VISTO el Expediente EX-2019-77736745-APN-GGE#SSS del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la Ley Nº 26.682, los Decretos Nº 1993 de fecha 30 de noviembre de 2011 y Nº 66 de fecha 22 de enero de 2019, la Resolución Nº RESOL-2019-872-APN-SGS#MSYDS de fecha 24 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.682 establece el Marco Regulatorio de Medicina Prepaga, alcanzando a toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopten, cuyo objeto consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa.
Que el artículo 4° del Decreto Nº 1993/2011 reglamentario de la citada Ley, establece que el otrora MINISTERIO DE SALUD es la autoridad de aplicación de la misma (competencias actualmente en cabeza de la Secretaria de Gobierno de Salud), a través de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado de su jurisdicción.
Que el artículo 17 de la referida Ley prevé que la Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales de las Empresas de Medicina Prepaga y autorizará el aumento de las mismas, cuando dicho aumento esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgo.
Que, de acuerdo al artículo 5° de la Ley 26.682, entre otros objetivos y funciones, la Autoridad de Aplicación debe autorizar y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones.
Que el inciso g) del artículo 5° del Decreto Nº 1993/2011 (modificado por Decreto Nº 66/2019) establece que las cuotas que deberán abonar los usuarios se autorizarán conforme las pautas establecidas en el artículo 17 del mismo. Las entidades que pretendan aumentar el monto de las cuotas que abonan los usuarios deberán presentar el requerimiento a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, quien lo elevará posteriormente al MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL para su aprobación.
Que, además, las entidades deberán, una vez autorizado dicho aumento, informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir. Se entenderá cumplimentado el referido deber de información del aumento al usuario con la notificación incorporada en la factura del mes precedente y/o carta informativa.
Que, con el fin de dar curso a la presente autorización de aumento, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD evaluó el incremento de costos del sector.
Que del análisis realizado surge que resulta razonable autorizar un aumento general, complementario y acumulativo de aquel que fuera aprobado el 24 de mayo de 2019 mediante la Resolución Nº RESOL-2019-872-APN-SGS#MSYDS, de CUATRO POR CIENTO (4%) a partir del 1º de octubre de 2019 y de CUATRO POR CIENTO (4%) a partir del 1º de noviembre de 2019.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Ministerios 22.520 – TEXTO ORDENADO POR DECRETO N° 438/92, Decreto Nº 801/2018, Decreto Nº 802/2018, Decreto N° 958/18 y Decreto N° 1993/11.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorízase a todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) un aumento general, complementario y acumulativo de aquel que fuera aprobado el 24 de mayo de 2019 mediante la Resolución Nº RESOL-2019-872-APN-SGS#MSYDS, de hasta CUATRO POR CIENTO (4%) a partir del 1º de octubre de 2019 y de hasta CUATRO POR CIENTO (4%) adicional y acumulativo a partir del 1º de noviembre de 2019.
ARTÍCULO 2º.- Los aumentos autorizados en el artículo precedente podrán percibirse una vez cumplida la notificación prevista en el artículo 5°, inciso g, del Decreto Nº 1993/11 (modificado por Decreto Nº 66/19). Las Entidades de Medicina Prepaga deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios, a fin de que aquellos tengan cabal información de dichos aumentos.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Adolfo Luis Rubinstein
Con una inversión de 300 millones de pesos, el Centro Cites Ineco es un lugar de conocimiento, salud, educación e innovación donde convergen la investigación, las neurociencias, la tecnología y el emprendedurismo.
Mirando los ejemplos exitosos de distintos avances tecnológicos en el mundo y cómo desde el sector privado se impulsan proyectos innovadores exitosos a nivel mundial, se presentó en Buenos Aires el Centro Cites Ineco,un novedoso polo de salud, educación, ciencia e innovación con profesionales de primer nivel que servirá para generar nuevos proyectos científicos, será un faro educativo para los profesionales de la región y también atenderá la salud de los argentinos a través de convenios con diferentes obras sociales.
El Centro Cites Ineco nace por la asociación estratégica entre CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social), incubadora de proyectos científicos tecnológicos del Grupo Sancor Seguros; INECO, una institución de neurología cognitiva y neuropsiquiatría líder en Argentina que cuenta con un equipo interdisciplinario de médicos y científicos de primer nivel; y la Fundación INECO, una organización sin fines de lucro, cuya misión es apoyar programas de investigación sobre el funcionamiento cerebral, prevención, detección y tratamiento de los trastornos neurológicos y psiquiátricos tanto en adultos como en niños.
“El conocimiento, la ciencia y la tecnología deben ser la base de nuestro desarrollo como país. Por eso, hoy podemos decir con orgullo que CITES INECO representa un modelo a escala de la sociedad del conocimiento a la que debemos apostar en la Argentina, priorizando el desarrollo humano y ubicando a la educación, la salud, la innovación y el emprendedurismo como camino hacia un crecimiento real, inclusivo y sostenido en el tiempo”, explicó a Infobae el doctor Facundo Manes, presidente de Fundación INECO.
Pilares del centro innovador
“El primer pilar que vamos a abordar en este nuevo centro es la salud del cerebro. La enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo. Hay más de 1.000 millones de personas con enfermedad cerebral. En muchos países ha superado al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares”, precisó Manes.
Y agregó: “Cuando uno piensa en enfermedad del cerebro, se piensa en el accidente cerebrovascular (ACV), en traumatismo de cráneo, en epilepsia, en esquizofrenia, trastorno bipolar, esclerosis múltiple. Pero también la enfermedad del cerebro agrupa la depresión, el estrés crónico, el insomnio, la ansiedad y por supuesto el Alzheimer, que si fuese un país sería la economía número 18 en términos del costo que genera. También vamos a tener un abordaje integral del autismo, especialmente en niños y sus dificultades para la comunicación, la socialización y la conducta. Será un centro modelo del abordaje del autismo”.
“El segundo pilar a trabajar aquí será el de la salud en la educación, con la tarea de inculcar a la sociedad argentina los valores y la conciencia de conocer al cerebro para su cuidado y tener una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo integral. Esto crea conciencia en el paciente y en la familia y amigos. Y también sirve para reducir el estigma. Y el tercer pilar es el científico. Ineco ha publicado más de 500 trabajos científicos en los últimos 10 años. Y este centro de innovación va a potenciar esto, con el ingreso de empresas con base científico-tecnológica. Esto también trae aparejados los pilares de la innovación y el emprededurismo“, concluyó Manes.
Mediante el empleo de nuevas tecnologías, protocolos de trabajo con bases neurocientíficas sólidas y un grupo de profesionales que trabajan de manera antidisciplinaria, el Centro tendrá la capacidad para brindar asistencia a más de 15.000 pacientes por año, contará con 29 consultorios, 7 salas de tratamiento grupal, un gimnasio de 200 metros cuadrados y un patio exterior diseñado exclusivamente con fines terapéuticos.
Inspirado en los mejores centros especializados del mundo, CITES INECO da origen al Departamento de Neurodesarrollo y CEA –condición del espectro autista– concebido como una plataforma de diagnóstico de estándares internacionales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pequeños y sus familias, haciendo foco en desarrollar la autonomía, la educación y el manejo cotidiano del grupo familiar en su conjunto. Esto último posibilitará que las personas con alguna condición del espectro autista logren vivir de manera plena e integrada a la sociedad, ejerciendo su derecho a educarse, formarse y trabajar.
El desarrollo científico es uno de los pilares fundamentales del nuevo Centro CITES INECO, donde se generará un espacio para el intercambio de conocimiento con entidades reconocidas a nivel nacional e internacional, promoviendo la sinergia y colaboración con centros de vanguardia alrededor del mundo.
Alejandro Simón, presidente de CITES & CEO de Grupo Sancor Seguros, sostuvo a Infobae: “La creación del Centro CITES INECO es un hito y un ejemplo de cómo la ciencia y el sector privado se unen con el objetivo de ayudar al desarrollo y la transformación de la sociedad. Uno, permanentemente, desde su rol de empresario busca que su trabajo impacte de manera positiva en la sociedad, generando crecimiento y riquezas”.
Y agregó: “Con la inauguración de CITES INECO la Argentina ingresa de lleno en la economía del conocimiento, a través de la generación de incubadoras de empresas de bases tecnológicas disruptivas, de escalabilidad mundial, que generarán divisas y empleos calificados para nuestro país. Esto permitirá desarrollar un cambio en nuestra economía y transformar la matriz productiva de Argentina”.
Según describió Manes, “esta gran iniciativa conjunta, que ha demandado una inversión de 300 millones, promueve activamente una cultura antidisciplinaria única, estimulando la interacción de áreas dispares del conocimiento”.
Su objetivo es impulsar el conocimiento, la salud, la investigación, la creatividad y el emprendedurismo. Al mismo tiempo, busca brindar atención de calidad orientada a conseguir una mayor autonomía funcional y una mejor calidad de vida de los pacientes, innovando constantemente para crear nuevas tecnologías y tratamientos.
Según los organizadores, la educación tiene un rol central en CITES INECO. El nuevo centro alberga el Instituto de Altos Estudios del Conocimiento, un espacio académico que tiene por objetivo convertirse en un polo generador y transmisor de saberes innovadores y socialmente relevantes sobre los procesos del conocimiento y el comportamiento humano.
Gracias a un auditorio de 300 metros cuadrados con capacidad para 350 personas, aulas polifuncionales y un equipamiento tecnológico de última generación, CITES INECO podrá ser sede de destacados encuentros científicos de todo el mundo.
También cuenta con un espacio de co-working, totalmente equipado con la más avanzada tecnología, para contribuir al desarrollo de un ecosistema emprendedor, promoviendo la innovación tecnológica de manera federal dentro de la Argentina.
En este espacio los emprendedores podrán trabajar con sus equipos en el desarrollo de los start ups y contar con los medios de comunicación e informáticos necesarios, logrando un círculo virtuoso de creación de valor basado en conocimiento de primer nivel mundial.
Las actuales condiciones del país, como consecuencia de los recientes acontecimientos económicos, han profundizado la grave crisis en la que se venían desenvolviendo los prestadores independientes, fundamentalmente pequeños y medianos.
(CADIME) En un comunicado la Cámara de Instituciones de Diagnostico Medico –CA.DI.ME, señaló que “desde hace años, la fuerte depreciación arancelaria y el estado de permanente desfinanciamiento están ahogando al conjunto de las empresas prestadoras, situación que en la última semana se ha agravado superlativamente dada la fuerte devaluación de la moneda”.
“Hoy ya nos enfrentamos a la imposibilidad de comprar nuestros insumos ante la negativa por parte de los proveedores a venderlos, o a soportar la incertidumbre de adquirirlos sin precio cierto, toda vez que los insumos utilizados en diagnóstico ambulatorio, particularmente imágenes y laboratorio actualizan sus precios con el valor del dólar”.
“En particular, en el acumulado a julio de 2019, los insumos de laboratorio de análisis clínicos (LAC) incrementaron su costo un 18% (reactivos) y un 20% (descartables) y en el caso de diagnóstico por imágenes (DxI) el costo de las placas se incrementó un 15%”.
Asimismo en el comunicado expresan: “Si se tienen en cuenta esos aumentos en insumos y en el resto de los rubros, se observa que las prestaciones de diagnóstico ambulatorio enfrentaron aumentos de costos entre enero y julio de 2019 del 16,8% en LAC y del 16,6%en DxI. Esto sin considerar la incidencia del brusco aumento del dólar (+30%), pasando de $45 a $60 en la última semana, lo que impactará con fuerza en los próximos días en todos los rubros de costos prestacionales tanto de insumos importados y de origen nacional”.
“El sector integrado mayoritariamente por Pymes, no está en condiciones de soportar una nueva suba de sus costos, dado que la crisis producida por la continua depreciación arancelaria continua profundizándose”.
“Advertimos nuevamente sobre la gravedad de la situación para la continuidad de las empresas que representamos, exigimos el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y reiteramos la necesidad de sostener la actividad de la extensa red de prestadores de diagnóstico ambulatorio – actores fundamentales para la atención primaria-, por razones económicas, sociales, y fundamentalmente por su impacto sobre la salud de la población argentina”.
“Política fiscal, aranceles, concentración económica, desregulación, integración pública – privada, regulación de la tecnología, etc. son algunos de los aspectos en los que deben desarrollarse ámbitos de concertación y formulación de políticas de Estado en Salud, orientadas a la consolidación de un sistema de salud más integrado, equitativo y de calidad”, indica la cámara en el comunicado.
Afecta al 70% de la población. Las prepagas y los pacientes se quejan. El Estado no encuentra la salida. Factores del colapso.
El sistema privado de salud está en terapia intensiva. Los tres actores que forman parte de esta gran estructura, que involucra a un 70 % de la población del país, coinciden en la existencia de una crisis.
Las prepagas, obras sociales y clínicas se unieron para denunciar que todo está a punto de colapsar. Según su planteo, la mayor sobrevida de la población y el desarrollo científico a nivel mundial se combinan con factores locales: inflación, insumos dolarizados, la ampliación de prestaciones en el Plan Médico Obligatorio (PMO) y la judicialización de las coberturas. Por su parte, los pacientes -las verdaderas víctimas-, cuando les toca enfrentar una enfermedad o discapacidad, terminan enredados en malabares burocráticos para acceder a los tratamientos y, a veces, no lo logran.
Por último, está el Estado que es el máximo responsable del funcionamiento de este sistema, pero no encuentra la salida, a punto tal que el propio secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, reconoce la existencia de una crisis alarmante: “Estamos bastante en manos de Dios”, dice.
A principios de mayo, se creó la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) que, por primera vez, nuclea en un mismo espacio a prestadores (sanatorios y clínicas) y financiadores (prepagas) de medicina privada del país. “Nos unió el espanto”, asegura Jorge Cherro,presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ADECRA), uno de los miembros. “Este es el último intento de salvar al sistema”, subraya por su parte Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group y presidente del nuevo organismo.
Según las cifras que manejan estos empresarios, y que ratifican desde el Estado, la crisis en el sector puede poner en jaque a la totalidad del sistema de salud: ya sea a través de una obra social o de una prepaga, más de 30 millones de argentinos utiliza servicios privados de cobertura médica. El resto, apenas un tercio, se atiende de forma exclusiva en el sistema público.
El negocio de la medicina privada en el país mueve, cada año, entre 6.500 y 7.000 millones de dólares y tiene, en épocas prósperas, un promedio de rentabilidad de 2,5 a 3%. “Hoy, las que tienen espalda para soportar la situación y pueden mantenerse en azul están en 1 o 1,5% de rentabilidad. Otras ya están en rojo”, aclaran voceros.
Y si bien los números fríos son fundamentales para comprender la denuncia que involucra un negocio, la contracara de esta situación es humana. Según Enio García, de la Fundación Soberanía Sanitaria, durante el primer trimestre de este año, sólo en la zona Metropolitana (la única donde hay estudios al respecto), las prepagas perdieron 140.380 afiliados, es decir, el 10% del total.
Con matices, las entidades reconocen problemas en este sentido: “La crisis ya hace aparecer algunos síntomas. Como financiadores, estamos viendo dificultades de la gente para pagar las cuotas, para acceder a tratamientos cuando tienen algún tipo de copago, y también bajas. Esto va a ir empeorando porque generalmente, cuando hay bajas, los primeros que se van son los que usan menos servicios. O sea, te queda menos gente que aporta pero que consume más servicios”, afirma Daniel Barbagallo, gerente de Relaciones Institucionales de OSDE y presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina (ACTRA), también miembro de la UAS.
Problema internos. Según los empresarios, las dificultades propias de la Argentina que complican al sector se podrían sintetizar en: la inflación, que en el sector de la medicina siempre está por encima de la general; la devaluación del dólar, en una industria que debe importar todos sus insumos; el Congreso que, según ellos, aprueba leyes para incorporar prestaciones al PMO y obliga a las obras sociales y prepagas a dar su cobertura sin considerar el financiamiento; cuestionan la actitud de los jueces, quienes otorgan amparos judiciales para que estas entidades se hagan cargo de determinados medicamentos o tratamientos -dicen- sin un análisis de fondo de cada situación; y el estancamiento de la economía, que impide generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado que pueda incrementar el número de nuevos afiliados.
A una velocidad vertiginosa aparecen nuevos desarrollos científicos y farmacológicos que tienen costos extremadamente altos y dolarizados, algo difícil de afrontar en un país devaluado. Rubinstein reconoce que ni siquiera las arcas del Estado podrían cubrir esa diferencia: “La inflación de costos en salud, sobre todo en la última década, se ha disparado de una manera fenomenal y exponencial. Esto es lo que está amenazando la sustentabilidad. No alcanza en las prepagas y tampoco alcanza el Fondo Solidario de Redistribución al que aportan todas las obras sociales del país, que tiene el objetivo de compensar inequidades y de financiar prestaciones de altísimo precio”, asegura. Para el secretario, la crisis que del sector privado se puede extrapolar al sector público.
Belocopitt insiste en este punto: “Pongo un ejemplo. En el 2018, la medicina prepaga aumentó un 40,7 y la inflación general había sido de 47,6. Pero la inflación médica había superado el 65%”. Su afirmación es una respuesta que intenta tamizar la crítica que se le hace al sector por el aumento de las cuotas. Desde la Fundación Soberanía Sanitaria, por ejemplo, aseguran que “en los cuatro años de Cambiemos, las prepagas han tenido un aumento acumulado de un 255%”, asegura García.
“Para que sea un aumento, debería estar por encima de la inflación. Ni siquiera es actualización. Estos aumentos no cubren la actualización, la inflación médica y todas las nuevas prácticas que se le impusieron al sistema”, se defiende Belocopitt y provoca: “No hay relación entre el precio de la medicina prepaga y el producto. Aunque a la gente le duela escucharlo, el precio de la medicina prepaga en Argentina es barato”.
En este escenario, los empresarios se enfurecen particularmente con dos poderes del Estado: el legislativo y el judicial. “El Estado delegó el sistema de salud de los argentinos en las obras sociales y en los sistemas de medicina prepaga. Hicieron política con el bolsillo del sistema. El Congreso, en los últimos 20 años, levantó la mano para crear nuevas coberturas. No discutimos si están bien o mal sino que nunca se discutió cómo se iban a financiar”, insiste Belocopitt y agrega: “Las organizaciones de salud fueron concebidas para actos médicos y no para actos sociales”.
En esa línea, ponen como ejemplo una serie de leyes que fueron aprobadas sin una reglamentación clara respecto de su financiamiento, como por ejemplo, celiaquía, obesidad o fertilidad asistida. Según dijo a NOTICIAS Carmen Polledo, diputada y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja, desde que ella asumió en 2017 esto no ocurre.
Rubinstein admite que desde el Gobierno se está revisando este desajuste. “Nosotros no estamos de acuerdo con sacar leyes para cada enfermedad porque eso es ineficiente e inequitativo”, aseguró.
Un enojo similar tienen los empresarios con los jueces, a los que acusan de aprobar medidas cautelares a mansalva para dar cobertura médica con tratamientos o medicinas que, a veces, ni siquiera han atravesado todas las fases de prueba científica. Esta situación también la observa Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires: “Los jueces no son médicos y quizás no lo analizan bien. Hay un abuso de la figura del amparo y el magistrado, ante la duda, saca una cautelar”.
Según Cherro, el estancamiento de la economía en este contexto no es un tema menor: “El empleo privado aumentó un 0,5% por año mientras que el monotributismo, los trabajadores domésticos y los empleados públicos aumentaron entre un 19 y un 23%. Esto quiere decir que hay un sector grande de personas que se incorpora a la seguridad social, con su grupo familiar, con muy pocos ingresos. El empleado privado, que es el que puede llegar con buenos ingresos per cápita, va disminuyendo”.
Problemas externos. La situación descripta se profundiza con los avances médicos que hicieron que las personas vivan más y, por ende, puedan depender muchos años de tratamientos o medicamentos. Además, aparecen nuevas medicinas y tecnologías que curan o tratan enfermedades que eran mortales en el pasado y que, ahora, implican un altísimo costo para la industria.
“Las drogas de alto costo y baja incidencia están generando estragos en el sistema de salud. No hay chances de experimentar con estos medicamentos. Deben ser aplicados, pero con la precisión absoluta de éxito porque pueden hacer explotar un sistema.Hay frasquitos que cuestan 2,2 millones de dólares. El mundo mira esto con la alegría de ver que traen increíbles soluciones si se usan bien, pero desgarradores problemas si se usan mal”, insiste Belocopitt.
En la misma línea habla Rubinstein: “Todos los días hay nuevos descubrimientos y avances. Pero muchas veces el beneficio es muy marginal si uno pondera por toda la población beneficiaria. Por ejemplo: en los últimos 10 años, la sobrevida del cáncer colorrectal aumentó en promedio entre 4 y 6 meses pero el costo del tratamiento, de la quimioterapia, de los nuevos agentes biológicos para tratar este cáncer, aumentó 100 veces”, advierte el secretario. Y agrega: “Yo soy la autoridad sanitaria máxima del país y tengo que pensar en el sistema de salud en su conjunto”.
Por ello, el reclamo de las entidades es que el Estado regule y ponga límites tanto a los legisladores como a los jueces. “Si el avance sigue a este ritmo, no nos quedan más de dos o tres años”, insiste Belocopitt.
En la teoría. De forma llamativa, tanto las entidades como el secretario de Salud coinciden en la necesidad de hacer una reforma estructural. Según Rubinstein, ya están trabajando en ese sentido y espera que el Senado le de un pronto tratamiento a la ley que pretende crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria que regulará todo lo vinculado a las prestaciones médicas. “En la medida que no tengamos la Agencia, estamos bastante a la buena de Dios”, advierte.
“Se confunde el rol de la prepaga con el del Estado. Somos un servicio opcional. Si los hospitales públicos funcionaran bien, tendríamos menos afiliados pero se podría cobrar más, tendríamos mayor rentabilidad y 200 millones de problemas menos”, explica Belocopitt.
En la práctica. La discusión política, económica o médica acerca de cuáles son los modelos más sustentables parece una abstracción absurda cuando se necesita una cobertura. Los trámites para cualquier chequeo pueden ser engorrosos, pero todo se complica de forma terrible cuando en el grupo familiar hay alguna persona con discapacidad.
Karina Herrera, presidenta de la Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFFAPREI) y madre de dos niños con autismo, asegura que desde el inicio se encontró con trabas por parte de su prepaga: “Desde demoras para aprobar terapias hasta el filtro que significa pasar por el equipo interdisciplinario externo que tiene la prepaga, que siempre cambia el diagnóstico e hizo que perdiéramos tiempo valiosísimo”, cuenta. Similar es el testimonio de Mónica Iturbide, también madre de un niño con autismo que decidió judicializar su caso: “Fui a la Justicia por la no paga del nomenclador. Siempre pagan menos de lo que deberían. El primer amparo lo hice hace 9 años y después siguieron dos más”, cuenta.
La urgencia de las familias no puede esperar a que el Estado y los actores de la medicina privada se pongan de acuerdo. Las respuestas deben ser inmediatas.