Desde este viernes tendrá estado parlamentario un proyecto de ley que, con viento a favor, todos llamarán “ley Nicolás”. Buscará dar un marco normativo a la llamada “seguridad del paciente“, un capítulo difícil y poco difundido de la salud pública, aunque abarca una problemática realmente cotidiana: los daños y perjuicios que sufren los pacientes por las fallas estructurales en la atención sanitaria.
O sea, todo. Desde el sopor en la sala de espera antes de ver a un médico ofuscado que no te escucha por la agotadora secuencia de turnos cada 15 minutos, hasta tener una complicación quirúrgica que se podría haber evitado con mejor infraestructura hospitalaria. O sufrir las consecuencias de un diagnóstico erróneo.
O morir, como le pasó a Nicolás Deanna, de Villa Gesell, hace casi cinco años. Tenía 24. Confundieron meningitis bacteriana con alergia. Su madre, Gabriela Covelli, abogada, fue la primera impulsora de esta ley. La ley Nicolás.
Parte de estas líneas están inspiradas en la charla con ella y en su lucha (Change.org/LeyNicolas). En que, “si se siguen persiguiendo médicos, no se va reconocer nunca el problema de fondo que tiene el sistema”. Y que “es central transmitir un mensaje constructivo”.
Seguridad del paciente y mala praxis
Entre el drama de los damnificados y la urgencia noticiosa, el concepto de “seguridad del paciente” suele reducirse a una de sus causas: la mala praxis profesional. Precisamente lo que terminó con la vida de Nicolás.
Pero, el proyecto de ley que ingresará este viernes al Congreso de manos del diputado radical Fabio Quetglas, pretende superar esa mirada, algo acotada.
Se estima que el daño al paciente por eventos adversos es una de las 10 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo.
Además, que el 10% de los pacientes sufre algún algún tipo de daño o perjuicio cuando apela al sistema de salud. La mitad de estos eventos adversos sería evitable.
Es un proyecto de ley necesario pero ambicioso. Se mete en un tema sensible. Tanto, que el miércoles a última hora decidieron quitarle tres artículos que reunían lo más importante del reclamo de familiares como la madre de Nicolás.
Eran propuestas de modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación en relación a las sanciones que deberían recibir los profesionales de la salud siempre que cometieran errores por haber ostentando una actitud temeraria.
La “culpa temeraria inequívoca”, al cajón
Se creaba la figura de la culpa temeraria inequívoca como agravante de la mala praxis, para casos en los que un profesional de la salud produce lesiones graves o la muerte de un paciente, por una “actuación calificable de grosera, desaprensiva e injustificable”, tomando palabras textuales del proyecto inicial.
Y, contra la posibilidad de seguir ejerciendo mientras no hubiera sentencia firme, el texto invitaba a las jurisdicciones (en la versión de la ley que ahora no corre) a disponer la inhabilitación provisoria (en forma preventiva) de las matrículas profesionales, siempre que el juez considerara que hubo “temeridad inequívoca”.
Sin embargo, la falta de adherencia desde algunos colegios de médicos (con peso específico en ciertos diputados, afirmaron dos fuentes) condujo a la decisión de, al menos en una primera etapa, omitir esas modificaciones.
En diálogo con Clarín, el diputado Quetglas, autor de la ley, dotó de optimismo la presentación del proyecto, sin poder ocultar del todo un hilo de resignación en su voz.
“Se quitó la pata penal que dialogaba con una demanda social importante, y en esta primera etapa quedó aquella que se refiere al aspecto preventivo-sanitario para mejorar la seguridad del paciente”, describió, y dijo: “La idea fue garantizar que hubiera consenso y que la ley saliera”.
Realismo y la salud en Argentina
Quetglas explicó el razonamiento que lo llevó a pegar ese volantazo en la propuesta, argumentos que importan si uno quiere entender las dificultades que atañen a la “seguridad/inseguridad” de los pacientes en Argentina.
Habló de los obstáculos que hubiera encontrado el proyecto, de tener que tratarse no solo en la comisión de Salud de Diputados, “donde sin dudas despertará interés”, sino también en las de Justicia y Legislación Penal, donde, en cambio, casi con certeza no tendría prioridad.
Habló también de la resistencia del sector en temas como las reformulaciones de los seguros, en especial para la cobertura de médicos adultos mayores, si por ejemplo aumentaran los profesionales con matrícula suspendida.
Y habló, por fin, del hecho nada menor de que el proyecto no hubiera tenido quórum.
“Yo soy de la idea de que, si la máxima es 60 kilómetros por hora, no es lo mismo ir a 65 que a 140”, comparó Quetglas. Es un convencido de la importancia de graduar los errores que cometen los profesionales.
Sin embargo, dijo, “de salir la ley, será un gran primer paso”.
Principales puntos del proyecto de seguridad del paciente
1. Informe global del sector
Según este proyecto, en un máximo de dos años, el Ministerio de Salud deberá emitir un diagnóstico general del sistema de salud en Argentina, informe que deberá consignar las “condiciones de la práctica sanitaria en todo el país, a partir de un muestro representativo”.
Ese informe deberá analizar “tanto desde el punto de vista material, como regulatorio, los dispositivos críticos, tratamiento profesional, equipamiento, aprendizaje, funcionamiento de las residencias, niveles de especialización, cumplimientos de las pautas de buena práctica, estrés laboral, litigiosidad, sanciones, recurrencias de acciones conflictivas y/o todo otro aspecto vinculado con la seguridad de los pacientes y profesionales”.
2. Certificación periódica obligatoria
El texto indica que “será obligatoria la certificación de las condiciones físicas y el estado cognitivo y conductual de todos los profesionales de la salud, cada 10 años, a partir del momento de su matriculación”.
“Las exigencias de esta certificación serán establecidas por la autoridad de aplicación nacional, evaluando las necesidades que impongan las especialidades que se ejerzan”.
Y, a partir de los 75 años, “la certificación deberá realizarse cada 3 años”.
Hay que aclarar que se mantendrán iguales las disciplinas que en ciertas jurisdicciones o a nivel nacional ya hubieran establecido períodos menores de revalidación profesional.
3. Registro Único de Eventos Centinela (RUDEC)
La ley dispone que haya un método que asegure la investigación de las causas que produjeron los incidentes de seguridad, eventos adversos y eventos centinela (es decir, situaciones inéditas que ameriten ser reportadas), “con criterio no punitivo, y la consecuente adopción de medidas que eviten su repetición y garanticen el aprendizaje”.
En este marco, se establece la creación del RUDEC como un espacio de reporte de esos eventos, sistema que deberá garantizar la confidencialidad de la información obtenida.
4. Quejas, necesidades y condiciones laborales
La ley pone bastante énfasis en que deben establecerse mecanismos para garantizar la presentación de “quejas u objeciones sobre carencias y deficiencias en la prestación del servicio, sin temor a represalias, y su correspondiente análisis”.
Además, “asegurar una dotación de personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio y el bienestar del personal”, instaurar una duración de turnos y horas de trabajo del personal, que “eviten su agotamiento físico o mental”, y “prever medidas de protección del personal para salvaguardarlos de toda violencia o intimidación ejercidas por razón de su labor”.
5. Registro Unificado de Sanciones e Inhabilitaciones
Se busca ordenar el histórico problema de los profesionales que se mudan de provincia para poder ejercer, cuando su matrícula fue suspendida en su jurisdicción de origen.
“Queda expresamente establecido que la suspensión o inhabilitación en el ejercicio de la profesión comprende a todas las jurisdicciones”, dice el texto, y suma que las autoridades encargadas de controlar el ejercicio profesional deberán “informar de toda medida disciplinaria a la Red Federal de Profesionales de la Salud (REFEPS)”.
6. Histórica clínica digital interoperable
Por fin, un punto pendiente hace años es la creación de la historia clínica digital para toda la población.
En un máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán tener “en forma” plataformas digitalizadas e interoperables.
Seguridad del paciente, un concepto global
Hace tres años, para visibilizar que cada año mueren 2,6 millones de personas por fallas en los propios sistemas de salud, la Organización Mundial de la Salud le atribuyó al tema un día-homenaje, el 17 de septiembre.
Ezequiel García Elorrio, médico clínico del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), habló con Clarín en nombre del Observatorio Argentino de Seguridad del Paciente, entidad creada hace menos de un mes en el marco de un foro latinoamericano dedicado a este tema hace 12 años.
La explicación “institucional” del párrafo anterior es importante porque tanto García Elorro como su entorno de colegas asesoraron a Quetglas en la redacción de la “ley Nicolás”.
Es que, si bien un sector de los médicos percibieron como “amenazantes” varias medidas de la ley, García Elorrio es de los que entienden que el concepto “seguridad del paciente” alude tanto al derecho de las personas a estar “seguras” cuando son atendidas, como al derecho de los profesionales de poder brindar esa seguridad.
Según repasó, “la seguridad del paciente es un problema de salud pública que tiene 30 años de visibilidad en el mundo. Se relaciona con la complejidad que fue ganando el sistema, que cada vez desarrolla actividades más difíciles, lo que hace que los equipos tengan que tener un desempeño aún más exigente. El covid demostró esa exigencia”.
El tema es que se vino comprobando que “una proporción de los pacientes sufre eventos adversos, y muchos son prevenibles. Son todas estimaciones, pero ocurren en un enorme porcentaje por fallas sistémicas, y no necesariamente porque las personas no cumplan con su responsabilidad profesional”.
El sistema de salud, una industria de alto riesgo
Según García Elorrio, “se estima que en Argentina muere la misma cantidad de personas por eventos adversos en salud que por accidentes de tránsito. Es decir, unas 15 a 20 muertes por día”.
Otros datos compilados por el observatorio que integra sorprenden en igual medida: casi el 16% de los pacientes internados en Argentina sufre úlceras dermatológicas por cómo se maneja (o desmaneja) su reposo durante las internaciones.
Además, en el mundo mueren un millón de personas por año por complicaciones quirúrgicas, y 5 millones, por sepsis.
El tema económico no es menor: la National Academies of Sciences, Engineering and Medicine informó en 2018 que la atención en salud de mala calidad imponía pérdidas por entre 1,4 a 1,6 mil millones de dólares, en los países de ingresos bajos y medios.
Ahora bien, ¿a qué se refiere García Elorrio cuando habla de problemas sistémicos en el sistema argentino?
Principalmente, a una falta de estandarización en la atención, lo que incluye temas muy diversos que van a contrapelo de la atención “segura”.
Desde las condiciones laborales (no siempre adecuadas) hasta la falta de capacitación del personal, o un acceso inequitativo para los pacientes, quienes -remarcó el médico- “deberían ser siempre informados de un modo comprensible de aquello que compete a las decisiones sobre su salud”.
En la charla, García Elorrio comparó el sector con la industria aeronáutica, un sector que, en su opinión, supo autosuperarse y ordenarse para ofrecer seguridad: “Ambas son industrias de alto riesgo, pero tienen sus diferencias”.
“Cuando falla un avión y cae, las personas a bordo fallecen rápidamente. En cambio, los eventos adversos en salud ocurren todos los días, de manera individual. Y por eso son mucho menos visibles”, señaló.
El camino existe, pero hay que andarlo, sugirió el médico, y concluyó: “Cada vez que hay un evento adverso, como un aterrizaje fuera de pista, se reporta, se estudia, se corrige. Estos pasos son una fuente de aprendizaje fundamental”.
| Fuente: www.clarin.com