Las entidades de medicina prepaga nucleadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra comunicaron que le pedirán a una audiencia al ministro de Economía, Luis Caputo, “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.
En el escrito, difundido luego que el funcionario señaló, en un posteo en la red social X (exTwitter), que a las prepagas “le están declarando la guerra a la clase media” (en referencia a las subas de cuotas, que están permitidas libremente desde enero por decisión del Gobierno), los representantes de las empresas advirtieron que la situación es de “extrema gravedad” y señalaron que “pretenden no polemizar a través de los medios sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al Gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado”.
Caputo comenzó a hacer declaraciones contra los incrementos de las cuotas el viernes último. “Se les recontra fue la mano”, dijo entonces, en una entrevista dada al canal de noticias TN. En su posteo de este lunes en X afirmó: “Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. Por ahora, sin embargo, no hay ninguna disposición concreta del Gobierno que tienda a frenar el encarecimiento de los planes de salud.
“Somos conscientes y nos preocupa el aumento de las cuotas, porque valoramos a los argentinos que han optado por este sistema y es nuestra pretensión hacer todo lo posible para que continúen haciéndolo”, señala el comunicado de las cámaras empresarias. Agrega que las prepagas no son formadoras de precios y que la inflación “cruza transversalmente todos nuestros costos”.
En los primeros cuatro meses del año los precios de los planes de salud se incrementaron entre un 135% y un 165% aproximadamente, según el caso. Para mayo, en tanto, algunas entidades comenzaron a comunicar en estos días que aplicarán subas cercanas al 10%.
Todos esos aumentos fueron posibles porque el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, emitido por el presidente Javier Milei a pocos días de asumir, liberó totalmente los precios. Hasta diciembre de 2023 las cuotas solo podían subir hasta un porcentaje dispuesto por la Superintendencia de Servicios de Salud, que estaba basado en la variación de un índice de costos específico.
La regulación vigente hasta la asunción del actual gobierno habilitó un incremento acumulado de 137% para todo 2023, un período en el que la inflación fue de 211,4%. Durante el año pasado, además, se fueron intensificando los problemas en la calidad de las prestaciones que sufren los afiliados y que se evidencian en hechos como la salida de médicos de las cartillas, el cobro de copagos o bonos contribución no previstos en los contratos por parte de algunos prestadores, las demoras para conseguir turnos y el congelamiento de los montos de reintegros.
Ese retraso de las cuotas frente al nivel del aumento generalizado de precios fue uno de los argumentos expresados por referentes del sector cuando, en diciembre mismo, las entidades comenzaron a comunicar a sus afiliados que aplicarían subas de 40% en enero.
A ese fuerte incremento que efectivamente se cobró en el primer mes del año, se sumó otro de alrededor de 29% en febrero. Luego, hubo diferentes reajustes en marzo, que llegaron hasta el 23% en varios casos, y otro incremento en el actual mes de abril, que ronda entre el 15% y el 19%, en promedio.
Según las entidades, ese nivel de subas, ubicado muy por arriba de la inflación, fue y es necesario para reajustar los ingresos frente las subas de costos. Los directivos hacen hincapié en que en los últimos años el esquema de regulación dejó las cuotas retrasadas frente al encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la atención de la salud. Y hay cuestiones, como las subas de combustibles y de las tarifas de la electricidad, que suman un impacto significativo, especialmente en los últimos meses.
De acuerdo con un informe periódico hecho por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entre enero de 2012 y febrero de este año las cuotas de las prepagas subieron un 13.326%, mientras que los medicamentos se incrementaron un 26.476%, el índice general de precios al consumidor avanzó un 19.362%, el dólar oficial, un 19.364%, y los salarios del convenio de la sanidad, un 12.823%. Además, el directivo estimó que desde 2012 la nafta súper subió un 15.306% (2012 se toma como referencia para el punto de partida, porque fue el primer año completo en el que rigió la ley de regulación del sector, aprobada en 2011).
La decisión del Gobierno, que se formalizó con lo dispuesto mediante el DNU ideado por Federico Sturzenegger y firmado por todo el gabinete, implicó una liberación total de los precios, sin gradualismos y sin topes. La reacción del ministro de Economía llega cuando ya se aplicaron incrementos, al amparo de esa desregulación establecida por el Poder Ejecutivo, durante cuatro meses. Y no se contempla, por ahora, ninguna medida.
Si bien Caputo señaló el viernes último que “tuvimos una reunión por este tema de las prepagas”, fuentes de las empresas señalaron que no hubo en los últimos días un encuentro con funcionarios del cual haya participado el sector de manera institucional.
Entre los directivos de la actividad hay quienes interpretan que la reacción del ministro Caputo surge ahora a causa del impacto negativo que tienen en la opinión pública las subas libres de los precios; el tema suele ser tendencia en redes sociales cada vez que los usuarios reciben notificaciones sobre los incrementos (eso ocurre todos los meses).
“Estamos seguros de que con un diálogo responsable y transparente se podrá llegar a acuerdos que contemplen la necesidad de todos los actores. El sector está dispuesto a acompañar -dentro de las reales posibilidades- los esfuerzos del gobierno por resolver los problemas de fondo de nuestro país”, expresa el comunicado de las cámaras del sector.
Los aumentos impactaron con mayor fuerza entre los jubilados, que tuvieron sus ingresos congelados en enero y febrero (en esos dos meses percibieron lo mismo que en diciembre, pese a que la inflación del bimestre fue de 36,6%), por lo que el peso de la cuota de las prepagas, para quienes tienen un plan contratado, se hizo mucho más significativo, medido como porcentaje de los haberes previsionales percibidos. Hubo, de hecho, varias medidas cautelares a favor de jubilados que reclamaron en la Justicia contra los aumentos.
El reajuste acumulado en lo que va del año fue, en algunos casos, bastante mayor en comparación con el que marca el promedio general. Uno de esos casos es el de quienes tuvieron las cuotas congeladas entre octubre y diciembre de 2023, si es que las prepagas a las que están afiliados incorporaron a los precios de este año las alzas autorizadas en aquel período (que sí les habían aplicado en su momento a quienes no cumplían los requisitos para el congelamiento, o no hicieron la declaración jurada requerida). Otro caso en el que se experimentó un golpe mayor para el bolsillo es el de quienes derivan al pago de parte de la cuota un aporte obligatorio que se mantuvo sin cambios; por ejemplo, los jubilados que, a través una obra social, derivan el aporte previsto para el PAMI -en rigor, un monto fijo, no igual a lo que se descuenta del haber- a cubrir algo del costo de su prepaga. Si esos montos no se movieron, entonces impactan en un porcentaje más bajo del valor total de la cuota.
En enero, cuando las prepagas estaban enviando las facturas con aumentos del 40% respecto de los valores de diciembre, un grupo de dirigentes de la Coalición Cívica presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia un pedido de investigación por una posible cartelización. Según fuentes de esa dependencia estatal, el caso está ahora “en plena instrucción, siguiendo los pasos procesales que marca la ley”.
| Fuente: www.lanacion.com
