiones ejercidas en esta causa se ven modificadas en modo alguno” por la resolución que emitió la Secretaría de Industria y Comercio en la que ya ordenó volver atrás con los informes.

Así lo dispuso la jueza en la primera medida que tomó ayer en la causa judicial que inició la Superintendencia de Servicios de Salud contra las prepagas. La magistrada, en su resolución a la que accedió Infobae, aclaró que el pedido es “sin perjuicio de lo que se decida en torno a la competencia del tribunal”. Es decir que Maquieira debe resolver si acepta tramitar la causa o entiende que le corresponde a otro tribunal.

El gobierno nacional dictó el miércoles pasado la resolución 1/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo, por la cual dispuso una medida de tutela anticipada en la que le ordenó a empresas de medicinas privadas un reajuste en el valor de las cuotas de los planes de salud al monto de diciembre pasado y que los incrementos debían fijarse según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El motivo fue que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia entendió que hubo una cartelización de las empresas luego que los precios del mercado fueron liberados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que el gobierno dictó en diciembre pasado.

El mismo día inició una causa en la justicia federal. Se trata de un amparo contra 16 empresas de medicina prepaga -las más importantes del mercado como OMINT, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Sancor, entre otras. Según el gobierno se trata de las empresas que tienen el 91,19% de los clientes de la salud privada. El amparo luego fue ampliado contra otros empresas.

Allí la Superintendencia de Servicios de Salud reclamó una medida cautelar para que “con carácter de urgente” se les ordene que dejen sin efecto “en forma definitiva los aumentos desmedidos en las cuotas” y que “solo se permita un eventual incremento” según un índice que establezca el tribunal.

El gobierno de Javier Milei también inició una causa judicial (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El gobierno también pidió en su amparo que la justicia dicte otra medida cautelar para que las compañías no hagan más aumentos, que retrotraigan sus cuotas a los valores de diciembre y que se les ordene “la devolución y/o reintegro de las sumas que han sido indebidamente percibidas por éstas a la fecha”. La presentación delega en el Poder Judicial la forma en la que debe darse esa devolución.

El amparo quedó radicado en el juzgado en lo civil y comercial federal 9, a cargo de Maquieira. La jueza dictó ayer la primera resolución en la causa en la que solicitó la aclaración.

“Atendiendo al tenor de lo resuelto el día 17.04.2024 por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía mediante Res. 1/2024 y toda vez que algunas de las empresas aquí demandadas se han visto alcanzadas por lo allí decidido, aclare el presentante si las pretensiones ejercidas en esta causa se ven modificadas en modo alguno, tanto en lo que hace a su objeto como a sus destinatarios, y en su caso ajuste los términos de la demanda”, reclamó la magistrada. Es que tanto la resolución del gobierno como el amparo tienen alcances similares y con el primero ya se ordenó lo que se le está reclamando a la justicia.

El pedido al gobierno es sin plazos y Maquieira aclaró que todavía debe resolver la competencia del tribunal, es decir si acepta tomar el caso.

| Fuente: www.infobae.com

El sistema de salud argentino se ha desarrollado bajo un modelo imperfecto, no planificado y seguramente inequitativo. Aun así, es uno de los que combinaba mayor cobertura, calidad y acceso del mundo. Se trata de una ecuación virtuosa, pero insostenible. Lamentablemente, la sucesiva intervención del Estado en los últimos casi 26 años, ha minado su potencial, desalentando tanto la inversión como las vocaciones.

Este proceso fue lento pero inexorable. Cientos de leyes, decretos, resoluciones y fallos judiciales lograron que profesionales calificados abandonen las carteras de obras sociales y prepagas y que la gente no pueda pagar de su bolsillo por una cobertura a la que ya tenía derecho y, finalmente, que las instituciones vivan una situación de fragilidad, tan inexplicable como injusta.

Es necesario exponer algunos datos a la luz del DNU 70/2023, los decretos 170, 171 y 172/2024 y la modificatoria de los decretos 504/1998 y 576/1993.

Para entender cómo llegamos hasta aquí hace falta reparar en estos indicadores:

• Desde el 1° de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2023, la Canasta Básica Alimentaria aumentó, según el Indec, 37.837%. La luz, según el ENRE, 32.482%; los medicamentos, 19.599%; la nafta súper, 11.352%, y el salario de enfermera/o de piso, 9994%. Las cuotas de las prepagas aumentaron 7945%, según los incrementos aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
• Desde el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023 (periodo que incluye la pandemia del Covid), los medicamentos aumentaron 1750%; la Canasta Básica Alimentaria, 1444%; la nafta súper, 937%; el salario de enfermera/o de piso, 875%, y la luz, 828%. Las cuotas de las prepagas aumentaron 667%.
• Desde el 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre del 2023, tomando el IPC Salud del Indec, el incremento de precios a nivel nacional arroja en el ítem Salud, un incremento total de 227%. En medicamentos y aparatos médicos, el aumento fue de 275%. Y las cuotas de las prepagas subieron 133 %

Hasta el 31 de diciembre hubo fijación unilateral del precio de las cuotas de la medicina prepaga. A partir del año 2024 son promedios/estimaciones porque cada entidad ajusta según sus cálculos y necesidades. Veamos los indicadores desde el 1° de enero de 2024:

• La inflación de diciembre de 2023 fue del 25,50% y la cuota de prepagas se ajustó en enero de 2024 un 35,3% en promedio. La diferencia contra la inflación fue del 9,8%.
• La inflación de enero de 2024 fue de 20,6% y la cuota de prepagas se ajustó en febrero un 24,9% en promedio. La diferencia contra la inflación fue del 4,3%.
• La inflación de febrero de 2024 fue del 13,2% y la cuota de prepagas se ajustó en marzo un 20%. La diferencia contra la inflación fue del 6,8%.
• La inflación de marzo de 2024 fue del 13,5% y la cuota de prepagas se ajustó en abril un 17% en promedio. La diferencia contra la inflación fue del 3,5%.

El recupero de la cuota sobre la inflación, desde el 1° de enero de 2024, fue del 24,4%.

Desde la regulación de la medicina privada, la diferencia entre el costo de vida y el incremento de las cuotas al 31 de diciembre de 2023 fue del 80%. Entre el costo de los medicamentos y la cuota al 31 de diciembre de 2023, la diferencia fue del 147%. Y entre el costo de salud (estimado) y la cuota al 31 de diciembre de 2023, la diferencia fue del 154%.

Comentarios y reflexiones

● Los medicamentos e insumos médicos tienen una carga tributaria del 34%, dentro de la cuota pagamos los impuestos de los bienes que deberíamos tener acceso sin cargo por los derechos emanados por la Constitución Nacional.

● Hoy el sistema de salud está en estado crítico por no decir terminal y pretender resolverlo, solamente, con incrementos de cuotas o incrementar aportes de los trabajadores formales es un error gravísimo, la única opción es trabajar sobre los costos ineficientes, la burocracia, la inequidad y el abuso. Abuso y corrupción son las consecuencias de un marco normativo lábil y una actividad, hasta ahora, sin genuina rectoría. Aun así, y después de todos los esfuerzos, los costos seguirán subiendo.

● Recordemos que el fondo tiene un componente solidario y debe destinar recursos para asistir a las obras sociales cuya cuota promedio no les alcanza para afrontar el PMO (literalmente cualquiera podría acceder bajo las condiciones actuales).

● El Gobierno es el recaudador y hay múltiples experiencias de rémora en los traslados a los aportes. Existe una confusión cuando se dice que el Gobierno asistió a las obras sociales, cuando lo que hizo fue girarles los fondos que les tenía retenidos.

● Hoy el fondo se consume en discapacidad social en un 90% (colegios, transporte y hogares para adultos mayores), un gasto incontrolable y que nunca debería haber afrontado el sistema de salud.

● Respecto de la cuota, si bien libera los aumentos de precios dice que estos deben ser “de igual proporción” para todos los afiliados. Interpretando el pensamiento del redactor, suponemos que está tratando que no se realicen incrementos a medida de un afiliado, lo cual es correcto, pero las entidades tienen diversos planes, totales, parciales, gerenciados, con copagos, cerrados, con reintegro y el comportamiento de sus costos varía según su modalidad.

Por ejemplo: un afiliado con plan cerrado, médico de cabecera, cartilla cerrada y copagos deberá según la norma recibir un aumento igual al de un afiliado de un plan abierto con reintegro y acceso irrestricto a los especialistas. Esta medida, además de ser incorrecta, será una fuente de inequidad (si no se corrige) o conflictos.

● Hay un desconcepto de base que es llamar a las entidades “agente del seguro de salud”. Nada más lejos que un seguro; si fuera un seguro, en principio, tendría límites. La Superintendencia de Seguros, vela porque nadie ofrezca un producto a pérdida ya que desfinancia al sistema y no se podrán afrontar los siniestros. El producto “Seguro” se ofrece para cubrir una necesidad específica del cliente, se plasma en una póliza y ese es un contrato inviolable (o parecido). Las entidades que ofrecen cobertura de salud son, en principio, servicios y de carácter solidario.

● Hay que evitar las normas que favorecen la concentración. Perjudican a las entidades privadas de salud, especialmente a las pequeñas y medianas, dañando también al sistema prestador, ya que la escasez de fondos deriva en la mayor concentración del mercado, perjudicando a los eslabones más débiles de la cadena.

● Sin una política nacional de salud, con una visión integral, basada en costo eficiencia y costo beneficio social, equitativa, solidaria, sustentable y estructurada en un modelo jurídico sólido, no hay futuro.

● En este momento hay estudios jurídicos que cobran 100.000 pesos por persona para iniciar una demanda colectiva por incremento de los valores de las cuotas, y abogados que tienen tarifado en 1 millón de pesos (500 y 500) para el inicio de cautelares por reclamo de cobertura. Estamos ante una proliferación de la industria del juicio, con un gran beneficio para los estudios de abogados. Normas jurídicas profusas y endebles, de neto corte voluntarista y mala redacción, son el mejor caldo en donde se cultivó una crisis sectorial de la que no se tiene precedentes ni de la que se percibe su fondo.

Se debe reforzar el concepto de libertad de precios para las coberturas médicas privadas, con un marco normativo que evite la inseguridad jurídica y le dé al afiliado un marco de previsibilidad. Hoy el sistema de salud prestador y financiador colapsaría de retrotraerse el DNU 70. Por otra parte, hay mucho para hacer en pos de un mejor sistema:

• Definir un plan de cobertura integral en forma taxativa, basada en un modelo de atención primaria de la salud.
• Transferir la cobertura de las prestaciones de discapacidad, como colegios, traslados y asistencia al adulto mayor, como geriátricos y asistentes al ámbito de Desarrollo Social.
• Crear una agencia de evaluación de tecnología para definir las prestaciones y productos sobre los cuales otorgar cobertura.
• Crear un fondo nacional para la atención de las prestaciones de alto precio/costo para todos los habitantes, que establezca un modelo de compra y contratación centralizado y con controles de calidad.
• Que los trabajadores de casas particulares reciban un aporte del empleador o, en el caso del monotributista, de su propio bolsillo, complementario hasta llegar a la cuota promedio del sistema de las obras sociales. Como está la situación actual, estos reciben un subsidio de los trabajadores formalizados.

Al querer otorgar cobertura formal a monotributistas, con un aporte al sistema de la seguridad social exiguo, donde la persona con solo incorporarse al sistema, trabaje o no, obtiene la cobertura de una obra social, genera un proceso de afiliación adversa, donde la gente por una mínima cuota mensual y en algunos casos, luego de habérsele diagnosticado una enfermedad, se incorporan al sistema para que los que aportaron durante décadas los subsidien.

El Estado vuelve a hacer acción solidaria con plata ajena, no ya con la de los impuestos recaudados sino con los recursos propios de una población que aportó por obligación, tal es el caso de las obras sociales, o en forma voluntaria, como los afiliados de la medicina prepaga. Al igual que con las leyes 24.754 y 26.682, las que desde su puesta en vigencia obligaron a los afiliados de la medicina prepaga a financiar prestaciones que nunca estuvieron incluidas en sus planes, luego incorporar a mayores y enfermos y finalmente regularon los precios muy por debajo de los costos.

Este modelo tiene gran similitud con el del sistema jubilatorio: arcas vaciadas, fondos orientados a destinos distintos que para los cuales fueron concebidos, AFJP nacionalizadas, fórmulas de ajuste expoliatorias, un Estado apelando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación los juicios ganados por los jubilados, donde muchas personas penaron y perdieron la vida a lo largo de este camino. Como si esto no fuera suficiente, incorporaron al sistema jubilatorio a más de 3 millones de personas que nunca habían aportado, con un modelo grotesco de justicia distributiva.

Si queremos como país tener una actitud solidaria con los adultos mayores que nunca aportaron al sistema, aprobemos una ley de pensiones no contributivas con un régimen de montos y ajustes que esté determinado por el presupuesto nacional y los recursos que el país le pueda destinar.

Por otra parte, las jubilaciones de privilegio no son solo las de funcionarios y legisladores, también coexisten un gran número de regímenes especiales que generan un modelo tanto discriminatorio como injusto.

En los últimos 70 años, por no decir más, se ha cometido un genocidio con los adultos mayores. Finalmente, luego de décadas de aportes al sistema de salud y jubilatorio, cuando más necesitan de una seguridad económica y el cuidado de su salud están abandonados a su suerte, no habiendo peor combinación que la de pobre y enfermo.

Otras medidas que ayudarían a mejorar el sistema:

• Aprobar la creación de planes parciales, sin restricciones, permitiendo la complementación de los sistemas público, privado y de la seguridad social, reduciendo enormemente el pago de bolsillo de las personas.
• Reducir la carga impositiva de bienes y servicios destinados a la salud. Ingresos Brutos, IVA, cargas laborales son gravámenes que se suman al costo prestacional que luego debe pagar la sociedad.
• Reglamentar las acciones de clase a grupos de personas que otorgan fehacientemente su representación a una ONG y derogar el beneficio de litigar sin gastos.
• Legislar sin lugar a dudas que es una relación profesional, como es el caso de los contratos de locación de servicios, para evitar los juicios por relación laboral encubierta, protegiendo a los trabajadores y evitando los abusos. Trabajo remunerado por prestación (en sus diversas modalidades), de un profesional que emite recibo en legal forma no es relación laboral. Por otra parte, reducir los plazos del reclamo a 2 años.
• Instrumentar la historia clínica electrónica universal e interoperable.
• Implementar la receta electrónica y extendida para tratamientos prolongados para pacientes crónicos.

Aplicando algunas de estas medidas podremos detener el deterioro al que llegó el sistema de salud, a la espera de un plan nacional que, como política de Estado, devuelva a la salud argentina al lugar que tuvo y nunca debió abandonar.