Category: Noticias

La medida, oficializada con la Resolución 1926/2024, determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno dispuso habilitar a las prepagas y obras sociales a fijar libremente los precios de los coseguros dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), que actualmente eran estipulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Se trata de servicios que en general afectan a las obras sociales nacionales y algunos clientes de prepagas, sobre todo a los de planes más básicos.

Vale aclarar la diferencia entre coseguros y copagos, éstos últimos muchas veces aplicados fuera de la ley (y en momentos de crisis para el sector, como fines del año pasado). Los coseguros son “extras” autorizados y, hasta ahora, regulados por la SSS.

En el sector hay dudas por el alcance de la medida. Mientras el Gobierno asegura que se trata de una decisión que sólo para obras sociales nacionales, mutuales y asociaciones sin fines de lucro –porque las prepagas ya fueron desreguladas por completo por el DNU de Javier Milei de fines de 2023–, desde las compañías de medicina privada creen que sí lo alcanza. “Deberían haberlo aclarado en esta resolución, creemos que sí. Desde la propia Superintendencia nos lo confirmaron”, dicen en las prepagas. voceros de las

“Este modelo fue creado para las obras sociales nacionales, que tienen prestaciones obligatorias y con afiliados con necesidades distintas a los socios de la medicina privada”, agregaron fuentes de la salud privada.

La Resolución 1926/2024 de hoy determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.

El documento oficial argumentó que la decisión está vinculada “con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.

Como parte del reordenamiento del sistema de salud que viene impulsando el Gobierno Nacional, la rediscusión de su financiamiento y el objetivo de promover una mejora en la calidad de los servicios sanitarios, el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), estableció que los Agentes del Sistema del Seguro de Salud podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas. Hasta hoy, la SSS era quien fijaba dichos valores.

De esta manera, “podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas”, lo que “permitirá más y mejor oferta para los beneficiarios”,  según precisó el Ejecutivo.

En ese sentido, puntualizó que la nueva normativa no incide en el sistema público y aseguró que “estos cambios impulsan la libre competencia entre los Agentes del Sistema del Seguro de Salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad”.

“La nueva normativa -que no incide en el sistema público- permitirá actualizar los valores de los coseguros en aquellas prestaciones que se considere necesario. Estos cambios impulsan la libre competencia entre los Agentes del Sistema del Seguro de Salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad”, explicaron fuentes oficiales.

De esta manera, dijeron, la medida impacta en todas las prestaciones médicas menos las que ya estaban exceptuadas, que son las vinculadas a tratamientos oncológicos, discapacidad, plan materno infantil, y las previstas en las normativas para el tratamiento de Hepatitis, VIH y transmisibles, y de las comprendidas por el Sitema Nacional de Protección de Trasplantados.

“La resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”, dijeron desde el Gobierno.

Asimismo, la resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán “ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

La decisión supone una nueva desregulación del sector sanitario, que con el comienzo de la administración de Javier Milei había tenido la liberación de los precios en las cuotas de la medicina prepaga y que tras los aumentos desmedidos, requirió de una cautelar para limitar el alcance de las subas. Sin embargo, la misma quedó sin efecto tras el acuerdo con las empresas sobre un plan de reintegro, por lo que se volvió a permitir ajustes sin restricciones.

Al respecto, en los considerandos de la resolución se recordó que por el DNU 70/2023 “se propició liberar las restricciones a los valores de las cuotas de los planes de salud del subsistema de medicina prepaga para aumentar la competitividad del Subsistema de Salud” y aclaró que la liberación en el precio de los copagos también responde al citado decreto.

• Programa Preventivos: cánceres de cuello uterino y mama, odontología preventiva y salud sexual.
• Oncología.
• Discapacidad.
• Plan materno infantil: Se dará cobertura durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento. Atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad. Todo con cobertura al 100% tanto en internación como en ambulatorio y exceptuado del pago de todo tipo de coseguros para las atenciones y medicaciones específicas. Esta cobertura comprende:

1. Embarazo y parto: consultas, estudios de diagnóstico exclusivamente relacionados con el embarazo, el parto y puerperio, ya que otro tipo de estudios tendrá la cobertura que rige el resto del PMO, Psicoprofilaxis Obstétrica, medicamentos únicamente relacionados con el embarazo y el parto, Cobertura 100%.
2. Infantil: Será obligatoria la realización perinatológica de los estudios para detección de la fenilcetonuria, del hipotiroidismo congénito y enfermedad fibroquística en el recién nacido. Consultas de seguimiento y control, inmunizaciones del período, cobertura del 100% de la medicación requerida para el primer año de vida siempre que ésta figure en el listado de medicamentos esenciales) a fin de estimular la lactancia materna no se cubrirán las leches maternizadas o de otro tipo, salvo expresa indicación médica, con evaluación de la auditoría médica.

• Emergencias/Código Rojo.
• Prácticas de enfermería.
• Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La llamada “Ley 1.000 días”.
• Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras afecciones de transmisión sexual tuberculosis.
• Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
• Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.

Con información de NA

Fuente | www.infobae.com

El 12 y 13 de junio se llevará adelante la undécima edición de Expo EFI, donde disertarán Milei, Caputo y Mondino, además de 50 empresarios y decenas de analistas

5 de junio de 202418:31LA NACION

“Estabilizar y reformar: condiciones para crecer”. Ese será el lema de la Exposición Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI) 2024, que reunirá la semana que viene a políticos, empresarios, directores, profesionales e inversores para debatir sobre el escenario económico actual, marcado por el cambio de Gobierno.

La undécima edición del evento se realizará los días 12 y 13 de junio, en La Rural, donde se realizarán más de 100 conferencias distribuidas en sus seis auditorios. Ya se confirmó la presencia del presidente Javier Milei; del ministro de Economía, Luis Caputo; y de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

“Tras un 2023 desafiante en materia económica, atravesado por una sequía histórica, elecciones presidenciales y un mundo extremadamente complejo, el nuevo gobierno en la Argentina asumió con la imperiosa necesidad de estabilizar una economía con más de 200% de inflación anual, en un contexto de mucha fragilidad social. Estabilizar la economía forma parte de la agenda 2024, que convive a su vez con la de las reformas estructurales, ya que hace 12 años que la economía no crece. Es el segundo ciclo de estancamiento más largo de la historia argentina”, dijo Esteban Domecq, titular de la consultora Invecq y director general de Expo EFI y del Congreso Económico Argentino, a LA NACION.

Durante las dos jornadas, los especialistas analizarán el contexto global, el Estado y las perspectivas de la economía argentina, el escenario político y el mercado financiero para 2024. Entre sus principales disertantes del evento se encuentra Andrés Malamud, Daniel Artana, José Del Rio (LA NACION), Claudio Zuchovicki, Carolina Amoroso, Marina Dal Poggetto, José Siaba Serrate, Guillermo Mondino, Marcos Buscaglia, Gustavo Weiss, Daniel Gonzalez, Leonardo Chialva, Guillermo Dietrich, Ezequiel Burgo, Mariano Otalora, Paula Premrou y Hernán De Goñi entre otros especialistas.

También habrá 12 seminarios sectoriales, que contarán con la presencia de más de 50 ejecutivos. Este año, los sectores que se abordarán serán la agroindustria, el real estate local e internacional, energía, farma y salud, pymes, financiamiento, franquicias, inversiones, innovación y tecnología, fintech y minería.

Durante esos paneles, algunos de los ejecutivos que se subirán al escenario serán Ricardo Ferreiro (Tecpetrol), Juan Farinati (Bayer Monsanto), Alejandro Vago (Raizen), Hugo Magonza (CEMIC, UAS), Mariano Bosch (Adecoagro), Verónica Pagola (Century 21), Alejandro Reyser (Toribio Achaval), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo) y Gastón Remy (Nuqlea).

“Expo EFI congregará a los principales analistas, dirigentes, empresarios, periodistas y funcionarios públicos para analizar y debatir sobre el estado de situación del país, brindando un espacio de información, análisis y de reflexión, esperando que contribuya en la búsqueda de soluciones y a transitar de la mejor manera posible el actual, y muy desafiante, escenario económico”, agregó Domecq.

En total, habrá de 200 disertantes y se esperan más de 8000 visitantes en esta nueva edición. También participarán más de 150 empresas, medios, cámaras y organismos de todo el país, que se reunirán para participar del Congreso Económico, los seminarios sectoriales, los dos salones de workshop, el espacio literario y el nuevo auditorio llamado Recinto Bursátil.

| Fuente: www.lanacion.com

El nuevo titular de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud, que reemplazó en el cargo a Claudio Belocopitt, habló con Infobae sobre el acta que se firmó esta semana ante la Justicia. Cartelización y liberación de precios en julio

Por Sebastián Catalano

Hugo Magonza es además Director General del Cemic y presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami)

Se hizo cargo de la presidencia de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) en medio de la extrema tensión entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga, y en reemplazo de un referente del sector, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

Hugo Magonza, quien además es Director General del Cemic y presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), fue una pieza central de la negociación que terminó con el acuerdo entre las partes que se firmó el lunes pasado, luego de álgidas 16 horas de negociación en el juzgado civil y comercial federal de Juan Stinco.

“No había que llegar a esa situación, fue todo una cuestión más política que económica. Las prepagas no deberían devolver nada, no corresponde”, destacó el directivo en diálogo con Infobae.

Así, las empresas del sector acordaron devolver en 12 cuotas lo que cobraron por sobre la inflación desde diciembre (actualizadas por la tasa de interés mensual de plazo fijo del Banco Nación), liberar las cuotas desde julio (en las primeras negociaciones esa fecha era en octubre) y reincorporar a sus planes a quienes quedaron afuera por falta de pago (no está claro aún cómo se hará).

“No fue el mejor acuerdo, pero es preferible eso a un juicio e incertidumbre. Hicimos lo mejor que pudimos en estas circunstancias. Ir a juicio era la incertidumbre total, algo mucho más negativo. Los cálculos que hace el Gobierno no son correctos y, además, la inflación no refleja los costos de la salud”, dijo el ejecutivo, máster en Administración de Empresas y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami).

— ¿Se apuraron las empresas aumentando tanto en tan poco tiempo?

— Técnicamente se hizo lo correcto. Al día 31 de diciembre había una brecha entre las cuotas y el costo de la salud de 150%, y de 155% contra los medicamentos, que pasaron a representar el 40% del gasto de las empresas de medicina privada. Una de las drogas con mejores resultados para oncología, el Pembrolizumab, aumentó más de 400 por ciento. Había una expectativa de inflación de 30% y subir 40% en promedio, como se aumentó en enero, significaba ganar 8 o 10 puntos. Terminó siendo como un efecto “Puerta 12″ porque tuvieron comprimido por mucho tiempo a un sector que emplea 1,5 millones de personas. En los últimos 12 años, hasta fines de 2023, las cuotas subieron un promedio de 8.000% mientras que la canasta de la clase media subió 37.000%. Todas las curvas –costo de vida, costo de salud, medicamentos, dólar, etc.– se incrementaron más que las prepagas. La idea era hacer este ajuste y después, progresivamente, ir bajando para ganarle algunos puntos a la inflación durante 12 o 18 meses. En medio de ese proceso empezaron a pesar cuestiones ajenas a nosotros, como el impacto de las tarifas y otros aumentos.

— En ese contexto fue cuando el ministro Luis Caputo dijo que las prepagas estaban matando a la clase media. ¿Creen que la tensión que se generó fue para evitar el impacto inflacionario?

— No conozco al ministro en persona, pero sé que entiende bastante de estos temas. La salud pesa 2,21% en el índice de inflación.

— ¿El Gobierno los tomó como “enemigos”?

— No sé si nos tomaron como enemigos. Hubo que resolver una cuestión que ya habían definido y apaciguar a la gente que estaba muy preocupada por el tema.

Claudio Belocopitt

— ¿Había una mejor solución mejor?

— Nos podríamos haber sentado en la misma mesa para buscar una salida programada.

— El Gobierno señaló directamente a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y su antecesor en la UAS.

— Atacaron a una persona, hicieron del tema casi una cuestión personal. No está nada bien eso. Claudio nunca dijo algo distinto a lo que digo yo ahora. Es un empresario exitoso y para muchos eso no está bien visto, por más raro que parezca. Se fue de UAS para no complicar a la entidad. En su momento, lo único que les aconsejó a todos fue tener prudencia. Nada más.

— ¿Por qué se decidió liberar otra vez los precios en julio en lugar de tener un sendero de varios meses de subas atadas al IPC, por ejemplo?

— Es que el IPC no debe regir las subas. Se van a tomar, como dice la ley, las variaciones de las estructuras de costos de cada una de las empresas. El Gobierno calcula que para julio la economía va a estar estabilizada, y puede ser que sea así. En una economía estable las correcciones van a ser mucho menores.

— Devolver lo cobrado de más en 12 cuotas actualizadas por un índice menor a la inflación parece bastante perjudicial para los afiliados.

— Son fondos que ya se gastaron. Se usaron para pagarles a prestatarios, médicos, etc. Repito: 1,5 millones de personas trabajan en el sistema privado. La salud en la Argentina es extraordinariamente buena, aunque no se la valore. El tema no está entre las principales preocupaciones, se ve en las encuestas. En todo este contexto, la caída de carteras fue de poco más del 2 por ciento. La gente no se quiere ir y las empresas no quieren perder su afiliados. Por eso se ofrecieron planes alternativos y de contención.

— El Gobierno acusó a las grandes del sector de cartelización. ¿Qué opina?

— No hubo ni hay cartelización de ningún tipo. Hay 600 empresas de medicina privada. En la UAS se les recomendó que fueran prudentes, que pusieran aumentos razonables y que no hubiera excesos porque la gente no podía pagar. Después, cada empresa hizo lo que le pareció. Debemos encontrar una solución y en parte eso tiene que ver con que el sistema público de salud funcione bien.

El juez Juan Stinco

— Caputo asegura que el Gobierno no va a desistir de la acusación.

— Tenemos la razón. Hay que dejar que siga el proceso y se resuelva.

— ¿La cartelización estuvo en la mesa de negociación el lunes? El Gobierno dice que sí.

— El lunes se trató una cautelar judicial. Lo otro es una denuncia administrativa en Defensa de la Competencia.

— Sí, pero estaban todos los actores sentados en la misma mesa.

— Entendemos que ya resuelto el tema de la devolución y todo lo que se acordó esta semana, lo demás debería empezar a resolverse. La UAS también está demandada y nuestros abogados presentaron argumentos más que sólidos para demostrar que no hubo colusión.

— ¿Cómo van a aumentar las prepagas desde julio?

— Cada una va a tener que hacer lo que crea conveniente según sus necesidades y con la prudencia que corresponde.

— Todos las van a estar mirando, desde los afiliados hasta el Gobierno.

— Sí, pero hay que pagarles a los médicos, a las enfermeras. Hay que mantener las herramientas para atender bien a todos los pacientes. El sistema estaba por colapsar el 31 de diciembre, se empezó a salir en enero y se complicó por esta situación.

— ¿Cuál es el tema más urgente de su gestión al frente de la UAS?

— Instalar el problema del sistema de salud en su conjunto, no sólo de las prepagas. Hay que trabajar para hacer que el sistema sea más económico para la gente. Nuestras propuestas son reestructurar el Plan Médico Obligatorio (PMO) y crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para determinar el costo de los medicamentos, que para algunas enfermedades y tratamientos son elevadísimos. Nuestro sistema es solidario y no los puede afrontar. Hay que buscar modelos de complementación. También proponemos crear un fondo para enfermedades de alto costo, como tiene Uruguay.

— ¿Cuánto demorará sanear el sistema si todo marcha relativamente bien?

— Recuperar más de 12 años de políticas erróneas de controles de precios y de no controlar los gastos no es algo que se pueda resolver en poco tiempo. Mientras tanto hay que convivir con la realidad, y no es nada fácil.

Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Agencia Nacional de Discapacidad auditó 3000 pensiones, de las cuales el 80% no deberían haberse dado; fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo estudia endurecer el acceso a este beneficio, así como iniciar acciones legales

5 de junio de 202413:37

Ignacio Grimaldi

LA NACION

La administración de Javier Milei comenzó a auditar las pensiones no contributivas por invalidez, que, según cifras oficiales, reciben 1.215.548 personas. Un análisis de la Agencia Nacional por Discapacidad arrojó que sobre una muestra de 3000, el 80% no debería haber sido otorgada. Por este motivo, representantes del Ejecutivo confirmaron a LA NACION que contemplan judicializar este asunto, a la vez de endurecer el acceso a este beneficio. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, valoró esta situación como una “irresponsabilidad”.

La pensión no contributiva por invalidez es una asignación monetaria pagada por la Anses y su monto, tal como explicaron fuentes oficiales, equivale al 70% de una jubilación mínima. Es decir, $144.851,77. En el Gobierno calculan que si se le sumara el bono de $70.000, la prestación superaría los $200.000.

A mediados de marzo, tal como recordaron fuentes oficiales vinculadas al área de Discapacidad, comenzó la auditoría del más de millón de pensiones no contributivas por invalidez. “Empezamos a ver el número y llamaba la atención por lo alto”, detallaron. Según el Gobierno, hay 1.215.548 personas que perciben esta asignación y destacan el incremento de esta cifra durante determinados períodos.

Entre 2003 y 2007, durante gestión de Néstor Kirchner, la cifra de beneficiarios pasó de 79.581 a 225.411. Es decir, se multiplicó por 2,8. En 2011, el número ascendió hasta 707.068. Esto implica que durante el primer mandato de Cristina Kirchner se triplicó la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez. La evolución del indicador muestra que hasta 2015 se agregaron más de 300.000 nuevos pensionados y el universo total beneficiarios pasó a 1.045.954. Al finalizar el período presidencial de Mauricio Macri, dicho número bajó y la administración de Alberto Fernández volvió a elevarlo hasta 1.215.548.

Fuentes vinculadas a la gestión de Néstor Kirchner dijeron a LA NACION que el aumento durante su mandato tuvo que ver a “un retraso enorme en expedientes pendientes”. Además, desde el kirchnerismo indicaron: “Si quieren sacar la pensión por invalidez que se hagan cargo y que no inventen mentiras”.

Una mirada territorial de la cantidad de beneficiarios los ubica según su provincia. Si bien Buenos Aires es la que mayor cantidad de pensionados por invalidez concentra, con 302.794, en Chaco la proporción entre su población y los que perciben esta asignación es del 8,8%. Esto significa que en dicha provincia cerca de uno de cada 10 recibe esta pensión.

Las cifras del Gobierno también indican que en Santiago del Estero el 7,9% de su población es pensionada por invalidez y en Formosa, el 6,7%.

Estos son datos globales de todos los beneficiarios, pero tal como afirmó una fuente al tanto de la auditoría oficial, las presuntas irregularidades se encontraron “en un primer corte de 3000 personas”. Esto abrió tres posibles caminos para el Gobierno. El primero, finalizar el análisis de todas las pensiones; el segundo, cambiar la reglamentación que regula el acceso a una pensión no contributiva por invalidez; y el tercero, analizar el inicio de acciones judiciales, dado que consideran que las gestiones anteriores habrían hecho uso del otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez “como moneda de cambio para favores políticos”.

En relación al primer punto, la fuente al tanto de la auditoría mencionó que no hay una fecha de finalización marcada. En relación a la legislación vigente para acceder a una pensión de este estilo, aseguró que el Ejecutivo buscaría “anular” resoluciones existentes o “generar” nuevas.

Incluso, identificó dos medidas del gobierno de Fernández que, según su visión, “rompieron todo” dentro de un grupo de normativas que flexibilizaron el acceso a la prestación. Una de ellas es la Resolución 70/2023, que para la gestión libertaria eliminó la obligatoriedad de indicar “incapacidad total y permanente” en el certificado médico.

La otra es la dictaminada en el Decreto 7/2023. Desde la mirada del oficialismo, quitó la condición de invalidez laboral que definía que “la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laboral una disminución del 76% o más”. Ambas estarían en la mira de la actual administración.

LA NACION consultó a funcionarios de la gestión pasada vinculados al área de Discapacidad pero al momento de publicación de este artículo no habían respondido.