ACAMI

¿Cómo es la relación de los centros privados de salud, las obras sociales y las prepagas?

¿Cómo es la relación de los centros privados de salud, las obras sociales y las prepagas?

El proceso de facturación y pago tiene pasos específicos que se deben seguir para que los centros privados perciban las prestaciones brindadas.
Por Martina Stutz Dohmen

La pandemia tuvo un fuerte impacto en el sistema de salud. El fantasma del colapso estuvo, y todavía está en algunos lugares, muy presente, dado que la cantidad de pacientes que necesitan atención es mucho mayor.

Además del incremento en el flujo de pacientes y una consecuente mayor necesidad de ciertos recursos, hubo un impacto económico que también fue fuerte. De alguna hüpfburg manera, todos estos factores interactúan entre sí, se retroalimentan y empeoran esa realidad.

En este contexto, el subsistema privado de salud fue uno de los actores más afectados por la crisis, que es esencialmente sanitaria, pero que se ha transformado en una crisis económica severa.

Así lo indican desde la Fundación Favaloro. Su director, el Dr. Sebastián Defranchi, afirma que “la pandemia fue un gran disruptor de nuestra actividad hospitalaria”. En ese sentido, amplía: “A partir de finales del mes de marzo de 2020, vimos muy afectada la concurrencia de pacientes al hospital. En el mes de abril de 2020 la cantidad de cirugías realizadas disminuyó en más de un 60% con respecto al mismo mes del año previo; hubo intervenciones que cayeron casi un 80%”. Es importante destacar que la mayoría de los procedimientos que allí se realizan están relacionados con patologías cardiovasculares y trasplantes de órganos, más allá de que se trata de un Hospital universitario polivalente.

Las consultas en la Fundación Favaloro se redujeron durante la pandemia

Algunas consultas en la Fundación Favaloro se redujeron durante la pandemia

Para entender el escenario en su totalidad también hay que mencionar que la caída en la actividad también estuvo acompañada de un incremento en los costos. En palabras del Dr. Defranchi, director de la Fundación Favaloro, esta situación “ha dejado a la actividad del sector prestador de la salud en una delicada situación económica y financiera”. El ejecutivo agrega, además, que “la pandemia no hizo más que acelerar el proceso de desfinanciación que el sector prestador atravesaba y lo dejó en un estado crítico”.

Ahora bien, ¿cómo es la dinámica entre las prepagas y los centros de salud?

Esta pregunta es clave para poder entender cómo funciona el subsistema privado de salud y cómo es la relación entre las entidades del sector.

“Las principales empresas de medicina prepaga y muchas obras sociales son las entidades financiadoras que tienen convenios de atención en la Fundación Favaloro para sus afiliados”, explica el Dr. Defranchi, quien además agrega que la institución que dirige “no está verticalmente integrada con ninguna empresa de medicina prepaga ni obra social”. En otras palabras, son exclusivamente prestadores de servicios de salud.

Son los asociados de las financiadoras quienes se atienden en los centros privados de salud. Una vez que se completa la atención, “se reúne la documentación respaldatoria que requiere la entidad financiadora para el tipo de atención que se le ha brindado a su afiliado”, explica el Director de la institución. Cabe mencionar que hay prestaciones que requieren aprobaciones previas, así como la autorización del uso de ciertos insumos médicos. Toda esta documentación, así como informes de estudios, protocolos y otros registros son los que deben ser compilados y finalmente serán respaldatorios de la factura que se le emite a la entidad financiadora.

Luego, llega el momento del envío de esa factura que se respalda con los documentos mencionados. “Las entidades financiadoras pautan días del mes para recibir las facturas por los servicios prestados a sus afiliados”, explican desde la Fundación Favaloro. En la fecha indicada, se les hace llegar la factura con la documentación. Luego, “a partir del momento que se le presenta la factura a la entidad, transcurren unos 45 días o más, hasta que se cobran de manera efectiva las prestaciones realizadas”, agrega el Dr. Sebastián Defranchi.

Para poder completar el proceso de facturación es necesario presentar la documentación del paciente y de la atención que recibió

Para completar el proceso de facturación se debenpresentar la documentación del paciente y de la atención que recibió

Para completar el proceso, cabe mencionar que en el sector salud existe y se aplica el concepto de débitos. Puede ocurrir que la entidad financiadora entienda que existe alguna falta de conformidad de la documentación presentada o que algún concepto no le fue adecuadamente facturado, por lo que emite un débito, parcial o total de la factura presentada. Este concepto no se cobra y entra en un proceso de resolución. Los débitos pueden representar entre un 5 a 10% de la facturación de un prestador de salud. Algunos débitos se resuelven y recuperan, mientras que otros no.

¿Se rompió la cadena de pagos durante el 2020?

Desde la Fundación Favaloro explican que, en líneas generales, “se ha mantenido y ha funcionado correctamente la cadena de pagos durante todo el 2020”.

Además, su director aclara que “desde el inicio de la pandemia y apenas comenzamos a vislumbrar lo que ocurriría con nuestros índices de actividad, expusimos a las empresas de medicina prepaga y obras sociales con las que trabajamos, la importancia que tendría mantener un correcto funcionamiento de la cadena de pagos”.

Por último, explica que “la asistencia del estado a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los ajustes internos y programas de eficiencia que hemos implementado, junto con el correcto funcionamiento global de la cadena de pagos, han hecho que podamos transitar el año 2020. Sin alguno de estos tres componentes, no nos hubiera sido posible terminar de pie el año 2020”.

En este contexto, es importante destacar que en la relación que mantienen las prepagas y obras sociales con los centros de salud privados la presencia del Estado es prácticamente nula. Se regulan los precios de las prepagas, es decir, la cuota que pagan los asociados a sus coberturas, pero el precio que estas abonan a los centros de salud privados por las prestaciones está totalmente exento de regulación. De hecho, ese precio es resultado de una negociación entre ambas partes, pero nada tiene que ver el Estado en este proceso. Esta cuestión afecta tanto a los centros que no cuentan con usuarios propios, como también a las empresas de medicina prepaga que cuentan con establecimientos propios y que, a la vez, ponen a disposición del sector una parte de sus camas. Esta consideración es importante, ya que de prolongarse esta situación podría generar un desequilibrio tal que empiece a caer la oferta de camas en el sector lo que traería una grave situación en la estabilización completa del sistema.

Tres ejes para una reforma del Sistema de Salud

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, puso la discusión sobre el tema entre los principales titulares de los medios nacionales. La necesidad de reformar el sistema de salud en la Argentina es innegable, aunque el camino no tiene por qué ser barajar y dar de nuevo. Se trata de utilizar una serie de herramientas que ya existen y direccionarlas en la búsqueda de buenos resultados. Por Martín Baccaro – médico, ex presidente de COSSPRA, consultor.

Antes de la pandemia existían consensos acerca del diagnóstico: nuestro sistema es fragmentado, inequitativo, con alto gasto de bolsillo; tiene un presupuesto o gasto per cápita que parece suficiente, pero con malos resultados sanitarios. Esto es notorio en la Argentina, donde castillos hinchables en los últimos 20 años no se mejoraron indicadores en comparación con los avances concretados en la región y el mundo.

Además, no existen consensos sobre qué rumbo debería tomar una reforma. Son múltiples los intereses contrapuestos, por lo que es difícil imaginar que pueda surgir algo superador que satisfaga los intereses de la población.

En este contexto, el sentido común indicaría que la orientación y lineamientos básicos de una reforma deberían indicarse y ejecutarse desde el sector político, es decir por los representantes del conjunto de la sociedad elegidos democráticamente. Aunque también es cierto que el programa en sí, la “bajada a tierra” de los lineamientos, debe ser elaborado por los expertos en políticas sanitarias y sistemas de salud. Además, atento a los intereses que se pondrían en tensión con la reforma, resulta imprescindible estar alertas, no ceder ante presiones o reclamos que solo buscan proteger pequeñas parcelas de mezquindad. Máxime teniendo en cuenta que –muchas veces- son precisamente algunos de esos intereses sectoriales los que, lejos de contribuir al debate para mejorar el sistema, se aferran a lo ya establecido y son parte del problema.

Por eso, como decíamos, deberían ser las políticas del gobierno nacional las que fijen la reforma del sistema de salud federal, velando por los intereses de la población. Sin embargo, esta idea genera resistencia entre los “expertos”.  Una de las trabas más importantes es la no delegación por parte de las provincias en materia de salud. Ello haría necesaria una reforma constitucional o 24 reformas provinciales sumadas a la nacional.

Un camino a seguir

El Estado Nacional puede elegir otro camino e ir por la eficiencia de la actual fragmentación. Son resortes que maneja la Nación, ya que tiene poder de policía sobre obras sociales y prepagas, PAMI, programas nacionales como INCLUIR, ex NACER, y otros -actuales o futuros- que se financian con fondos nacionales.

En tal sentido, comprar en conjunto y administrar eficientemente seguramente mejorará los resultados económicos y, quizás, los sanitarios. Pero solo alcanzará a menos de la mitad de la población, ya que las personas bajo políticas provinciales de salud (obras sociales provinciales y ministerios de salud provinciales) no serían beneficiarias de las mejoras obtenidas.

Aunque existe otra posibilidad, algo que nuestra constitución permite y posibilitaría disminuir la inequidad.

Tengamos en cuenta que el Estado argentino se compromete a respetar y garantizar el goce y ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. El artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna atribuye al Congreso Nacional la facultad de aprobar dichos instrumentos y concede jerarquía constitucional a algunos de ellos. Por su parte, el inciso 23 obliga al Congreso Nacional a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen estos derechos.

|Fuente: www.comunicar-salud.com.ar

El Gobierno otorga “apoyo financiero de excepción” a obras sociales por la pandemia

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, el objetivo es “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud. Así como el pago en tiempo y forma a los prestadores”.

El Gobierno otorgará “un apoyo financiero de excepción” a las obras sociales que sufrieron una caída en la recaudación entre marzo y diciembre de 2020, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del tratamiento de pacientes durante la vigencia de la pandemia por coronavirus.

Lo hizo mediante la Resolución 163/2021 -publicada este viernes en el Boletín Oficial- bajo la firma del superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Daniel Zanarini.

“Otórgase un apoyo financiero de excepción destinado a los Agentes del Seguro de Salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de diciembre de 2020, con relación al mes de marzo de 2020”, sostiene el documento.

El objetivo es “garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de Covid-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

En tanto, el texto establece que “el monto del apoyo financiero será el resultante de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 23.660 y aportes del artículo 39 de la Ley Nº 24.977 durante el mes de marzo de 2020, y la recaudación percibida durante el mes de diciembre de 2020”.

En este sentido, la resolución publica un anexo con el detalle de los montos que recibirá cada obra social, acompañados por el detalle del porcentaje de pérdida de recaudación.

La normativa contempla a 46 obras sociales y calcula una diferencia total en la recaudación de las mismas, de $ 227.705.825.

Los test serológicos argentinos para COVID-19 superan el millón de ensayos

Se usan con varios fines como el control de la transmisión en barrios, el cuidado del personal de salud, vigilancia en personal de geriátricos, selección de donantes de plasma para terapias y para estudios clínicos. Los kits se distribuyen a hospitales  por medio de ministerios de salud de todo el país y a distintos centros de salud públicos y privados.

Los kits serológicos COVIDAR IgG e IgM se producen a gran escala en el Laboratorio Lemos y se distribuyen por medio de ministerios de salud nacionales y provinciales  a hospitales pula pula inflavel públicos y privados de todo el país.
Los test COVIDAR detectan en una gota de sangre la presencia y la cantidad de anticuerpos contra el nuevo coronavirus.

Los test serológicos argentinos para COVID-19, “COVIDAR”, desarrollados por  científicos y científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Fundación Instituto Leloir (FIL), con la participación del Laboratorio Lemos, alcanzaron al terminar el año una producción de 1.100.000 determinaciones y hasta la fecha se distribuyeron 800.000.

En tiempo récord y en el marco de la “Unidad COVID-19”, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, los investigadores e investigadoras lograron desarrollar los kits “COVIDAR IgG e IgM”. “Estos kits se usan para determinar la presencia de anticuerpos específicos contra el coronavirus y permiten definir si una persona está o estuvo infectada en el pasado. La producción a gran escala de los kits se logró gracias al enorme trabajo y aporte del Laboratorio Lemos que mantuvo el nivel de producción sin fines de lucro, lo que permitió (cubriendo los costos) realizar donaciones a todo el país. Este desarrollo, que cuenta desde mayo con la aprobación de la ANMAT, nos independiza de tener que importar estos insumos costosos”, afirmó Andrea Gamarnik, líder del proyecto COVIDAR, investigadora superior del CONICET y jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la FIL.

Los kits se están empleando con múltiples aplicaciones en todo el país: para evaluar la evolución de la pandemia, el control de la transmisión en barrios, el cuidado del personal de la salud,  vigilancia en personal de geriátricos y residencias, selección de plasmas de donantes y para diversos estudios clínicos con el fin de entender cómo es la respuesta inmune en personas infectadas con el nuevo coronavirus.  

El 25% de los kits (distribuidos hasta ahora) se destinó a la ciudad de Buenos Aires, un 40% a la Provincia de Buenos Aires, 10% a la Provincia de Córdoba, un 5% a la Provincia de Santa Fe,  4%  a Jujuy, 4% a Río Negro y el resto a otras provincias del país.

“El desarrollo de los kits serológicos fue una experiencia inédita que trazó una nueva forma de trabajo colaborativo. Nos permitió establecer un nexo entre los laboratorios de investigación del CONICET, profesionales de la salud en cientos de hospitales del país, autoridades de salud, entes regulatorios y procesos productivos, hasta llegar a la utilización de los kits en la población. El éxito de este proyecto debe servir de aprendizaje para extrapolarlo a otras problemáticas de enfermedades infecciosas locales”, puntualizó Gamarnik. Y agregó: “Además de continuar produciendo y distribuyendo los kits, el grupo COVIDAR abordó nuevos desafíos. Actualmente nos encontramos trabajando en el desarrollo de nuevos ensayos diagnósticos para COVID-19 en distintos proyectos, incluyendo el estudio de la respuesta inmune frente a las vacunas”.

El test COVIDAR se usó para estudios de seroprevalencia en distintos puntos del país como el que determinó que hasta comienzos de noviembre cerca del 14% de los porteños tuvieron COVID-19. También fueron útiles para identificar a los donantes de plasmas en investigaciones realizadas por el Hospital Italiano y la Fundación INFANT.

En esa línea, los estudios liderados por la Fundación INFANT indicaron que la aplicación temprana de plasma de convaleciente con altos niveles de anticuerpos disminuye un 60 % la posibilidad de que los pacientes con COVID-19 agraven su condición.

Con el fin de emplear los plasmas como posible terapia, el grupo COVIDAR elaboró protocolos estandarizados que permiten la selección de donantes de plasma en forma descentralizada, en los lugares donde deben aplicarse.

En el contexto de la emergencia sanitaria, en el mes de septiembre pasado la FIL puso en marcha un nuevo laboratorio con el fin de poder realizar estudios de vigilancia activa en geriátricos y otras instituciones cerradas por medio de los ensayos serológicos. Desde entonces dicho laboratorio ha procesado de manera gratuita más de 17.000 muestras y ha identificado a tiempo focos de casos asintomáticos en diversos geriátricos, contribuyendo al cuidado de los sectores más sensibles.

“Este año tuvimos que cambiar de planes de un momento para otro. Un grupo amplio de investigadores y becarios en FIL se propuso generar herramientas robustas para medir anticuerpos contra COVID-19 y lo lograron”, afirmó Angeles Zorreguieta, investigadora del CONICET y directora de la FIL. ”Fue una experiencia única que nos demuestra que somos capaces de responder a situaciones sanitarias críticas, gracias a la capacidad y el enorme compromiso de nuestros investigadores, becarios y personal de apoyo”, agregó.

“Queda mucho trabajo por delante. La circulación del nuevo coronavirus está en pleno aumento en nuestro país y, si bien se comenzó el plan de vacunación, debemos doblar los esfuerzos para evitar los contagios. Seguir rastreando, testeando y aislando en este momento sigue siendo imperativo”, subrayó Gamarnik.

El  grupo COVIDAR también está formado por los investigadores del CONICET y jefes de laboratorio de la FIL: Marcelo Yanovsky y Julio Caramelo; doctorandos y jóvenes doctores que integran el grupo de Gamarnik: María Mora González López Ledesma, Horacio Martín Pallarés, Diego Ojeda, Guadalupe Costa Navarro y Lautaro Sánchez; Jorge Carradori, del Laboratorio Lemos, y Diego Álvarez, del CONICET y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM.

El laboratorio de vigilancia serológica de la FIL está coordinado por Andrés Rossi con la colaboración de Anabel Álvarez Juliá, y también lo integran Natalí Rasetto, Corina García, Shirley Wenker, Lila Ramis, Magalí Bialer, María José de Leone, Esteban Hernando, Santiago Sosa, Luciana Bianchimano, Maximiliano Katz y María Soledad Treffinger.

El proyecto COVIDAR también recibió el apoyo del Fondo para la Convergencia del Mercosur (FOCEM), la Fundación Williams y la Asociación Civil SAND.

|Fuente: www.conicet.gov.ar