El ambicioso desafío requerirá una transformación de la financiación de la salud, concibiendo a esta no como un costo, sino como una inversión a largo plazo a favor de una “sociedad sana” y ratificando la verdad fundamental de que la salud y la economía son interdependientes.

En el mismo sentido, la OMS sugirió como meta luego de la pandemia que las naciones destinen el 6% de su producto interno bruto (PIB) a la salud.

Argentina gasta en el área un promedio del 9,4% de su PIB, si tomamos como dato la última década. 2,7% del PIB correspondieron al sector público, principalmente las provincias, lo que es consecuente, ya que el mayor número de prestadores se encuentra en el sector provincial.

Sin embargo, el gasto público debería superar los seis puntos del PIB y en nuestro país no llega al 3%. La experiencia internacional indica que los países con mayor nivel de equidad en salud son aquellos cuyos gastos en este rubro superan el 6% del PIB sólo en el sector público.

En lo que respecta a la Argentina, hay que tener en cuenta que no todas las provincias tienen la misma infraestructura; por ello, la Nación debería lograr una mayor equidad y un mayor desarrollo en cada jurisdicción. Existe en este sentido una gran fragmentación.

Pero, además –y aquí está quizá la característica distintiva de nuestro sistema de salud y parte de las causas de que se pueda relacionar con el concepto de agujero negro–, hay una total falta de control de los fondos delegados en la denominada “seguridad social”, en su mayoría obras sociales sindicales que aproximadamente manejan cerca del 3% del gasto en salud. Ello denota una importante falta de control del gasto.

Las obras sociales tienen serios problemas de sustentabilidad y el Poder Ejecutivo incluyó una nueva línea presupuestaria para transferirles más de $ 150 mil millones para afrontar sus gastos en discapacidad y otros rubros indescifrables.

Sin embargo, nada se dice sobre el hecho de que 70% de las casi 300 obras sociales gremiales son muy pequeñas y con fondos de riesgo inestables, lo que las torna inviables desde el punto de vista prestacional y financiero. Pero al ser cajas políticas de los sindicatos, siguen siendo subsidiadas sin que se tome ninguna medida de fondo

Se calcula que el 3,8% restante, aproximadamente, es gasto realizado por las familias. Allí se incluye la compra de medicamentos, afrontar copagos y coseguros, la adquisición de servicios en forma directa o la adhesión a algún tipo de plan empresas de medicina prepaga.

Lamentablemente, no hay relación directa entre el gasto y los resultados. Por eso, es necesario considerar otros aspectos, como la relación entre ingreso per capita y nivel de acceso a la salud. Entre otras causas, podemos subrayar la falta de integración del sistema.

A nivel provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que más gasta de su presupuesto público (casi el 20%). Caba tiene para ello un financiamiento propio a través del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (casi el 62% del presupuesto total).

En lo que concierne a la Provincia de Buenos Aires, es la jurisdicción que menos gasta en términos per capita.

Por otra parte, el gasto de la seguridad social, principalmente del Pami, está estipulado en un 0,9% del PIB, lo cual genera que la obra social de jubilados y pensionados sea prácticamente una entidad inviable en términos actuariales. Pami es un problema, ya que se intenta darles a los jubilados todo lo posible, y ello es imposible.

La situación del sistema es muy grave. Muchos médicos especialistas en el sector privado, que atienden a cerca del 60% de la población que tiene obras sociales o prepagas, se dan de baja del sistema, y algunos emigran al exterior, hastiados de una situación de crisis sin resolución y permanente.

Esto se profundiza si agregamos los aranceles bajos y desactualizados que reciben las clínicas y los sanatorios privados y los plazos de pago insostenibles en el marco de una economía inflacionaria y con volatilidad en materia cambiaria. Esto impacta directamente en la falta de atención, demoras en los turnos y listas de espera, como consecuencias directas de estas asimetrías estructurales.

En síntesis, crisis de los médicos, aumento de las cuotas de las prepagas, desfinanciamiento obsceno de las obras sociales sindicales y aumento del precio de los medicamentos e insumos –producto de la inflación y de la volatilidad cambiaria– describen las consecuencias de un cóctel explosivo, con perspectivas de serios problemas para 2023.

Es el momento de incorporar el debate sobre el financiamiento de la salud y la administración de esos fondos de manera eficaz y transparente. Este debe ser un tema crítico de todas las agendas de quienes pretenden gobernar el próximo mandato en nuestro país.

Desde luego, el desafío será abordarlo con decisión política, capacidad técnica y verdadera convicción de que debemos terminar con las ecuaciones del campo de Einstein, el horizonte de sucesos que hacen que una cantidad enorme de fondos se vayan por un agujero negro sin control alguno y atentando contra la salud pública y la calidad de vida de la población.

* Secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica