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El nuevo Reglamento de Residencias Médicas y sus implicancias en el ámbito privado.

En un momento en que todo el sistema de salud está en revisión junto a otros sectores cruciales de la vida nacional, el sistema de Residencias Médicas no podía estar ajeno a las posibilidades de cambio.

Previo a la estructuración de las mismas, la formación de postgrado se realizaba mediante la concurrencia a las instituciones de salud para adquirir conocimientos y destrezas en las distintas ramas de la medicina, sin una organización uniforme y preestablecida. Recién a partir de la mitad del siglo pasado comenzó un proceso de sistematización que en su evolución va llegando hasta nuestros días. El proceso de formación de un joven médico en algunas de las especialidades de la medicina dura un mínimo de tres años. Es importante destacar el sentido formativo de las residencias lo que le da al residente el carácter de becario, no tratándose de una relación laboral.

No debe confundirnos la retribución que pueden recibir los residentes, que no es más que una ayuda para su sostenimiento en esta etapa de aprendizaje. De hecho, en otros países puede llegar a no recibir ninguna retribución o incluso con obligación de pago por parte del alumno en función de los conocimientos a adquirir. No puede dejar de tomarse en cuenta el costo que significa para una institución de salud tener residentes, ya sea en docentes, estructura administrativa, instalaciones etc.

Justamente por eso en este punto corresponde hacer una diferenciación entre las Residencias Médicas que se desarrollan en hospitales públicos o en entidades privadas como las que conforman ACAMI, y para las cuales el sostenimiento de las mismas formando especialistas es un enorme esfuerzo que beneficia al sistema de salud de todo el país. Sin perjuicio de ello, las medidas que se tomen respecto de las residencias en instituciones públicas no pueden considerarse aisladas con relación al efecto que provocarán en las instituciones privadas. Necesariamente lo que se haga en un sector, condicionará inevitablemente al otro.

En ese sentido, celebramos el Nuevo Reglamento para las Residencias Médicas en cuanto expresa claramente su objetivo: “jerarquizar el verdadero propósito de la residencia médica que es la formación de profesionales”. Así corresponde ser definido, ya que la residencia no es un “trabajo” sino un proceso de formación en el cual también el sector privado participa con mucho esfuerzo docente, material y económico. El carácter altamente formativo de la residencia deja en claro que no se trata de una relación laboral y lo lleva al ámbito de la becaría.

El Decreto 379/2025 marca el inicio de una visión distinta sobre el sistema de salud y sus problemas. Cómo lograr su operatividad siendo un procedimiento optativo.

EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL EN MATERIA DE SALUD (PROMESA), es el nuevo desafío que plantea el Decreto 379/25, y sin duda constituye un primer paso para avanzar en una de las fuentes de litigiosidad que afectan al sistema de salud. Nos referimos básicamente a los pedidos de amparo judicial relacionados con demandas de prestaciones especiales o de medicamentos de alto costo. Antes de analizar la norma en sí misma, expresamos nuestro apoyo a la iniciativa, que manifiesta una inequívoca voluntad oficial en resolver los problemas del sector.

La norma comenzará a regir a principios de agosto, y en el mientras tanto seguramente se dictará su reglamentación lo cual es imprescindible, ya que requiere de la creación de un registro de mediadores especialmente capacitados para entender en nuestra problemática. Básicamente se trata de un procedimiento de mediación alternativo a la solicitud de amparo. En términos sencillos, el interesado en vez de plantear su demanda de salud ante un juez mediante la interposición de una acción judicial de amparo, podrá optar por iniciar un procedimiento de mediación.

¿Esa voluntariedad establecida al arbitrio del peticionante estaría dando la posibilidad de que fracase el objetivo de la norma? Teniendo en cuenta la urgencia de los reclamos articulados mediante acciones de amparo, ¿los interesados van a preferir optar por esta vía conciliatoria previa?. Entendemos que eso dependerá del decreto reglamentario, que deberá entrar en vigencia a principios de agosto de este año.

Los jueces ante la exigüidad de los plazos procesales y la gravedad de las cuestiones planteadas, en la mayoría de los casos optan por hacer lugar a los amparos planteados en la inteligencia que en todo caso es preferible equivocarse protegiendo de más al que solicita un amparo de salud. Pero si por la reglamentación, el juez al analizar preliminarmente el caso considera que el mismo es susceptible de una solución rápida por acuerdo de partes, podría si el decreto lo faculta para ello, derivar el caso a mediación como paso obligatorio previo a continuar con los trámites judiciales (como sucede en otras materias). Este puede ser sin duda un mecanismo que otorgue efectividad al sistema, no solo por la derivación judicial al mismo sino como incentivo a la propia iniciativa del particular y su asistencia letrada, que analizarán la conveniencia de articular directamente la acción de amparo si no es clara su necesidad y urgencia ante la posibilidad cierta de que sea el juez (sin rechazar la petición de fondo) el que la postergue hasta la finalización del proceso de mediación.

En definitiva, en la inducción mediante distintos mecanismos legales para que los interesados opten por la utilización de esta vía conciliatoria estará la clave del éxito que espera todo el sistema de salud nacional. Desde ya nuestro apoyo al mismo.