Las prestadoras privadas de salud que dan servicios a obras sociales y prepagas, agrupadas en la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), denunciaron la crisis terminal que atraviesan y que, según sus directivos, no les permite seguir afrontando los costos operativos del servicio y plantean dudas sobre su continuidad. La semana próxima se reunirán con el ministro de Salud, Ginés González García , para plantear sus preocupaciones.
Según Hugo Magonza, presidente de Acami (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas), el problema del desfinanciamiento del sector deriva de la caída de los recursos de la seguridad social por la baja en los ingresos de los trabajadores y en las limitaciones económicas del sector privado, “que no está en condiciones de absorber el traslado de costos. Asistimos al 70% de la población argentina, y especialmente en el Interior la población es usuaria de pequeñas clínicas que son empresas personales que para pagar salarios muchas dejan de pagar los aportes patronales.
“Otro de los problemas reside en que los ingresos del sector, que están regulados, mientras que los costos operan con una lógica de mercado”, señala Guillermo Lorenzo, directivo de la entidad.
La existencia de medicamentos de alto costo y el envejecimiento poblacional son otras de las causas que desfinancian las prestadoras, según la UAS. En lo inmediato, propone medidas para aliviar la distorsión impositiva y regulatoria, tales como dar libre disponibilidad para el uso de los saldos técnicos no computables de IVA generados por la exención de IVA a las obras sociales y prepagas, eximir de Ganancias lo que las familias pagan de cuota a las empresas de medicina prepaga, nivelar el impuesto al cheque con la alícuota de las obras sociales (lo que implicaría pasar la alícuota de 1,2% a 0,5%) y tender a eliminar el impuesto a los ingresos brutos provinciales y las tasas de comercio e industria municipales.
