Una cámara que nuclea a más de 13.000 pymes que emplean a 85.000 profesionales del sector presentó a los principales candidatos presidenciales propuestas para debatir “con urgencia” la reforma del sistema. Qué piden
La entidad les envió a los candidatos un documento con cinco puntos que consideran a la salud como política de Estado. La entidad representa a médicos, bioquímicos y técnicos, entre especialistas de consultorios, oftalmología, odontología, kinesiología, análisis clínicos, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, radioterapia, diálisis y otras prácticas ambulatorias.
En ese sentido, el texto sostiene, en primer lugar, que “es necesario el compromiso del Estado para mantener el equilibrio de los recursos financieros de los servicios asistenciales de salud, resolver inequidades y evitar la concentración del mercado, contraria a la estrategia de atención primaria de la salud, en tanto compromete la cobertura y el acceso, y excluye a grandes sectores de la población”.
De igual modo, en segundo lugar, considera que “resulta imprescindible mejorar sustancialmente los aranceles que abonan las obras sociales, la medicina prepaga y demás financiadores a los prestadores ambulatorios, ya que se ubican entre los más bajos de América latina cuando se comparan sistemas de salud con características similares”.
Hoy, medidos en dólares, los salarios de los médicos argentinos son los más bajos de la región, según cálculos que elaboró la Cámara del cobro que perciben los profesionales nacionales versus colegas de la región, con el objetivo de exponer los magros honorarios que vienen denunciando. Así, del relevamiento sobresale que los chilenos cobran casi cuatro veces más por consulta y los paraguayos más del doble. Actualmente, los argentinos cobran alrededor de $ 1500 un turno médico.
De acuerdo a la entidad, dada la falta de regulación arancelaria, “los valores pagados por obras sociales, prepagas y más financiadores pueden variar de acuerdo a la ubicación geográfica y tamaño del prestador, entre otras condiciones particulares”. En ese sentido, la asociación planteó la instrumentación por parte del Consejo de Concertación de “aranceles mínimos y obligatorios” en relación con las leyes 26.682 y 23.660, ante un “mercado de la salud” imperfecto.
De igual modo, la Cámara pidió como tercer punto la regularización del pago de prestaciones realizadas a 30 días y a valores actualizados al momento en que se deposita el dinero, y no a los 90 o 120 días como ocurre en la actualidad, “lo que provoca el desfinanciamiento de los prestadores”.
Por otra parte, la solicitud afirma que debería reducirse la carga tributaria. Al respecto, pide “analizarse la eliminación de impuestos a los Ingresos Brutos y a los sellos, tasas y contribuciones de Industria y Comercio, y ABL para los servicios de prestadores pyme, además de instrumentar la admisión del cómputo de crédito fiscal del IVA originado por operaciones exentas y su acreditación contra otros impuestos o contribuciones patronales, y de un régimen tarifario diferencial”.
Por último, Cadime aseguró que “se necesita acceso a créditos blandos para incorporar tecnología sanitaria en los establecimientos que permita equiparar prestaciones con equidad y calidad” y reclamó “la integración de prestadores efectores público-privados, para emplear todos los recursos disponibles y ampliar la red de cobertura clínica de la atención primaria de salud en todas las geografías del país”.
“El Estado debe asumir su rol de arbitrar e impedir que las distorsiones derivadas de factores de poder coloquen en riesgo los servicios brindados por miles de prestadores. Ya no alcanza trabajar solo sobre los costos del sistema. La actualización de aranceles a la variación de las cuotas de la medicina prepaga resultó funcional para los financiadores, pero los prestadores continúan soportando una fuerte depreciación“, explicó Guillermo Gómez Galizia, presidente de Cadime,
De lo contrario, el dirigente gremial empresarial apuntó que “si las políticas de salida de la crisis tienden a fortalecer la concentración en el sector, marcharemos aceleradamente a la consolidación de oligopolios, y se destruirán miles de empresas pymes y capital humano, perdiendo más eficiencia y equidad en el sistema”.