El último aumento autorizado fue del 12% en diciembre pasado. Desde entonces los directivos de las prepagas aseguran que sus costos aumentaron un 30% y no más porque tuvieron varias ayudas del Estado. En tanto, sostienen que, sin esas ayudas estatales, en enero sus costos tendrían un alza del 54%.

Además del programa ATP, por el que el Estado paga una parte de los salarios de las empresas del sector, en marzo pasado a través del decreto 300/2020 el Estado redujo en un 95% las contribuciones patronales de las empresas del sector con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al tiempo que se les fijó una menor alícuota en el pago del impuesto a los débitos y créditos.

Según el decreto, esos beneficios alcanzan a obras sociales, servicios de seguros de salud –medicina prepaga y mutuales-, hospitales, servicios de atención ambulatoria realizada por médicos y odontólogos, servicios de diagnóstico y tratamiento, y servicios de emergencias y traslados, entre otros.

No obstante, por la pérdida de los empleos registrados y la caída de los ingresos de asalariados y trabajadores independientes, que se arrastra desde comienzos de 2018, la facturación de las prepagas se vio afectada por la caída del padrón de afiliados y también porque muchos afiliados con sus grupos familiares se vieron obligados a pasarse a planes inferiores, más baratos.

Aunque en el Gobierno hay preocupación por el impacto de los aumentos de las cuotas prepagas en el padrón de las entidades, reconocen que el sistema está muy afectado por los gastos extraordinarios que implica la pandemia. Y que un aumento escalonado es necesario para que las prepagas puedan seguir brindando sin inconvenientes sus servicios y podría ser absorbido por los afiliados que han tenido actualizaciones en sus salarios, a juzgar por los acuerdos paritarios de este año.

Los funcionarios de Salud destacaron que los gastos vinculados a las cuotas de las prepagas son deducibles hasta un 5% de la ganancia neta de cada año de la base imponible del impuesto a las Ganancias, lo que aligera el impacto del aumento de las cuotas.

Las prepagas aguardan ahora la Resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud por tratarse de un servicio regulado por el Estado, con el agregado de que los afiliados deben recibir la notificación de los aumentos con 30 días de anticipación.

Por los mayores gastos vinculados a los tratamientos crónicos y de alta complejidad, la Superintendencia de Servicios de Salud transfirió otros $ 1.000 millones a 212 obras sociales, de acuerdo a la Resolución N° 1360/20 de ese organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial. Es un “adelanto de fondos” del Sistema Único de Reintegros (SUR) “por las solicitudes presentadas pendientes de cancelación y por las que se presenten en el futuro”.

En lo que va del año, SUR distribuyó un total de $ 21.909 millones. En todo el año pasado, se habían transferido $ 12.188 millones.