La salud, en emergencia¿Qué medidas proponen los candidatos para arreglar un sistema quebrado?

A poco más de seis semanas de las elecciones presidenciales, con el reloj en cuenta regresiva, la crisis económica está impactando de lleno en las prestaciones que reciben los pacientes. La mayoría de los insumos, las materias primas y los equipos con sus repuestos son importados y el Gobierno no termina de resolver las trabas para su compra en dólares e ingreso al país que garanticen el acceso oportuno a servicios y tratamientos. A lo largo de la serie ¿Quién nos va a cuidar?, LA NACIÓN documentó también en los últimos meses cómo el deterioro de los salarios y honorarios, la migración de profesionales calificados y la pérdida de interés de los médicos jóvenes en las residencias médicas están impactando como nunca antes el sistema de salud argentino, en el que se activan a diario nuevas alarmas. Frente a este escenario, resuena una y otra vez una pregunta: ¿qué proponen los candidatos con mayor probabilidad de llegar a la Casa Rosada a partir de diciembre? LA NACIÓN se comunicó con los equipos de campaña y voceros de Sergio Massa (Unión por la Patria), Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) para conocer qué políticas implementarán para reparar un sistema sanitario cada vez menos atractivo para los profesionales y que cruje cada vez más fuerte.

La búsqueda de referentes en los equipos que están trabajando detrás de cada candidato demandó tiempo, con distintos resultados y detalle del trabajo técnico realizado hasta ahora. En Unión por la Patria (UxP), designaron a Arnaldo Medina, exsecretario de Calidad de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación (2019-2021), rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y primer director del Hospital El Cruce Néstor Kirchner (Florencio Varela). El senador Pablo Yedlin (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta y exministro de Salud de Tucumán (2007-2015), estaría al frente del trabajo para definir el programa sanitario de la coalición oficialista. En Juntos por el Cambio (JxC), desde el equipo técnico que coordina Enrique Chiantore, exjefe de Gabinete durante la gestión de Jorge Lemus en el Ministerio de Salud de la Nación (2015-2017), designaron al cirujano y especialista en nefrología Oscar Sagas, subsecretario de Salud de Mendoza. Por La Libertad Avanza (LLA), expuso las principales líneas de acción durante una entrevista con este medio Eduardo Filgueira Lima, exviceministro de Salud de la Nación durante la gestión de Ginés González García entre 2002 y 2004, consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso y candidato a ocupar la Secretaría de Salud en el Ministerio de Capital Humano en un nuevo organigrama de gobierno que propone Milei. Desde LLA y JxC coinciden en marcar un déficit de información de calidad para tomar decisiones. La referencia alcanza al sistema público, privado y de la seguridad social por igual. “Es básico para resolver los problemas con los que cualquier equipo que llega a un organismo técnico como es [el ministerio de] Salud se vaya a encontrar. Eso, hoy, diría que está vedado. Los datos, que en gran parte del país dependen todavía de un deficiente registro manual, carecen de claridad y precisión. Así, cualquier línea de trabajo que se pueda plantear tiene un amplio margen de incertidumbre”, definió, tras las PASO, un médico que pasó hace años por la gestión pública, trabajó como asesor en el sector privado y, en los últimos meses, recibió consultas sobre políticas públicas de integrantes de equipos de campaña nacionales y provinciales.

En diálogo con LA NACIÓN, Filgueira Lima, redactor del programa sanitario de un eventual gobierno de LLA, planteó tras las PASO que a medida que el sistema se vaya reordenando –con una reforma en las que las provincias asumen su responsabilidad de asegurar la cobertura a la población con acceso a una canasta básica de prestaciones actualizada, libre elección de parte del usuario y competencia abierta entre las obras sociales y el sector privado, entre otras medidas en el plan libertario–, también se irá definiendo qué profesionales se necesitan desde la formación en la universidad y durante la carrera, con jerarquización de tareas y “bien pagos”. En ese sentido, se refirió a la implementación de incentivos y mejores condiciones laborales para retener a los médicos que están emigrando a trabajar a otros países por los bajos ingresos. Reforzar la educación médica, definir las buenas prácticas a través de guías clínicas basadas en la evidencia y definir perfiles profesionales a futuro. “Voy a preguntar a especialistas que entienden de este tema qué se necesita en la actualidad y a futuro –señaló-. No puedo pensar en educar a los médicos como yo me formé hace años.”

Las residencias tendrán que recuperar el rol formador para el ejercicio profesional, un punto en el que coinciden referentes de los tres candidatos. “Hay centros que ofrecen residencias y no están preparados para eso. Es más, hay lugares que lo hacen para tener mano de obra barata”, sostuvo Filgueira Lima en línea con lo que vienen advirtiendo asociaciones profesionales a cargo de la acreditación de ese sistema de posgrado. En el plan de trabajo de JxC, hay medidas para la “emergencia”, de corto, mediano y largo plazo, según explicó Sagas. “El valor de la consulta es un problema hoy”, definió en primer lugar sobre la crisis del recurso humano en salud y citó las normas que definen que es la cartera sanitaria nacional la responsable de fijar los aranceles profesionales “que aseguren el desempeño eficiente de la salud pública y privada”, repasó. En mayo pasado, por ejemplo, la cartera que dirige Carla Vizzotti estableció en $1240 el valor de la consulta al actualizar el nomenclador para los hospitales de gestión descentralizada que el sistema toma como referencia. “Así, diría que es el propio Ministerio de Salud de la Nación el que está incentivando a la red de prestadoras a que paguen aranceles paupérrimos. En esta emergencia, la primera medida será emitir una resolución para definir un valor acorde a la situación actual frente a la inflación”, definió. Estiman una consulta por encima de $3000. “Se abrirá una negociación para llegar al valor posible dado el contexto macroeconómico que afecta a todos los sectores”, agregó. El abandono de las cartillas de prestadores por los bajos honorarios lo paliarían con el traslado automático del aumento de ingresos que tienen las prepagas y las obras sociales, ya sea a través de las cuotas o por paritarias, al pago a esos profesionales. Sagas señaló que lo que ocurre con el personal de clínicas y sanatorios, no está llegando por igual a los médicos de cartilla. “La norma [por la resolución 2577 del año pasado] debe incluirlos. Eso ayudará a que no renuncien, como está pasando o pasará si no se resuelve”, dijo el interlocutor.

Impulsarán “una revisión integral” de la ley nacional de residencias. “Pero la urgencia es favorecer la formación del recurso humano crítico”, indicó Sagas. Para eso, extenderán “por tiempo limitado” la posibilidad de ingresar a esa práctica profesional rentada a graduados con hasta ocho años de recibidos, en lugar de cinco, para las residencias básicas y hasta 12 años, en lugar de nueve, en el caso de las especializaciones (residencias posbásicas). “Esta medida de emergencia sería por cuatro años y renovable por otro período igual. Habrá que consensuarla y trabajar con las provincias”, explicó. Los datos que manejan hablan de 16.000 residentes en el país, la mayoría en una práctica con financiamiento público (nacional, provincial o municipal), excepto en la Ciudad, Neuquén y Buenos Aires. Tres de cada 10 son médicos extranjeros y se ofrecen unas 6000 vacantes por año. La oferta supera a los que se reciben y postulan, con un 40% de cargos que quedan sin cubrir, como viene publicando LA NACIÓN. Profundizar el modelo de examen único para el ingreso a las residencias con la unificación de concursos regionales, sin elección de la especialidad al momento de la inscripción sino su asignación al momento de la adjudicación y por el ranking de acuerdo con la calificación obtenida en el examen. “Hay que priorizar el carácter formativo de la residencia”, planteó Sagas. Lo harían a través de un trabajo “más sólido” con el área de Educación mediante una “incorporación activa” de las universidades formadoras de profesionales de la salud, el desempeño supervisado de los residentes en todos los casos y con un modelo laboral que garantice sus derechos. El equipo técnico de JxC analiza la posibilidad “en el tiempo”, según se indicó ante la consulta, de que la residencia sea obligatoria con un título habilitante atenuado limitado a la práctica en un ámbito supervisado, lo que llevaría a rever la ley de educación superior. En LLA también plantean reverla. “No hay datos precisos de cuántos graduados migran, hay datos parciales de los que vienen a estudiar de otros países, pero no sabemos cuántos se quedan a ejercer. Si no tenemos esa información, es difícil planificar la gestión de los recursos humanos. Es necesario un seguimiento entre las carteras de Salud y Educación con Migraciones para evaluar medidas a tomar con los migrantes en formación y graduados para definir políticas asociadas con su radicación”, continuó Sagas.

En el mediano plazo, JxC está trabajando en tres lineamientos estratégicos de la Organización Panamericana de la Salud: fortalecer la rectoría de Salud en la formación, las condiciones de empleo y el ejercicio profesional “con consensos en un sistema de salud federal que está muy fragmentado” y desarrollar condiciones y capacidades profesionales para ampliar el acceso de la población a la cobertura de salud con los principios de equidad y calidad. Sería a través de mecanismos de retención y rotación del personal con la implementación de incentivos económicos, la promoción del desarrollo en la carrera y garantía de protección social. “El pluriempleo predomina: en este sistema caótico, los profesionales suman actividades no asistenciales (docencia o gestión), con 3,5 trabajos en promedio declarado por los médicos y dos el personal de enfermería”, repasó Sagas. “Destacan que tener un empleo público da más seguridad laboral, aunque sea con salarios bajos. Esto es un problema y es multicausal. Hay que avanzar a sistemas de salud más integrados para mejorar la calidad de la atención, la seguridad de los pacientes y la salud de los profesionales”, agregó. Camino a las PASO, una comisión técnica de JxC le entregó a la mesa nacional de esa coalición un documento técnico para la plataforma sanitaria que suscribieron referentes de la Fundación Alem (UCR), el Instituto Hanna Arendt (Coalición Cívica), Fundación Pensar (PRO) y Fundación Encuentro Republicano (Peronismo Republicano). La Comisión de Salud la coordinó Adolfo Rubinstein (UCR), exministro de Salud, y participaron como colaboradores Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, y Margarita Cejas (Pensar), Claudia Najul y Cintia Cejas (Alem), Rubén Manzi y Alfonsina Parra (Hanna Arendt) y Hugo Magonza y Sergio Solmesky (Encuentro Republicano). Uno de los puntos de cuatro ejes estratégicos –mejoramiento de la articulación e integración del sistema de salud; promoción de la salud universal; políticas de precio y cobertura de medicamentos y nuevas tecnologías y política de recursos humanos–, como explicó Rubinstein, era el recurso humano. “La crisis de los profesionales de la salud en nuestro país se agrava cada vez más –postuló la comisión–. Las causas son múltiples: bajos salarios y honorarios, demoras en los pagos, falta de carrera profesional, una profunda desmotivación y desgaste en la pospandemia y una caída de la valoración social, sumada a causas culturales y también generacionales. Muchas especialidades médicas y profesiones como la enfermería, presentan un déficit cada vez mayor. Es prioritario establecer estándares mínimos de condiciones laborales para nuestros profesionales, generando no solo mejores remuneraciones sino también incentivos específicos para su radicación en todo el país, en particular las áreas más desatendidas, como las zonas rurales, así como promover el desarrollo de las especialidades cuyo déficit es cada vez más pronunciado, lo que está afectando la atención médica tanto en el sector público como en el privado a lo largo y ancho de nuestro territorio.”

Los últimos en proporcionar una voz referente fueron los voceros de UxP. Medina se refirió a la crisis del personal de salud como “un problema de años”, que es global, y que “se está agravando”. La medida más urgente, según explicó, sería “definir claramente” las zonas del país que están en emergencia sanitaria por la falta de profesionales asociada a distintas causas, incluida la multiculturalidad. “Primero, hacer un plan de emergencia para movilizar recursos. Después, tiene que haber un reconocimiento claro, con acuerdo federal, de cuáles son las especialidades críticas para establecer un plan de acción. Puede llevar un tiempo, pero hay que actuar ya”, refirió. También prevén la unificación de la Práctica Final Obligatoria (último año de la carrera) con el primero de la residencia, la implementación de incentivos para fomentar la cobertura de cargos en especialidades críticas (pediatría, medicina general y de familia, neonatología, terapia intensiva, entre otras) y el refuerzo de la formación a distancia a través de telemedicina, “una herramienta con soluciones bastante rápidas que tiene el sistema sanitario”, definió. Para aliviar la sobrecarga de consultas y mejorar el acceso a la atención en zonas alejadas, o sin profesionales específicos, promoverán la teleconsulta. “Un plan de salud digital que tenga una inversión y alcance rápidos es fundamental para una solución en la urgencia”, dijo Medina, que es presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública (Aasap). Otro eje de la propuesta oficialista es elevar la proporción de enfermeros profesionales con especializaciones, con un nuevo papel en la atención: el enfermero de prácticas avanzadas. “En cualquier análisis de carga de la enfermedad, más del 70% de la población tiene una enfermedad crónica, cuando antes predominaba lo agudo. Hoy, el principal problema es la agudización de un problema crónico. En las áreas de Emergencia de los hospitales se pueden ver a las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular o metabólica con esa complicación. En este grupo, lo importante es que esté controlado. Y, en esto, fallamos mucho”, admitió Medina. Otras tareas serían el control de población sana y las actividades preventivas y comunitarias.

También el de las obstétricas es otro rol que UxP quiere potenciar (además del parto, se ocuparían del control del embarazo y la salud sexual y reproductiva), junto con el de los técnicos en emergencia. “Sería un recurso importante para reforzar la atención de las emergencias médicas dada la enorme dificultad que hay para los traslados de baja complejidad”, indicó el referente peronista. “No tenemos ley de ejercicio profesional porque naufragó en el Congreso y creemos que es muy importante”, sumó. Habló, además, de “una decisión” de UxP de “llevar al sistema a la atención primaria de la salud”, reducir el multiempleo entre los profesionales, tener en cuenta la salud mental y la contención de los trabajadores de salud con la apertura de espacios de escucha e implementar incentivos económicos, a la cultura del servicio, la formación y la residencia como paso indispensable para la habilitación profesional. “Hay que poner la mirada y las políticas públicas para sostener a los médicos en uno o dos lugares de trabajo, no dispersos en tantos como ahora, y con un aseguramiento de los ingresos”, finalizó Medina.

|Fuente: www.lanacion.com