Columnista invitado (*) Es triste saber que nuestras más terribles predicciones se cumplieron, no produce ninguna gratificación saber que uno y tantos otros, no estábamos equivocados.
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La función innata de un dirigente responsable es anticiparse a los hechos, pero de poco sirve si no logra cambiar el rumbo de las cosas. El problema sanitario, se ha transformado por políticas erróneas (intencionadas o no), desidia o simple “mala praxis” en una bomba de relojería que ya estalló y solo estamos haciendo control de daños, evitando más víctimas, tratando de salvar lo que aún queda en pie.
Desde un Estado benevolente y digo Estado y no gobierno, porque para llegar a donde estamos hizo falta la concurrencia de la concurrencia del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que, por acción u omisión, todos son partícipes necesarios de esta debacle.
La medicina privada, si bien nació hace más de 100 años con los Hospitales de Comunidad, entidades confesionales que prestaban servicios de salud, mutuales y cooperativas, que daban un servicio complementario al que deba el Estado, en los años 80, la afiliación crecía a altas tasas, basada en un modelo de libertad de contratación y de planes adaptados a la necesidad de la gente.
El servicio era tan apreciado que todos quería obtenerlo, aun pagando de su bolsillo el 100% de la cuota, prueba de ello es que desembarcaron en la Argentina, poderosas compañía de seguros y empresas multinacionales de robustas finanzas y larga trayectoria, todas abandonaron el país dado que era imposible competir con un producto que era muy superior a los ojos de los usuarios.
Los médicos pujaban por entrar al sistema
En esos años de crecimiento exponencial, los médicos e instituciones pujaban por entrar al sistema y, de hecho, los profesionales pudieron acceder a mayor número de pacientes, con un pago por honorarios, que, si bien no era el de su consultorio privado, les permitió crecer personal y profesionalmente. En esos momentos, entre los años 70 y los 80, tiende a desaparecer el paciente privado, la gente, aun con planes de cobertura perfectamente definida, accedía a una mejor calidad de servicios por una cuota mensual o en otros casos bajo la cobertura de la Seguridad Social.
La desaparición del paciente privado puro fue básicamente por dos motivos, primero la medicina se encarecía a pasos agigantados y segundo había un sistema que daba respuesta con calidad y confort al alcance de la mano por un pago mensual accesible, aunque, esta opción, era solo para algunos. Los planes crecían, bajo un modelo solidario, “sí solidario”, aun en el sistema privado, donde jóvenes y sanos financian a mayores y enfermos, por ese motivo es muy importante el estado de salud y la edad al momento del ingreso.
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En esto se basaba el sistema, riesgo “relativamente acotados” y la no incorporación de personas con patologías preexistentes, ni mayores, porque desbalanceaban la ecuación económica de las entidades, hay que entender que las entidades que son responsables de la cobertura en el presente y el futuro, si incorporaban gente que nunca aportó al sistema, incumplían con el mandato tácito de los afiliados que ya están dentro del Sistema, la ruptura de este acuerdo, sería una acción discrecional y por lo tanto arbitraria y lesiva de los intereses de los propios afiliados,
Hasta que vino el Estado y en su primera acción de magnitud, homologó en un artículo, la cobertura médica pautada por contrato con el Plan Médico Obligatorio. Obligó a las empresas a cubrir oncología, HIV, entre otras cosas, conceptos que no estaban dentro del cálculo actuarial, trasladando estos mayores costos, obviamente, a los afiliados que ya estaban en el sistema, enviando a la quiebra a muchas empresas de medicina privada, pequeñas y medianas e innumerables mutuales y cooperativas, que con montos exiguos daban coberturas parciales, arreciaron los reclamos por intervenciones quirúrgicas, tratamientos costosos, que nunca habían sido pautados.
Se vulneraron los acuerdos entre partes y se obligó a los afilados a pagar “integralmente” por el 100% de su cobertura, aun cuando tuvieran otras opciones de naturaleza obligatoria, como son la atención pública y/o de la seguridad social.
El derecho a la salud
Es importante recordar que “El derecho a la salud” que emana de nuestra Constitución Nacional, está en cabeza del Estado que tiene la responsabilidad total e indelegable y fue responsable de firmar los pactos internacionales en materia de derechos humanos y por consiguiente quien debe asumir los compromisos contraídos.
Luego llegó la Ley de Medicina Prepaga, Ley 26682, que básicamente obligó a incorporar enfermos y mayores y fijó incrementos de cuotas en forma arbitraria, siempre muy por debajo de los costos que seguían creciendo, incumpliendo su propia norma en el artículo 17. Más tarde vinieron una catarata de leyes, 100 aproximadamente, que agregaron coberturas, pero nunca financiamiento y menos del Estado.
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Entre ellas, la ley de discapacidad, que merece un párrafo en particular, nunca se negó la cobertura médica a un discapacitado, pero colegios, transporte, geriátricos, asistentes de adultos mayores, fueron reclamados en su nombre. La cobertura médica nunca debió pagar los gastos sociales de la discapacidad, ¿por qué motivo tuvo que asumir un rol que le correspondía a las familias o al Estado?
Un párrafo en especial merece la industria de juicio, que, de la mano de las acciones iniciadas por mala praxis, bajo la modalidad del beneficio de litigar sin gastos, los juicios laborales, en particular de médicos, que después de décadas, trabajando bajo la modalidad de locación de servicios en múltiples instituciones, se reconocían a sí mismo como empleados que habían sido traicionados en su buena fe.
Las acciones de clase
Finalmente, una obra macabra como son las acciones de clase contra las entidades de salud, por arrevesadas interpretaciones de normas grises, se reclaman montos multimillonarios, también bajo el beneficio de litigar sin gastos, en representación de una masa innominada de afiliados “pseudo perjudicados”, para único beneficio de estudios jurídicos, que negocian motivados por cuantiosos honorarios.
Las acciones de clase existen en el mundo y son una excelente herramienta para los derechos colectivos, pero es solo en Argentina donde, alguien se arroga el derecho de defender los intereses de gente que “nunca” se lo cedió. No alcanza con imaginar un mero error del legislador sino complicidad con los que se benefician a costa del trabajo de otros.
En la Argentina, históricamente el gasto judicial por todo concepto, hasta hace unos años rondaba el 7% del gasto en salud (hoy estimamos que ese porcentaje es muy superior). Pensar que estos reclamos, por diversos motivos bajo una serie de normas de imperfecta (pero abundante) redacción (con o sin intención) se llevan 35.000 millones de dólares que deberían ser destinados a gasto médico. Nadie niega el derecho legítimo al reclamo por vía judicial, pero lo que crea una reacción visceral es el abuso, liso y llano, para generar enriquecimiento espurio de algunos pocos.
Los afiliados a las prepagas
¿Por qué los afiliados de las obras sociales o prepagas tuvieron que pagar, por un soporte familiar que es responsabilidad de la familia o del Estado? ¿Por qué, los tratamientos para pacientes crónicos o terminales, de altísimo precio deben ser asumidos por estos grupos de afiliados? cuando, muchas veces, no hay evidencia sólida o la que hay es insuficiente; por otra parte “¿cuánto está dispuesta a pagar la sociedad?” para agregar pocos meses de vida y muchas veces de dudosa calidad a un paciente terminal o financiar un uso compasivo.
En nuestros cálculos, un 3% de la población consume el 46% del gasto, en la gran mayoría sobre los conceptos descriptos. Todas las decisiones de incrementar cobertura, justificadas o no, son afrontadas por los que están dentro del sistema y no por la sociedad en su conjunto. Por ese motivo las cuotas pueden subir al infinito y no alcanzar nunca el punto de equilibrio de las entidades, esto tiene consecuencias ocultas y otras visibles.
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Hoy los profesionales están mal pagos, el personal sanitario recibe menores remuneraciones comparadas a las de otras actividades económicas, incluso mucho menos que el costo de vida (un 43% hasta diciembre 2023 proyectado al 25%); la tecnología médica se vuelve obsoleta, no solo cuesta reponer sino reparar equipos , algunas las entidades están endeudadas con el fisco (muchas desde el año 2001, a desde que rige la emergencia sanitaria), con proveedores y con el sistema financiero, subsistiendo, más que precariamente, hasta este diciembre 2023 con los subsidios del Estado para poder pagar sueldos. Los profesionales se van de las cartillas y en muchos casos migran en búsqueda de mejores horizontes.
Como es posible haber llegado a este momento: imprudencia, impericia y negligencia caracterizan a la mala praxis, agregaría prejuicios e intencionalidad en algunas circunstancias, no se puede no saber que lo único inevitable son la muerte y las consecuencias. Una característica muy negativa de la demagogia con que el Estado, los medios y la sociedad, trataron al sistema de salud, basado en dar más de lo que se puede, situación que se agrava cuando los recursos son de otros.
Cuotas y salarios
Hoy llegamos a diciembre del 2023, medido desde enero 2012, contra costo de vida proyectado al 25% para diciembre 2023 (14.200%). Con un retraso de las cuotas del 80% y de los salarios del sector del 43%, debemos tener en cuenta que cuota y salarios son las fuentes de financiación de la salud privada y seguridad social respectivamente y de la complementación de ambas en forma directa y los impuestos que todos pagamos son la del sector público.
Los gobiernos han usado al sistema de salud con fines políticos, le han pisado el precio y aumentados al infinito sus costos, confundiendo a la atención médica del sistema privado con un servicio público, evitando los traslados de los mayores costos, por demagogia y porqué “supuestamente” impulsan “significativamente” al costo de vida, indicador que evidentemente no lograron contener y aseveración que además es falsa, según al INDEC el costo de la Medicina Prepaga pesa un 2% sobre el índice de precios al consumidor, si durante este periodo ( 12 años) no hubiera habido aumentos de la cuota, el costo de vida hubiera sido 14.040
Según la OMS, los costos en salud crecen medidos en diversos países a lo largo de 15 años un 42% más que el IPC, esto daría para nuestro país prácticamente 20.100%, si Argentina no llegó a esos valores es porque tiene una inflación basal muy alta y por que hay un retraso en los precios relativos de la canasta de la prestación asistencial, especialmente, en lo relacionado con la retribución al factor humano, prestadores y profesionales están dramáticamente relegados, prácticamente un 100%.
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Para tomar un periodo más corto, desde el 1° de enero de 2020, a meses del inicio de la pandemia, con la dualidad de que se incrementaron todos los costos de la atención, se generaron mayores y más complejas estructuras, prácticamente con precios congelados durante todo el año 2020, las hospitales perdieron 4 facturaciones ( en términos de producción de servicios asistenciales) que nunca se recuperaron, con una asistencia del Estado que jamás alcanzo para compensar la perdida y que transformo al sector por decisiones eminentemente políticas en subsidiario y dependiente.
Desde esa fecha hasta hoy, solo a modo de ejemplo: los sueros aumentaron 1.907%, los pañales 5.377%, ropa descartable 1.832%, Placas 1.569%, Gamaglobulina 1.910%, Sustancias de contraste 3.547%, medicamentos 1.850%, mientras que la cuota subió un 767% y los aranceles prestacionales 700%.
La liberación de la cuota
La liberación de la cuota es necesaria, pero claramente insuficiente, si se hubiera podido trasladar a precio los mayores costos en cada momento, el sistema no hubiera colapsado como es su situación actual, pero ¿hasta cuánto podría soportar los afiliados al sistema con estos costos crecientes?, muchos con baja o nula justificación científica o sanitaria y otros por los que ya tiene derechos y paga una y otra vez.
Es necesario acompañar con medidas de fondo, como la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, la Agencia de Evaluación de la Calidad, un modelo basado en la APS (atención primaria de la salud), un plan de cobertura taxativo, bajo protocolos de buenas prácticas, la creación de un fondo para que 46 millones de personas que habitan nuestro país tengan las mismas oportunidades ante las enfermedades y tratamientos de alto precio, basado en un sistema transparente de compras conjuntas, una historia clínica informatizada con la información del paciente oportuna y completa, la receta electrónica y la prescripción por denominación genérica internacional.
|Fuente: www.tn.com.ar
