El sueño de concebir
Ahora que las prepagas y obras sociales deben cubrirlos, hay 21 mil al año. Pero aún quedan trabas, según expertos.
“Un gran porcentaje de personas aún hoy no acceden al tratamiento, estimamos que por factores sociales, culturales, económicos o de conocimiento, más allá de la cobertura”, explica a Clarín Stella Lancuba, vicepresidenta de SAMER y directora del Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva (CIMER).
La ley, sancionada el 5 de junio de 2013, buscó garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción asistida. Desde entonces, obras sociales y prepagas comenzaron cubrir esos tratamientos de alto costo, que antes sólo eran accesibles para quienes pudieran pagarlos o consiguieran un amparo.
“Hoy las obras sociales y prepagas están cumpliendo con la ley. Aceptan los tratamientos de alta y baja complejidad. Si bien algunas ponen palos en la rueda, terminan cumpliendo”, afirma a Clarín Nicolás Neuspiller, coordinador general del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida del Ministerio de Salud de la Nación. “Desde el Estado –sigue-, entre 2016 y 2017 pusimos a funcionar consultorios de fertilidad en cada una de las provincias. Hay tres centros de alta complejidad en Córdoba, Tucumán y Bahía Blanca (Buenos Aires), y recientemente firmamos un convenio con el Hospital de Clínicas, en la Ciudad de Buenos Aires”.
La Provincia fue pionera en el tema. En 2011 inició un programa de Fertilización Asistida que ya lleva realizados 781 tratamientos de alta complejidad y 901 de baja. Según informó el Ministerio de Salud bonaerense a Clarín, el programa lleva logrados 445 embarazos en servicios de hospitales públicos.“Con la ley nacional se mejoró mucho el acceso y se duplicaron los casos. Pero el número aumentó a 20.000 tratamientos anuales, y se estancó ahí. La expectativa era estar hoy en 40.000”, sostiene Sergio Papier, director médico del Centro Privado de Medicina y Genética Reproductiva (CEGYR) y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (ALMER). “En mi opinión –continúa- es porque aumentó el acceso en el sector privado, pero no en el sector público. Y no tanto por una cuestión de políticas públicas, sino porque ahí hay otras necesidades por cubrir antes que la reproducción asistida.”
“Cada día se va cumpliendo más la ley. Las obras sociales son las que más cumplen. Con las prepagas cuesta un poco más, pero terminan cumpliendo. Y vemos que cada día se hace más para que quienes no tienen cobertura puedan acceder a los tratamientos”, sostiene Gisela de Antón, presidenta de la asociación Concebir.
Sin embargo, la ley –que se enfocó en la cobertura de los tratamientos, pero no los reguló- dejó algunos vacíos legales. Por ejemplo, qué se debe hacer con los embriones congelados no transferidos. “Ese es un tema que nadie quiere tocar”, dice Papier. Lancuba coincide: “La ley no se ocupó de temas complejos que tienen que ver con las donaciones de gametos y la criopreservación. Asistimos a un problema de abandono embrionario no contemplado en la norma”.
“Este tema es tan difícil como la ley del aborto y creo que está atado a lo que suceda con ese proyecto. Si se aprueba, probablemente empecemos a hablar del destino de los embriones. Si no, habrá que seguir esperando”, dice Neuspiller.
Hace un año y medio Diputados dio media sanción a un proyecto que regulaba este tema, pero se trabó en el Senado y perdió estado parlamentario.
Neuspiller afirmó que el Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, tiene a la firma dos resoluciones vinculadas a la fertilización asistida. Una establece la cobertura de medicamentos específicos al 100% por parte de obras sociales y prepagas. La otra limita la edad de las pacientes que pueden someterse a estos tratamientos: 44 años con óvulos propios y 51 años con óvulos donados.
“Como autoridad sanitaria, debemos insistir en que después de los 35 años empieza a disminuir la fertilidad de los pacientes. La gente no toma conciencia de eso”, explica Neuspiller. Y agrega: “Muchos no lo saben, pero quienes no tienen obra social o prepaga tienen derecho a hacerse tratamientos de fertilidad”.
La ley establece que obras sociales y prepagas deben cubrir hasta tres tratamientos de alta complejidad. Un decreto de 2017 aclaró que un tratamiento incluye la estimulación ovárica, la aspiración de óvulos, su fecundación y la transferencia de los embriones. Y especificó que se pueden hacer hasta tres transferencias como parte de una misma intervención.
|Fuente: Clarin – 04/06/2018