El nuevo titular de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud, que reemplazó en el cargo a Claudio Belocopitt, habló con Infobae sobre el acta que se firmó esta semana ante la Justicia. Cartelización y liberación de precios en julio

Por Sebastián Catalano

Hugo Magonza es además Director General del Cemic y presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami)

Se hizo cargo de la presidencia de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) en medio de la extrema tensión entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga, y en reemplazo de un referente del sector, Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

Hugo Magonza, quien además es Director General del Cemic y presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), fue una pieza central de la negociación que terminó con el acuerdo entre las partes que se firmó el lunes pasado, luego de álgidas 16 horas de negociación en el juzgado civil y comercial federal de Juan Stinco.

“No había que llegar a esa situación, fue todo una cuestión más política que económica. Las prepagas no deberían devolver nada, no corresponde”, destacó el directivo en diálogo con Infobae.

Así, las empresas del sector acordaron devolver en 12 cuotas lo que cobraron por sobre la inflación desde diciembre (actualizadas por la tasa de interés mensual de plazo fijo del Banco Nación), liberar las cuotas desde julio (en las primeras negociaciones esa fecha era en octubre) y reincorporar a sus planes a quienes quedaron afuera por falta de pago (no está claro aún cómo se hará).

“No fue el mejor acuerdo, pero es preferible eso a un juicio e incertidumbre. Hicimos lo mejor que pudimos en estas circunstancias. Ir a juicio era la incertidumbre total, algo mucho más negativo. Los cálculos que hace el Gobierno no son correctos y, además, la inflación no refleja los costos de la salud”, dijo el ejecutivo, máster en Administración de Empresas y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami).

— ¿Se apuraron las empresas aumentando tanto en tan poco tiempo?

— Técnicamente se hizo lo correcto. Al día 31 de diciembre había una brecha entre las cuotas y el costo de la salud de 150%, y de 155% contra los medicamentos, que pasaron a representar el 40% del gasto de las empresas de medicina privada. Una de las drogas con mejores resultados para oncología, el Pembrolizumab, aumentó más de 400 por ciento. Había una expectativa de inflación de 30% y subir 40% en promedio, como se aumentó en enero, significaba ganar 8 o 10 puntos. Terminó siendo como un efecto “Puerta 12″ porque tuvieron comprimido por mucho tiempo a un sector que emplea 1,5 millones de personas. En los últimos 12 años, hasta fines de 2023, las cuotas subieron un promedio de 8.000% mientras que la canasta de la clase media subió 37.000%. Todas las curvas –costo de vida, costo de salud, medicamentos, dólar, etc.– se incrementaron más que las prepagas. La idea era hacer este ajuste y después, progresivamente, ir bajando para ganarle algunos puntos a la inflación durante 12 o 18 meses. En medio de ese proceso empezaron a pesar cuestiones ajenas a nosotros, como el impacto de las tarifas y otros aumentos.

— En ese contexto fue cuando el ministro Luis Caputo dijo que las prepagas estaban matando a la clase media. ¿Creen que la tensión que se generó fue para evitar el impacto inflacionario?

— No conozco al ministro en persona, pero sé que entiende bastante de estos temas. La salud pesa 2,21% en el índice de inflación.

— ¿El Gobierno los tomó como “enemigos”?

— No sé si nos tomaron como enemigos. Hubo que resolver una cuestión que ya habían definido y apaciguar a la gente que estaba muy preocupada por el tema.

Claudio Belocopitt

— ¿Había una mejor solución mejor?

— Nos podríamos haber sentado en la misma mesa para buscar una salida programada.

— El Gobierno señaló directamente a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y su antecesor en la UAS.

— Atacaron a una persona, hicieron del tema casi una cuestión personal. No está nada bien eso. Claudio nunca dijo algo distinto a lo que digo yo ahora. Es un empresario exitoso y para muchos eso no está bien visto, por más raro que parezca. Se fue de UAS para no complicar a la entidad. En su momento, lo único que les aconsejó a todos fue tener prudencia. Nada más.

— ¿Por qué se decidió liberar otra vez los precios en julio en lugar de tener un sendero de varios meses de subas atadas al IPC, por ejemplo?

— Es que el IPC no debe regir las subas. Se van a tomar, como dice la ley, las variaciones de las estructuras de costos de cada una de las empresas. El Gobierno calcula que para julio la economía va a estar estabilizada, y puede ser que sea así. En una economía estable las correcciones van a ser mucho menores.

— Devolver lo cobrado de más en 12 cuotas actualizadas por un índice menor a la inflación parece bastante perjudicial para los afiliados.

— Son fondos que ya se gastaron. Se usaron para pagarles a prestatarios, médicos, etc. Repito: 1,5 millones de personas trabajan en el sistema privado. La salud en la Argentina es extraordinariamente buena, aunque no se la valore. El tema no está entre las principales preocupaciones, se ve en las encuestas. En todo este contexto, la caída de carteras fue de poco más del 2 por ciento. La gente no se quiere ir y las empresas no quieren perder su afiliados. Por eso se ofrecieron planes alternativos y de contención.

— El Gobierno acusó a las grandes del sector de cartelización. ¿Qué opina?

— No hubo ni hay cartelización de ningún tipo. Hay 600 empresas de medicina privada. En la UAS se les recomendó que fueran prudentes, que pusieran aumentos razonables y que no hubiera excesos porque la gente no podía pagar. Después, cada empresa hizo lo que le pareció. Debemos encontrar una solución y en parte eso tiene que ver con que el sistema público de salud funcione bien.

El juez Juan Stinco

— Caputo asegura que el Gobierno no va a desistir de la acusación.

— Tenemos la razón. Hay que dejar que siga el proceso y se resuelva.

— ¿La cartelización estuvo en la mesa de negociación el lunes? El Gobierno dice que sí.

— El lunes se trató una cautelar judicial. Lo otro es una denuncia administrativa en Defensa de la Competencia.

— Sí, pero estaban todos los actores sentados en la misma mesa.

— Entendemos que ya resuelto el tema de la devolución y todo lo que se acordó esta semana, lo demás debería empezar a resolverse. La UAS también está demandada y nuestros abogados presentaron argumentos más que sólidos para demostrar que no hubo colusión.

— ¿Cómo van a aumentar las prepagas desde julio?

— Cada una va a tener que hacer lo que crea conveniente según sus necesidades y con la prudencia que corresponde.

— Todos las van a estar mirando, desde los afiliados hasta el Gobierno.

— Sí, pero hay que pagarles a los médicos, a las enfermeras. Hay que mantener las herramientas para atender bien a todos los pacientes. El sistema estaba por colapsar el 31 de diciembre, se empezó a salir en enero y se complicó por esta situación.

— ¿Cuál es el tema más urgente de su gestión al frente de la UAS?

— Instalar el problema del sistema de salud en su conjunto, no sólo de las prepagas. Hay que trabajar para hacer que el sistema sea más económico para la gente. Nuestras propuestas son reestructurar el Plan Médico Obligatorio (PMO) y crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para determinar el costo de los medicamentos, que para algunas enfermedades y tratamientos son elevadísimos. Nuestro sistema es solidario y no los puede afrontar. Hay que buscar modelos de complementación. También proponemos crear un fondo para enfermedades de alto costo, como tiene Uruguay.

— ¿Cuánto demorará sanear el sistema si todo marcha relativamente bien?

— Recuperar más de 12 años de políticas erróneas de controles de precios y de no controlar los gastos no es algo que se pueda resolver en poco tiempo. Mientras tanto hay que convivir con la realidad, y no es nada fácil.

Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Agencia Nacional de Discapacidad auditó 3000 pensiones, de las cuales el 80% no deberían haberse dado; fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo estudia endurecer el acceso a este beneficio, así como iniciar acciones legales

5 de junio de 202413:37

Ignacio Grimaldi

LA NACION

La administración de Javier Milei comenzó a auditar las pensiones no contributivas por invalidez, que, según cifras oficiales, reciben 1.215.548 personas. Un análisis de la Agencia Nacional por Discapacidad arrojó que sobre una muestra de 3000, el 80% no debería haber sido otorgada. Por este motivo, representantes del Ejecutivo confirmaron a LA NACION que contemplan judicializar este asunto, a la vez de endurecer el acceso a este beneficio. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, valoró esta situación como una “irresponsabilidad”.

La pensión no contributiva por invalidez es una asignación monetaria pagada por la Anses y su monto, tal como explicaron fuentes oficiales, equivale al 70% de una jubilación mínima. Es decir, $144.851,77. En el Gobierno calculan que si se le sumara el bono de $70.000, la prestación superaría los $200.000.

A mediados de marzo, tal como recordaron fuentes oficiales vinculadas al área de Discapacidad, comenzó la auditoría del más de millón de pensiones no contributivas por invalidez. “Empezamos a ver el número y llamaba la atención por lo alto”, detallaron. Según el Gobierno, hay 1.215.548 personas que perciben esta asignación y destacan el incremento de esta cifra durante determinados períodos.

Entre 2003 y 2007, durante gestión de Néstor Kirchner, la cifra de beneficiarios pasó de 79.581 a 225.411. Es decir, se multiplicó por 2,8. En 2011, el número ascendió hasta 707.068. Esto implica que durante el primer mandato de Cristina Kirchner se triplicó la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez. La evolución del indicador muestra que hasta 2015 se agregaron más de 300.000 nuevos pensionados y el universo total beneficiarios pasó a 1.045.954. Al finalizar el período presidencial de Mauricio Macri, dicho número bajó y la administración de Alberto Fernández volvió a elevarlo hasta 1.215.548.

Fuentes vinculadas a la gestión de Néstor Kirchner dijeron a LA NACION que el aumento durante su mandato tuvo que ver a “un retraso enorme en expedientes pendientes”. Además, desde el kirchnerismo indicaron: “Si quieren sacar la pensión por invalidez que se hagan cargo y que no inventen mentiras”.

Una mirada territorial de la cantidad de beneficiarios los ubica según su provincia. Si bien Buenos Aires es la que mayor cantidad de pensionados por invalidez concentra, con 302.794, en Chaco la proporción entre su población y los que perciben esta asignación es del 8,8%. Esto significa que en dicha provincia cerca de uno de cada 10 recibe esta pensión.

Las cifras del Gobierno también indican que en Santiago del Estero el 7,9% de su población es pensionada por invalidez y en Formosa, el 6,7%.

Estos son datos globales de todos los beneficiarios, pero tal como afirmó una fuente al tanto de la auditoría oficial, las presuntas irregularidades se encontraron “en un primer corte de 3000 personas”. Esto abrió tres posibles caminos para el Gobierno. El primero, finalizar el análisis de todas las pensiones; el segundo, cambiar la reglamentación que regula el acceso a una pensión no contributiva por invalidez; y el tercero, analizar el inicio de acciones judiciales, dado que consideran que las gestiones anteriores habrían hecho uso del otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez “como moneda de cambio para favores políticos”.

En relación al primer punto, la fuente al tanto de la auditoría mencionó que no hay una fecha de finalización marcada. En relación a la legislación vigente para acceder a una pensión de este estilo, aseguró que el Ejecutivo buscaría “anular” resoluciones existentes o “generar” nuevas.

Incluso, identificó dos medidas del gobierno de Fernández que, según su visión, “rompieron todo” dentro de un grupo de normativas que flexibilizaron el acceso a la prestación. Una de ellas es la Resolución 70/2023, que para la gestión libertaria eliminó la obligatoriedad de indicar “incapacidad total y permanente” en el certificado médico.

La otra es la dictaminada en el Decreto 7/2023. Desde la mirada del oficialismo, quitó la condición de invalidez laboral que definía que “la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capacidad laboral una disminución del 76% o más”. Ambas estarían en la mira de la actual administración.

LA NACION consultó a funcionarios de la gestión pasada vinculados al área de Discapacidad pero al momento de publicación de este artículo no habían respondido.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó para esta mañana a empresarios y sindicalistas del sector. El sindicato que lidera Héctor Daer comenzó con paros de 2 horas por turno, hoy serán de 3 horas y el viernes, de 4 horas. Qué dicen los prestadores de salud

Por Ricardo Carpena

La Federación de Trabajadores de Sanidad (FATSA) comenzó el plan de lucha y hoy mantendrá una negociación clave por su reclamo salarial

El Gobierno intentará este jueves destrabar el conflicto salarial entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y los prestadores del sector de la salud, en una reunión clave que se hará en la Secretaría de Trabajo mientras desde hace 24 horas y hasta el viernes se realizan paros de dos, tres y cuatro horas por turno del sindicato conducido por Héctor Daer.

La medida de fuerza afecta a las clínicas, sanatorios, hospitales privados, geriátricos y servicios de emergencia, en donde solamente se mantienen guardias mínimas durante los paros progresivos. “Nuestros salarios han perdido dramáticamente su poder adquisitivo, mientras que los empresarios del sector de la salud se niegan sistemáticamente a otorgar los aumentos que venimos reclamando desde hace meses”, afirmó FATSA, tras quejarse de que “los salarios están congelados desde marzo”.

De todas formas, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a empresarios y sindicalistas a un encuentro que tendrá lugar este jueves, a las 11, para intentar solucionar el conflicto. En las cámaras del sector admitieron que los salarios no pudieron reacomodarse y aseguraron que este viernes estarían en condiciones de efectuar una propuesta de aumento: “No podemos compensar la inflación, pero vamos a ofrecer una cifra para que los sueldos no se deterioren más todavía”.

Héctor Daer, líder de la Federación de Trabajadores de Sanidad (FATSA) y cotitular de la CGT

El plan de lucha de FATSA incluye un esquema progresivo de protestas: este miércoles se hicieron paros de dos horas por turno; hoy será de tres por horas por turno y el viernes, de cuatro horas por turno. En cada clínica, hospital y sanatorio hay dispares niveles de adhesión a las medidas, pero se reprogramaron turnos que no fueran urgentes y sólo se mantuvieron guardias mínimas.

Daer sostuvo que “la actitud irresponsable y vergonzosa de los empresarios de la salud es inaceptable” y advirtió que “seguimos adelante con nuestro plan nacional de lucha, exigiendo una justa recomposición salarial para todos los trabajadores del sector asistencial”. “No nos detendremos -agregó en su cuenta de X-. Los empresarios son los únicos responsables de las consecuencias en la atención hasta que nuestro reclamo sea atendido”.

Por el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), Marcelo Kaufman, dijo a Infobae que “el sindicato no tiene la culpa” de la situación salarial, aunque destacó que en 2023 los trabajadores recibieron aumentos que cubrieron “prácticamente lo que la inflación marcaba, menos algunos puntos de mejora que se los otorgamos entre febrero y marzo”. “Nuestro problema es por la falta de recursos para el financiamiento del sector salud. No tiene que ver sólo con los costos, sino que tiene que ver con los ingresos”, señaló.

Los hospitales, clínicas y sanatorios atenderán con turnos reprogramados y guardias mínimas por los paros de FATSA (Foto Reuters)

Recordó que “este laberinto es una crónica de una muerte anunciada que viene desde hace mucho tiempo, pero muy presionada desde el gobierno anterior desde la pandemia: tuvimos una cantidad de subsidios para sostener el trabajo, sin despido de personal y sin achicamiento salarial”. “En esa época estaba el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) -recordó-, pero no nos aumentaron los aranceles frente a una inflación que fue del 36 y pico por ciento en 2020. Pero en 2023, con una inflación de 211 puntos, nosotros recibimos, en el mejor de los casos, 140 en concepto de aranceles y pagamos salarios equivalentes al 170%, además de que pagamos insumos, devaluación por medio, primero de un 20% y después el aumento del Impuesto País del 7 al 17,5% para los insumos médicos. Así nos fuimos desfinanciando y perdiendo capital de trabajo”.

Kaufman puntualizó que “cuando asume este gobierno y devalúa, todos los insumos médicos y el equipamiento se van a las nubes, mientras el empresariado argentino stockeó mercadería pensando que el dólar podía estar en 2000 y los costos también se fueron a las nubes”.

El titular de la CEDIM resaltó que “no estamos contra el sindicato porque siempre hemos tenido diálogo y nos hemos ido acomodando, y sabemos que los salarios no le alcanzan a nadie, pero vamos haciendo lo que podemos: no es una puja distributiva, es una puja de posibilidades”.

Los prestadores de salud advirtieron que el sector está en crisis y puede haber cierre de clínicas y sanatorios (Foto Reuters)

Por su parte, Alejandro Rodi, gerente de Cámara Argentina de la Seguridad Social (CAPRESS), explicó: “Venimos con un atraso de años, suba de servicios públicos que llega al 400%, suba de insumos que en algunos casos llega al 300% en lo que va del año y los ajustes por prestación no pasan el 40%. Como prestadores de la seguridad social, tenemos 30 clínicas en todo el país al borde del cierre si no logramos una respuesta de las obras sociales provinciales y sindicales”.

“El sistema de salud está colapsado hace años -alertó-. Los médicos no pueden cobrar lo que cobran y las clínicas tampoco. Entendemos y apoyamos el reclamo, pero si los financiadores como PAMI y el IOMA, por ejemplo, no ajustan, el sistema va a la quiebra total”.

| Fuente: www.infobae.com.ar

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