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Un grupo de voluntarios del sistema de Salud de Santa Fe, Argentina, durante las tareas de detección de nuevos casos de coronavirus yendo casa por casa

El sistema privado que tenemos –y que en la pandemia ha respondido-es un logro de la sociedad argentina. Y esto es así porque hace ya varias décadas, el Estado omnipresente no cumplió su rol de garante de la Salud. Entonces la sociedad fue encontrando distintas alternativas para escapar de sus servicios médicos que resultaban insuficientes. Para ello, renunció a un derecho: el 70% de la población renunció a usar los servicios de salud que el Estado organiza costeado por los impuestos y se protegió a través de un sistema privado que fue desarrollándose y dando respuesta a esa demanda. El desnivel en la calidad de servicio entre el sistema público y el privado es producto de la buena o mala gestión y no del recurso humano que comparten ambos sistemas.

Sin embargo, ante esta migración del 70% de los usuarios al sistema privado ¿Qué hizo el Estado? ¿Revisó su gestión? ¿Hizo una autocrítica? ¿Invirtió en mejorar la gestión pública? No, eligió ahogar al sistema privado:

–Gravó con diversos impuestos la cuota de quienes, pudiendo usar el sistema público financiado como se dijo con sus impuestos, deciden aportar una parte de su salario para financiar una obra social o una prepaga.

–Hackeó la lógica del seguro imponiendo la cobertura de preexistencias; es decir, el deber de cubrir a personas ya enfermas y que no han aportado al sistema, afectando los fondos de quienes si vienen aportando desde hace mucho tiempo.

–Provocó la judicialización a consecuencia de la legislación incorrecta y caótica, que dando lugar a múltiples interpretaciones, omite lo más importante: la definición de cuál será la fuente de financiamiento de las nuevas coberturas exigidas por más de 50 nuevas e irresponsables leyes. Un ejemplo de esto, son las distorsiones de la Ley de Discapacidad que obliga a Obras Sociales, prepagas y mutuales a cubrir servicios educativos, de transporte y hasta reformas edilicias, sin prever cómo se hará frente a tales erogaciones.

Nadie duda de que tanto las preexistencias como estas prestaciones por discapacidad deben ser atendidas, el planteo es por quién y de dónde se obtendrán los recursos para hacerlo. De lo contrario, lo que termina ocurriendo es que esas coberturas se dan en perjuicio del derecho de las personas que han contribuido durante años al sistema, viendo deteriorado su servicio.

Personal médico realiza controles de pacientes con COVID-19 en una unidad de terapia intensiva hoy en un hospital de la provincia de Buenos Aires

En cambio, el propio Estado, en discapacidad no asume ninguna obligación, tampoco en tratamientos de alto costo, al estar excluido en las leyes en cuestión.

Por otro lado, las internaciones, partos y cirugías que brinda el Estado a personas sin cobertura resultan dos, tres y hasta seis veces más costosas que en el sistema privado. Si consideramos al Estado como la obra social de los “sin cobertura”, hay que tener en cuenta que gasta por persona el triple de lo que dispone una obra social o una mutual y da un nivel mínimo e insuficiente de servicios.

A la hora de comparar qué atención presta el servicio de salud según se trate de una obra social o prepaga y el Estado, las primeras tienen una tasa de uso de 6 consultas por afiliado, mientras que el Estado o salud pública tiene sólo una consulta por año promedio.

Sin embargo, a pesar de estas evidencias, hay una corriente de reformistas que tienen el objetivo “vintage” de fusionar todo el sistema de Salud bajo el paraguas del Estado mágico.

Si se pretende una reforma, tiene que ir en el sentido de consolidar el sistema para enfrentar el gran desafío que viene. Tenemos que saber que una de las amenazas a la sustentabilidad de todos los sistemas de salud en el mundo, es el costo cada vez más inabordable de los tratamientos complejos, con medicamentos que cuestan hasta 2 millones de dólares.

La realidad es que ninguna prepaga, grande o chica, ni obra social -ni el Estado solo- tienen escala en la Argentina para poder soportar el costo de los tratamientos que llegarán en los próximos años. El único camino para sostener la cobertura con ese nivel de gasto es haciendo estrictas evaluaciones de costo-efectividad de los tratamientos, estableciendo prioridades y protocolos de atención.

Es necesario sostener al sistema, apoyando y fortaleciendo estas herramientas creadas y sostenidas por la gente, obras sociales, mutuales y prepagas, creando, para cubrir estos tratamientos de altísimo costo, un pool de riesgo administrado en forma mixta: público-privada, como se ha hecho exitosamente en Uruguay. Otra medida a tomar, es instituir un fondo público-privado a fin de garantizar la cobertura de las preexistencias sin perjudicar a los aportantes al sistema.

Para corregir las distorsiones creadas, es preciso ordenar y revisar el menú prestacional del Programa Médico Obligatorio con criterios médicos, éticos, económicos, y actuariales.

Además, es imprescindible hacer una auditoría de desempeño de todo el sector público, de modo que, si un hospital tiene un costo de cirugía que supera dos o tres veces lo que cuesta en el sector privado, este factor o resultado sea un criterio de evaluación de éxito o fracaso de la gestión política.

Quizás sea hora de pensar en dejar de subsidiar a los hospitales públicos, y empezar a subsidiar a la ciudadanía sin cobertura con un aporte estatal a su disposición para elegir la obra social, mutual o prepaga por un monto equivalente al promedio recaudatorio de la seguridad social (sería 1/3 de lo que cuesta el Estado como obra social).

Es tomando decisiones concretas en este sentido, que podremos dejar de creer en un Estado “mágico”, para pasar a ser, en la realidad, un Estado eficiente en una cuestión prioritaria como la Salud.

|Fuente: www.infobae.com