En la Argentina hay 8444 camas de terapia intensiva para adultos. De ese total, 2516 son del sector público y 5928, del privado. Es decir, siete de cada diez pertenecen a empresas y entidades de medicina prepaga , a clínicas o sanatorios independientes , y a obras sociales . Los datos surgen de un relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación que fue hecho en forma reciente, según dijeron a LA NACION fuentes de esa cartera.
El sector privado de servicios de salud no solo tiene esa mayoría en la disposición de las camas críticas, una cuestión clave en esta época de pandemia de coronavirus , sino que, a la vez, le da cobertura a alrededor de dos tercios de la población del país. Según un informe elaborado por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), sobre la base de datos del Indec y de la cartera de Salud, un 52% de la población (unas 23,4 millones de personas) está cubierto por las obras sociales; un 34% (15,3 millones), solo por el sistema sanitario público, y un 14% (6,3 millones de personas), por la medicina privada (algunos afiliados triangulan aportes salariales dirigidos a las obras sociales).
Un aspecto crítico para un caso de pandemia, además del nivel de ocupación que haya por la incidencia de otras enfermedades, es la manera en que están distribuidas las camas de internación en general y las de terapia intensiva en particular. Y no solo en referencia a si son del segmento público o privado, sino también en cuanto a la cuestión geográfica. En el Gobierno señalan que, trabajando con una hipótesis de impacto medio, el coronavirus planteará la necesidad de entre 2000 y 3000 camas críticas y que, por eso, se está procurando disponer de 1000 adicionales a las existentes.
Más allá de esos números y de ese plan que dicen tener los funcionarios, los directivos del sector privado -que también buscan sus estrategias para ampliar el número de camas- vivieron la semana pasada horas de ánimos alterados. La calma se alcanzó tras una reunión con el el ministro Ginés González García, quien les aseguró -según lo comunicado por la Unión Argentina de Salud (UAS), la asociación que reúne a las entidades privadas- que no habrá una apropiación ni de establecimientos ni del poder de distribución de los pacientes afectados por coronavirus.
Horas antes se había encendido una luz de alerta entre los referentes de esta actividad y una reacción de los afiliados en las redes sociales, tras conocerse que el ministro de Salud había dicho, en una videconferencia con diputados, que analizaba un decreto para declarar “de interés público” todos los recursos para la prestación médica existentes en el país.
Algo que varios directivos de las entidades conocían desde antes era que en la Superintendencia de Servicios de Salud se estaba preparando un listado de precios de transferencias por servicios entre los sectores prestadores.
Pero esos cruces intersectoriales bien podrían darse en un marco que no implique una intervención estatal como la que se desprendía de las palabras de González García. Magonza recuerda que en episodios como los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, la tragedia de Once o el brote de bronquiolitis de hace unos años, se salió en auxilio del sector público. “La transferencia se tiene que dar en un marco de diálogo, colaboración y complementación”, afirma el directivo de la UAS, la entidad que emitió un comunicado en el que se valora “el diálogo establecido con el Gobierno” para “establecer una estrategia de trabajo en conjunto”.
El universo de entidades que se mueven en este mundo de la atención sanitaria es bastante heterogéneo. Hay ocho entidades financiadoras que concentran el 70% de los afiliados, según datos de la consultora Claves: se trata de OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medicus, Medifé, Sancor Salud y el Hospital Italiano. La mayoría de estas empresas e instituciones grandes son, además de financiadoras, prestadoras, lo que significa que tienen centros médicos o clínicas y hospitales propios.
Por estos días, tanto los lugares de atención ambulatoria como los centros de internación tienen una lógica y significativa reducción de su nivel de actividad. “La atención ambulatoria se desplomó y lo que estaba programado se difirió; hay patologías que sí se siguen atendiendo”, dice Jorge Piva, director general de la prepaga Medifé, describiendo un escenario que es común entre todos los actores del sector.
“El número de consultas es el 10% del habitual”, estima Magonza, que es director del Cemic. Agrega que se están buscando mecanismos para que los prestadores puedan documentar y facturar una práctica que no había sido demasiado habitual hasta ahora: la telemedicina. Adaptarse a esa modalidad -aunque sea parcialmente- permite, por un lado, que algunos pacientes reciban la atención requerida y, por otro lado, que los prestadores accedan a recursos.
Según afirma el economista Jorge Colina, asesor de Adecra+Cedim, una cámara que agrupa a clínicas y centros de atención de la salud, al tratarse de una actividad mano de obra intensiva, seis de cada diez pesos de los recursos utilizados por los prestadores van al pago de salarios y cargas sociales. Por cada cama instalada trabajan entre 6 y 8 personas, contando al personal médico, de enfermería y de mantenimiento, entre otros servicios.
Ya con la pandemia declarada y apenas iniciado el aislamiento social obligatorio (ambas situaciones llevaron a una baja del nivel de actividad en las clínicas, al menos por estos tiempos), el Gobierno estableció, por decreto y para estos empleadores en particular, una reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al sistema jubilatorio, y una rebaja de las alícuotas del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Ambas medidas, por 90 días. Además, se estableció que los trabajadores recibirán una asignación de $5000 por las tareas cumplidas durante abril, mayo, junio y julio. Los pagos estarán a cargo no de los empleadores, sino del Estado nacional.
Más allá de la situación actual, el segmento privado de servicios de salud lleva varios años advirtiendo sobre diferentes aspectos que afectan su ecuación económica y financiera.
Uno de los temas es el impositivo. Según Colina, entre otros varios problemas está el hecho de que la exención del IVA otorgada en forma total a las obras sociales y en forma parcial a las prepagas (es decir, a los financiadores del sistema) impide que sean descargados los créditos de ese impuesto que tienen los prestadores. Y otro tema pendiente de resolver en materia tributaria es el de las deudas acumuladas por muchas clínicas, sobre todo las independientes, que dejaron de pagar sus obligaciones con el fisco, amparadas en la emergencia sanitaria declarada en 2002 y prorrogada hasta ahora. En función de ese paraguas, la AFIP no puede ejecutarlas, pero esa “solución” es transitoria, porque la deuda no está perdonada y la situación se mantiene desde hace 18 años.
Otra cuestión que siempre está en el eje de los debates es la definición de qué deben cubrir los actores privados de la salud. Las entidades han manifestado históricamente su rechazo a que diferentes leyes vayan sumando la obligatoriedad de dar coberturas sin prever las fuentes o modalidades de financiamiento. Y hay quienes reclaman que exista mayor flexibilidad en cuanto a los planes de salud que se pueden vender. La inflación médica, señalan siempre los referentes, tiene su vida propia más allá de la inflación general, dados los avances tecnológicos, la aparición de nuevas prácticas y el efecto del envejecimiento poblacional.
Según datos propios del sector, entre los afiliados a las prepagas cuatro de cada diez tienen más de 60 años, mientras que en la población general la participación de ese segmento es de alrededor de 15%. Y, si se miran los datos de gasto promedio en salud de cada grupo etario de la población, en el caso de quienes tienen entre 65 y 69 años los recursos necesarios se triplican respecto de los del grupo de 35 a 39 años.
Desde hace muchos años, la vía de salida al incremento de los costos son las constantes subas de cuotas que pesan sobre los afiliados. Durante 2019, por ejemplo, hubo incrementos en ocho de los doce meses, que acumularon un alza de 62%, un índice bastante superior a la inflación del año, que llegó a 53,8%. Pero no todo eso fue trasladado del sector financiador al prestador, otro de los temas problemáticos en la actividad.
Aun con esa suba de cuotas, se insiste en que hay un retraso acumulado en años de los precios, respecto de las subas de costos. Según Magonza, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2019 las cuotas aumentaron un 949%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (según estimaciones privadas para gran parte del período) avanzó un 1053%; el dólar (del que dependen varias compras de insumos), un 1364%, y los gastos de la salud en general, un 1311%. Los salarios de la sanidad quedaron por debajo de todas esas cifras, con un alza del 846%.
Durante todos esos años, no hubo estrategias significativas que evitaran o aliviaran las subas de cuotas que afectan los bolsillos de los afiliados, muchos de los cuales fueron optando por pasarse a planes de menor valor.
La resolución de la ecuación del sector no es tarea simple, porque la identificación misma de los problemas depende de los anteojos que se usen. Desde la mirada de los usuarios, siempre habrá mayores requerimientos de servicios y pedidos de frenos al aumento de las cuotas. Para decidir cómo compatibilizar intereses y administrar tensiones hace falta un debate en profundidad y también, al menos según advierten algunos referentes, un escenario que integre en algunos aspectos a los subsistemas sin que cada uno de ellos deje de existir, y en el que juegue su rol el Estado, como garante último del acceso a los servicios sanitarios para toda la población del país.
|Fuente: La Nación.