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A través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el gobierno busca frenar la epidemia de sobrepeso y obesidad en los chicos, implementando un conjunto de medidas educativas, comunicacionales y regulatorias que ha demostrado evidencia científica para abordar el problema. El plan fue publicado ayer en Boletín Oficial.

El gobierno, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, puso en marcha el Plan Nacional de Alimentación Saludable en la Infancia y la Adolescencia, Plan ASÍ, una iniciativa que tiene por objetivo consolidar una estrategia intersectorial y en distintos niveles jurisdiccionales para detener la epidemia creciente de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes 2019-2023.

“Estamos poniendo en marcha hoy una estrategia que va a tener un enorme impacto en la salud y el desarrollo de nuestros chicos, pero también y especialmente, que va a transformar el futuro de los argentinos, disminuyendo el sobrepeso, la obesidad y la carga de una serie de enfermedades crónicas asociadas a éstas como son las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer”, indicó Adolfo Rubinstein, secretario de Gobierno de Salud de la Nación, tras la publicación ayer en Boletín Oficial.

El funcionario enfatizó que en la actualidad “de cada cinco niños pobres con malnutrición, cuatro tienen sobrepeso u obesidad, y uno baja talla, la característica de la desnutrición”, y puntualizó que “en los quintiles de menores ingresos esto se agrava, ya que según los datos alrededor del 34 por ciento presentó sobrepeso u obesidad”.

El fenómeno que afecta a los chicos es parte de una tendencia mundial que se extiende también a la población adulta. Según la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2018/2019, el 61,6% de los argentinos reportó tener exceso de peso, en una proporción de 36,2% de personas con sobrepeso y 25,4% con obesidad y con una constante tendencia en aumento desde el 2005.

El Plan ASÍ, publicado bajo la resolución 996/2019, contempla la implementación articulada y conjunta de intervenciones educativas, comunicacionales y regulatorias que han mostrado evidencia científica para lograr el objetivo de detener la epidemia de sobrepeso y obesidad.

En ese marco, Rubinstein destacó el trabajo conjunto entre las carteras de Salud y Desarrollo Social, Educación y Agroindustria ya que para revertir esta situación “el abordaje no puede ser exclusivamente sanitario porque hay una enorme cantidad de aristas que tienen que ver con componentes educativos y nutricionales, con el manejo de la alimentación en la población vulnerable; con la producción de alimentos saludables sostenible y con la regulación de entornos saludables, entre otros, que requieren un tratamiento articulado”.

Por su parte la directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Verónica Schoj, aseguró que “la obesidad es uno de los principales factores de incidencia, mortalidad y morbilidad de las enfermedades crónicas no transmisibles por lo que trabajar por la alimentación saludable y prevención del sobrepeso y la obesidad es una política para garantizar la reducción de la inequidad y de la vulnerabilidad”

Además Schoj advirtió que “si bien las enfermedades crónicas no transmisibles producen el 60% de las muertes en el mundo, en nuestro país esa cifra asciende al 73,4%”.

Los objetivos estratégicos del Plan ASI son:

• El fortalecimiento de la educación alimentaria y nutricional, y de la actividad física en referentes sociales multiplicadores, a través de estándares homologados como los que hoy proveen las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) de la Secretaría de Gobierno de Salud;
• La sensibilización y movilización de la comunidad y de actores claves sobre la problemática del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes (NNyA), desde un enfoque sociocultural de la comunicación, que contempla un conjunto de acciones de comunicación en medios masivos, redes sociales, materiales de campaña y eventos territoriales.
• La promoción de una adecuada calidad nutricional en los programas con componente alimentario e incentivar sistemas alimentarios sostenibles a fin de proteger la salud y estado nutricional de los grupos poblacionales, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad en el país, evaluando las políticas existentes, y analizando la calidad nutricional de las mismas para promover diversas intervenciones para mejorarlas a partir de un diagnóstico adecuado.
• Promover políticas a nivel nacional y subnacional que regulen los entornos y los productos para facilitar el cumplimiento de las pautas nutricionales y la promoción de la actividad física, basadas en los mejores estándares regulatorios internacionales.
  Por último, un elemento clave para la gobernanza del Plan –establece la norma–, es la articulación con actores intergubernamentales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF y FAO, y otros actores no gubernamentales y académicos, en el marco de un consejo asesor.

Obesidad infantil en la Argentina

La obesidad infantil y en adultos viene creciendo de manera acelerada en Argentina, acompañando una tendencia mundial. Datos provenientes del programa SUMAR del Ministerio de Salud muestran que, en una población de más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que se atiende en el subsector público de todo el país, y que corresponde a población de los quintiles 1 y 2 de ingresos, el 34,5% presentó sobrepeso u obesidad en 2016.
Otro dato fundamental que surge del Programa SUMAR es que la malnutrición con sobrepeso es 4,3 veces más frecuente que la malnutrición con bajo peso (34,5% vs 8,1% respectivamente).
Esta información convalida el cambio de paradigma mundial, donde se observa una reducción de las formas clásicas de desnutrición con bajo peso, con un simultáneo aumento de niños y niñas que presentan malnutrición con exceso de peso.

Se realizaron en total 89 procesos de donación de órganos que permitieron que 182 pacientes en Lista de Espera reciban un trasplante.

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Durante mayo, mes de la donación de órganos, se concretaron en Argentina 89 procesos de donación que permitieron que 182 personas que se encontraban en Lista de Espera del INCUCAI accedieran a un trasplante para mejorar su calidad de vida. En total se realizaron 104 trasplantes renales, 46 hepáticos, 13 cardíacos, 9 renopancreáticos, 6 pulmonares, 2 hepatorrenales y 2 pancreático.

Los operativos de donación del mes se concretaron en 18 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, San Juan, Jujuy, Formosa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Corrientes, Río Negro, Chubut, Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los 89 procesos de donación concretados en el mes superan la marca anterior, alcanzada en agosto del año pasado luego de entrada en vigencia de la Ley 27.447 de Trasplante de órganos, Tejidos y Células.

En total, en los primeros cinco meses de 2019 se realizaron 370 procesos de donación de órganos que permitieron que 765 pacientes en lista de espera reciban un trasplante, 205 trasplantes más que los realizados en igual período de 2018. También se concretaron 626 trasplantes de córneas.

En la actualidad 7.448 personas esperan un trasplante de órganos y 2.448 uno de córneas.

La concreción del trasplante es posible gracias a la participación de la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de los profesionales de la salud de los establecimientos hospitalarios de todo el país y al trabajo de los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino.

Cómo manifestar la voluntad

Se puede registrar la voluntad respecto a la donación de órganos a través de los siguientes canales:

• Registrándose en el sitio web Mi Argentina..
• En los Registros Civiles en el momento de tramitar el DNI
• Enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino

• Firmando un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los Organismos Provinciales.

Fuente: www.conicet.gov.ar

Mientras el Estado regula los aumentos, las prestadoras comienzan a perder rentabilidad y algunas alertan por la baja de afiliados.

La sala de espera suele ser uno de los pocos lugares en los que se producen encuentros impensados. Allí se pueden ver familias que se reúnen después de años o amigos que se reencuentran a la espera de recuperación de un colega. Si hoy hubiera que posicionar a todas las compañías de medicina prepaga en un mismo lugar, sin dudas, el escenario sería ese.
Férreos competidores y poco tendientes a hablar con los medios, hoy, hablan todos. Y también hablan entre ellos. Porque a pesar de que el ítem salud es uno de los últimos en ajustarse en la canasta del argentino de clase media y alta, a principios de 2019, los ejecutivos empezaron a ver un “efecto goteo” en sus cápitas derivado de la recesión económica e, insisten, de una “ausencia total del Estado”.
Lo acusan de intervenir a la hora de regular los aumentos en las cuotas, pero de quedarse en “intenciones” al tratar otros puntos que, para los ejecutivos, resultan fundamentales en la formación de precios.

Entre estos, mencionan la necesidad de crear una entidad pública que regule y evalúe la incorporación de nuevas tecnologías o medicamentos que pueda comprar al por mayor y disminuir el impacto de los costos en dólares.
Hace dos años, el gobierno de Mauricio Macri planteó la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (Agnet), pero el proyecto quedó en la nada. “No pasó ni por Diputados, ni por Senadores, ni por nada”, confirma el directivo de una de las principales firmas.
También plantean la necesidad de rebalancear las coberturas que alcanza el Plan Médico Obligatorio (PMO), que nació en 2002 para garantizar una canasta básica de cobertura pero, según denuncian los propios directivos, se convirtió en una base “infinita e insostenible”.
Las principales firmas que compiten en este universo, entre entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro – como los hospitales de comunidad– son unas 10, aunque más del 50% de la torta queda para OSDE y Swiss Medical.
En términos generales, la torta de salud argentina se divide en tres porciones:
• Aquellos que no poseen ningún tipo de cobertura y dependen de los servicios públicos nacionales, provinciales o municipales (33,9%);
• Los que están cubiertos por el sistema de seguridad social en el que coexisten 300 obras sociales (63,5%);
• Quienes poseen un programa de medicina prepaga (13,5%).
Según el informe sectorial que realiza año a año el área técnica de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime), se estima que un 11% de la población posee una doble cobertura formal.

 

El casi 14% de la población con prepaga son unos 6 millones de personas que, mes a mes, pagan la cuota de un servicio médico. Según informan las compañías, la ecuación general suele ser la misma: un 30% son clientes voluntarios que ponen el valor total de su bolsillo, mientras que un 70% deriva aportes desde su obra social y paga la diferencia.
Las principales firmas que compiten en este universo, entre entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro – como los hospitales de comunidad– son unas 10, aunque más del 50% de la torta queda para OSDE y Swiss Medical. La primera, con 2,2 millones de afiliados; la segunda, con más de 950.000, aunque, aclara, es la primera netamente privada.
En tercer lugar figura Galeno, propietaria de siete sanatorios –La Trinidad y Dupuytren– y siete centros médicos propios, con 750.000 afiliados.
“Se nos están yendo afiliados. Es un goteo, un claro índice de que algo está cambiando”, asegura Luis Fontana, director general de OSDE, quien describe el proceso: “Primero se bajan de plan y después se van porque no lo pueden pagar. Esto empezó hace dos o tres meses como resultado de la crisis, pero nuestros problemas vienen de antes”.
En 2018, OSDE facturó $ 82.700 millones. Fontana asegura que en 2017 “perdieron plata” y que el año pasado “empataron por poco”. Y alerta: “Nosotros tenemos mucha población, pero imaginate lo que sufren las que tienen menos afiliados. La ecuación no cierra. En el corto plazo vamos a asistir al quiebre de empresas de medicina prepaga chicas”.

Con solo un par de horas de diferencia, al otro lado del teléfono, Claudio Belocopitt define a 2018 como un año “espantoso”. El empresario posee el 68,65 % de Swiss Medical, firma que el año pasado facturó $ 35.865 millones y hoy se encuentra construyendo un sanatorio nuevo en Nordelta y otro en Neuquén.
“Más allá de que el sistema tiene problemas estructurales que denunciamos y que lo hacen inviable, 2018 fue especialmente anormal porque la devaluación tan brusca hizo que sea absolutamente imposible compensar el desfase”, diagnostica.
Belocopitt reconoce que sus clientes se ubican en un segmento medio y alto, por lo que tienen “un comportamiento bueno”. “Los nichos del sector medio alto no cayeron. El problema no es de cantidad de clientes, sino en que estos paguen por la calidad del servicio que se está brindando”, dice.
La regulación: esa es la cuestión
Las empresas de medicina prepaga le ponen fecha al inicio de su crisis: mayo de 2011, momento en el que el Congreso aprobó la Ley 26.682 de regulación del sistema de medicina prepaga, impulsada por el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, en particular, por su secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Aún vigente, la norma plantea en su artículo 5° la regulación por parte del Estado del aumento de las cuotas del servicio. Hasta enero de 2019 esto era llevado adelante por la Secretaría de Comercio. El gobierno de Mauricio Macri limitó la responsabilidad a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y al Ministerio de Salud –hoy adherido al de Desarrollo Social bajo el ala de Carolina Stanley– pero, en definitiva, la mantuvo.

Esta ley conserva la obligación del PMO y además, impide a las empresas rechazar la afiliación de personas con enfermedades preexistentes y sostiene que la edad no puede funcionar como criterio para rechazar una admisión, entre otros requisitos.
“La regulación que tenemos nos ha hecho mucho daño. Uno cree que agregarle prestaciones está bueno, pero la ley dice que nos tenían que acompañar con el financiamiento adecuado para cada prestación, cosa que no sucedió. Eso fue deteriorando las rentabilidades hasta dejarnos por debajo del punto de equilibrio”, sostiene Julio Fraomeni, presidente del Grupo Galeno que, entre sus operaciones de medicina prepaga, seguros, ART y servicios financieros factura $ 50.000 millones y emplea a 12.000 personas.
En salud, Grupo Galeno tiene más de 35 años de experiencia. Para 2019 tiene planeadas la inauguración de la cuarta torre de la Trinidad de Palermo, continuar con la construcción de la Trinidad de Neuquén y el inicio de las obras de la Trinidad Mendoza, proyecto que se terminará entre 2021 y 2022. En total, desembolsará $ 3000 millones que, además, irán a una inversión que terminará en la creación de una aplicación integral del Grupo Galeno, desde la que los afiliados podrán realizar consultas virtuales o pedir una receta digital.
Fraomeni confirma que la empresa pudo mantener la cartera pero que, como a todas, “no le fue bien económicamente”. Y aclara: “El impacto de la devaluación del dólar de $ 20 a más de $ 40 fue muy difícil de abordar”.
Para dar cuenta de la situación explica que, en términos generales, los costos se dividen en dos grandes porciones: un 65% corresponden a recursos humanos y el otro 35%, a compra de insumos y tecnología. “Eso es todo dólar porque, desgraciadamente, acá no se fabrica nada. Lo que se fabrica puede ser medicación de laboratorios nacionales, pero la droga viene de afuera”, insiste.
Los costos se dividen en dos grandes porciones: un 65% recursos humanos y 35% compra de insumos y tecnología. Estos últimos son todos en dólares.
Allí es donde pega la regulación. Si se analiza la evolución de la inflación contra el aumento de las cuotas de servicio en 2018, quedaron atrasadas en un 7 %. Mientras que el Indec comunicó un aumento en el índice de precios al consumidor de 47,8%, al final del año, las boletas de medicina prepaga acumularon una suba del 40,8%.
Al cierre de esta edición, en lo que va de 2019, el Gobierno autorizó dos aumentos: uno del 5% en febrero y otro del 7,5% en mayo, aunque la inflación ya acumula 6,8 % solo para enero y febrero. “Si sumás enero, febrero, marzo, abril y el propio mayo, te va a dar no menos que el doble. A la inflación la corrés por atrás y con menos de lo que necesitás. La ley es mala, pero en momentos de procesos inflacionarios altos es más mala todavía”, remata Fraomeni.

Para el sector salud, hacer el análisis solo con la inflación macro resulta incompleto. A nivel mundial, los avances de las nuevas tecnologías aplicados a los equipamientos, medicinas y las investigaciones generan un fenómeno denominado inflación médica, la cual, en los últimos años, rondó el 8 %.
“Esto es visto rápidamente como algo bueno para todo el mundo, se alargó la esperanza de vida. Pero tiene un costo. A nuestra inflación tenemos que sumarle este porcentaje”, sostiene Fontana.
A modo de ejemplo, Fraomeni cuenta que, en Brasil, a pesar de que la inflación de 2018 cerró en un 3,7 %, las empresas de medicina privada aumentaron sus servicios entre un 12 y un 13% por contemplar este efecto. “En la Argentina, tenés dos formas: no mirar esto y no hacerlo o tratar de acompañar el proceso de crecimiento que tiene el sector con lo último, pero eso tiene un costo”, aclara.

José de All, director Ejecutivo del Sanatorio Otamendi, que emplea a 1200 personas y facturó, en 2018, $ 1249 millones, explica que, para un prestador, la necesidad de incorporar nueva tecnología es la base para sostener el negocio.
“Los financiadores de la salud, así como los actores de la seguridad social, han hecho un esfuerzo por acompañar el aumento de costos con recomposición de precios, pero limitados a las posibilidades regulatorias y de trasladar a su vez esos incrementos a sus asociados y afiliados”, evalúa y sostiene que la diferencia entre el aumento de costos y su compensación “viene dejando al sector sanatorial, cada vez más, en una situación de mayor fragilidad”.
En este sentido, también pone el foco en la cuestión impositiva. “El principal problema tiene que ver con la falta de correspondencia entre lo que se tributa en impuestos y la prestación de servicios que se recibe a cambio. Cuando los ciudadanos tienen que contratar estos servicios del mercado privado se enfrentan a una doble imposición ya que al hacerlo pagan nuevamente impuestos, IVA, Ganancias e Ingresos Brutos”, analiza.

Belocopitt coincide en este punto y denuncia que “la actividad de salud es considerada equivalente a cualquier otra. No tiene ningún régimen fiscal diferenciado y eso es una locura”.
“El sistema de medicina prepaga da prestaciones a obras sociales del Estado como PAMI o IOMA con tarifas muy por debajo de las necesidades y el personal tiene las mismas tasas que las de un albergue transitorio. Hay industrias que sí tienen régimen diferenciado”, subraya y, para dar cuenta del estado de situación, agrega que desde Swiss Medical no pueden usar los saldos de IVA a favor ni siquiera para pagar otros impuestos.

Intención vs. realidad
En 2019, la novedad para el sistema de salud llegó por parte del Decreto 66/2019. Publicado en enero, habilita a las empresas de medicina prepaga a dar planes parciales por fuera del PMO, aunque aclara que no se podrán derivar aportes de la seguridad social a un plan parcial.
El documento explica que la medida tiene como objeto “compatibilizar, en forma razonable, las disposiciones legales con la realidad y el dinamismo intrínseco y propio del sector de la medicina prepaga”. Al momento, la ley sancionada por el kirchnerismo solo permitía ofrecer este tipo de paquetes para servicios odontológicos, de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas; y para aquellos que desarrollaran su actividad en una única y determinada localidad con un padrón de usuarios inferior a 5000.

“Empresas como Medicus tuvieron este tipo de planes a medida desde sus inicios, pero dejaron de venderse cuando se implantó el PMO. La novedad es que vuelven a permitirnos ofrecer planes con cobertura parcial. Estos planes serán mucho menos onerosos porque podrían complementar la cobertura que una persona ya tiene en su obra social”, plantea Jorge Aufiero, presidente y director Ejecutivo de Medicus, prepaga que cuenta con 230.000 asociados y factura $ 8000 millones.
“Falta que se definan temas específicos, como el marco legal en el que se tienen que dar estos planes. Eso va a ser fundamental para que las empresas podamos trabajar en el armado y para que no haya 2000 planes y se pierda la transparencia de las empresas”, describe Fernando Werlen, director General de SanCor Salud, una de las compañías con mayor crecimiento en los últimos años.
En 2013, se planteó un plan de negocios para saltar de un promedio de 200.000 afiliados a 450.000, cifra que alcanzó en 2018 gracias a una fuerte presencia en el interior y su desembarco en CABA. El último año facturó $ 11.703 millones y mantuvo una rentabilidad del 3%, aunque aseguran que este índice presentó caídas durante el primer trimestre de 2019.
La estrategia de SanCor Salud se diferencia del resto del ecosistema por tener un 83% del segmento individuos y solo 17% del segmento empresas, aunque Werlen aclara que el foco estará en este punto, porque, para 2023, quieren llegar a 750.000 afiliados. Uno de los caballitos de batalla de la firma es su nuevo plan Staff Médico, un producto que se ubica un escalón más abajo del plan más barato de la firma. Con una cuota de $ 3000 (para una pareja con un hijo bonificado), permite acceder al PMO, aunque con un menor nivel de servicio.

Jorge Piva, director General de Medifé, firma con 270.000 afiliados, explica que la falta de intervención del Estado en la regulación y compra de nuevos medicamentos representa una amenaza directa para las firmas.
El caso local más reciente es el del medicamento Spinraza, diagnosticado para la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad genética que ataca las neuronas motoras de la médula espinal y se ubica en el grupo de las llamadas “enfermedades raras”. “Es crónica y el costo por paciente es de u$s 500.000 para el primer año. El Estado no tiene respuesta para esto. En el país hay 600 casos. Para las empresas, no importa si tenés 2 millones de afiliados o 50.000, esto desploma al sistema”, sostiene Piva.
Al momento, la Spinraza fue aprobada por la Anmat pero aún no se aclaró cómo será la cobertura. En este punto es donde para las empresas cobra importancia la necesidad de la Agnet: por la capacidad de regulación y de compra de este tipo de medicamentos. “En Uruguay existen fondos del Estado dedicados a financiar enfermedades crónicas. Un porcentaje de la cuota de la prepaga va a ese fondo para cubrir los efectos financieros que significan estas nuevas medicinas”, ejemplifica Piva.
“Una agencia de ese tipo tendría poder de negociación frente a la industria farmacéutica o bien podría trabajar en la importación de genéricos a un costo menor y, también, cubrir el porcentaje de enfermedades catastróficas”, explica Fontana pero remata que, en la Argentina, la salud privada no es prioridad. “No le dan importancia hasta que necesitan usarlo”, se queja.
En esta línea, Pive alerta sobre el impacto que el debate sobre salud tiene, hoy, en países como los Estados Unidos o el Reino Unido, y concluye: “Si no aparecen políticas de consenso, creo que el próximo Gobierno, en alguna altura de su mandato, va a tener que mirar a esos países en los que el sistema de salud se convirtió en un elemento divisor de la asignación de votos”.

Nace la Unión Argentina de Salud
Al cierre de esta edición, todos los directivos de las empresas de medicina prepaga entrevistados por Apertura confirmaron que se encontraban trabajando en la creación de la Unión Argentina de Salud (UAS). “Es como una Unión Industrial Argentina, pero de nuestro sector, para emprolijar la situación de contacto con la política, que se metió con nosotros”, ejemplificó uno de ellos.
“El objetivo es que todas las empresas que trabajan en salud, cualquiera sea su actividad, estén bajo una organización para hacer más uniformes los reclamos”, señala Claudio Belocopitt, de Swiss Medical.
Por su parte, Jorge Piva, de Medifé, aclara que todas las cámaras del sector que ya existen continuarán con su actividad habitual. El objetivo es que la UAS sea una institución de segundo grado.
“Cuando la situación es buena, las relaciones son buenas entre todos. Pero cuando la situación es crítica todas las partes empiezan a querer salvarse, no es fácil ser solidario”, reconoce Luis Fontana, de OSDE, quien aclara que el contexto llevó al sector a entender que, si no funciona como un círculo virtuoso, la situación va a empeorar.
(Publicada en la edición número 304 de la Revista Apertura; abril de 2019)

 

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