El presidente de Acami, la asociación que agrupa a varias entidades prepagas, y director del Cemic sostiene que hay un retraso fuerte en los ingresos del sector, y dice que hay reformas por hacer que evitarían mayores subas de precios

Uno de los tantos temas pendientes con los que se encontraron funcionarios del gobierno de Mauricio Macri es el pedido, ya casi constante, de las entidades de medicina prepaga, que buscan la luz verde para aplicar aumentos de cuotas para compensar las subas de costos. En los últimos años, sostienen en las empresas, los incrementos de precios autorizados para los planes de salud estuvieron por debajo de las solicitudes que se elevaron a las autoridades, sin que los porcentajes aprobados respondieran a algún criterio. Como tema más urgente, las entidades mantienen un pedido de aumento para los primeros meses de 2016, cuando deberán completar el último tramo de la recomposición salarial pactada con los trabajadores del sector.

Pero Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), aclara que en la reunión que el lunes pasado varios directivos de la actividad mantuvieron con las nuevas autoridades del área, se planteó también la necesidad de resolver temas de más largo plazo que hacen a la eficiencia del sistema. Y dice estar convencido de que, si el sector sanitario en su conjunto se estructura de tal manera de evitar gastos innecesarios, podrían encontrarse otras soluciones al alza de costos sin que siempre se afecte el bolsillo de los afiliados; así, cree que el gasto eficiente aliviaría las subas de los planes. Al considerar que no hubo en los últimos años una política sanitaria eficiente, Magonza apunta contra las leyes que disponen la obligatoriedad para las prepagas de dar coberturas sin contemplar el financiamiento, y se muestra a favor de un seguro universal para los tratamientos de alto costo.

Acami agrupa a entidades financiadoras y prestadoras de salud sin fines de lucro como OSDE, Fleni, Fundación Favaloro, Cemic, hospitales de comunidad y obras sociales de personal de dirección, entre otras. “Expusimos la situación crítica que viven muchas de nuestras entidades; sabemos que no es posible resolver todo en el corto plazo”, cuenta de la reunión con el ministro de Salud, Jorge Lemus, y el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, quien fue director médico de la obra social del sindicato de Obras Sanitarias. Los dos funcionarios fueron firmantes de un documento de 2014 del llamado Grupo Medeos, que planteaba la necesidad de reformas de fondo para el sistema de salud, y del que también participó Magonza.

Crítico de los efectos de la ley de prepagas de 2011 -dice, por ejemplo, que al obligar a admitir personas con enfermedades preexistentes se transfiere a un grupo de particulares que pagan su cuota, la responsabilidad del Estado de garantizar los tratamientos- considera que antes que una derogación, lo que habría que hacer es una ley superadora que contemple una integración de los subsectores (público, obras sociales y privado) para mejorar la gestión.

Para quien es director del Cemic y también presidente de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami), en los últimos cuatro años el sector acumuló un retraso en sus ingresos equivalente a más de dos facturaciones mensuales.

-¿Cuál será el impacto de la reciente devaluación en el sector?

-Todavía es difícil medirlo; dentro de las prestaciones afecta en forma distinta según se requiera de más tecnología, medicamentos y descartables que no se producen en el país o tienen componentes o insumos importados. Si se toma un dólar de $ 13,60 y se consideran los equipos o insumos que se compran en dólares o tienen un componente que dependen de bienes importados, el efecto sobre el costo total en los distintos actores de la salud sería de entre 8 y 14 por ciento. Igualmente es un poco prematuro estimar resultados; si la política económica tiene éxito esos valores podrían estabilizarse o eventualmente tener una disminución.

-¿Qué expectativas generan las designaciones en el área de Salud?

-Siempre que se inicia una gestión, las expectativas son buenas. Y los funcionarios son profesionales con experiencia y conocimiento. Lamentablemente el sistema sanitario no está en la agenda política ni de la gente hasta que se necesita de él o hasta que el tema sale en los diarios por alguna circunstancia negativa.

-¿Cómo definiría la situación del sector privado de la salud?

-El sector pasa una crisis, producto de varios años de crecimiento de costos y de temas vinculados a la inseguridad jurídica y a modificaciones normativas. En los últimos años hubo una serie de leyes, arrancando con la del Programa Médico Obligatorio (PMO), de 1996, que igualó los contratos de cobertura médica privada con las prestaciones que deben dar las obras sociales. Eso, que fue un intento de mejora para los beneficiarios, terminó siendo una restricción al derecho de contratar un plan de cobertura parcial. Luego hubo una enorme cantidad de normas que obligan a cubrir tratamientos por enfermedades y patologías precisas, pero sin prever financiamiento. Son leyes desacopladas de un plan nacional de salud y esa es una manera bastante ineficiente de hacer política sanitaria.

-La ley de regulación de prepagas no permite rechazar afiliados por motivos de enfermedad, pero permite cobrar una cuota más alta. ¿Cómo resultó eso en la práctica?

-El modelo es confuso porque la gestión saliente no reglamentó el tema. A veces se cree que el problema es la economía y el problema es que las decisiones económicas que se toman se miran por lo general desde el interés personal y no del de la comunidad. Las leyes deberían tener en cuenta por qué y cómo hacen las cosas las personas. En la práctica, con la ley apareció una cantidad de gente que estaba internada en lugares de alto costo y vinieron para afiliarse. ¿Quiénes se vieron más perjudicados? Las mejores instituciones por imagen o solvencia, o por calidad prestacional o especialización en una patología. Sin reglamentación adecuada, el tema quedó librado al azar. Lo que pasa con la gente que declara una enfermedad y quiere entrar es que la entidad le dice cuánto vale la cuota multiplicando la básica por un número, según cómo sea el caso.

-¿Y eso resuelve el tema?

-Si lo resuelve desde el lado de la entidad, del otro lado hay alguien que dice que no puede pagar la cuota. Si la puede pagar se resuelve, pero nunca con la cuota adicional se van a compensar los mayores costos. En algunos casos, la persona recurre a la Superintendencia y pide un dictamen: muchas veces se ha dispuesto que haya atención con el pago de la cuota plana hasta que se resuelva el tema. Pero después no se resuelve. Cuando los legisladores y funcionarios toman decisiones, la gente cree que son inocuas y que nadie las paga; pero no, eso recae sobre la sociedad.

-¿Cuál sería la solución para el caso de patologías preexistentes?

-Con esta ley habría que hacer una reglamentación muy razonable, estudiando los casos más típicos y fijando cuántas cuotas sobre la básica se pueden cobrar. No se resolvería el problema, pero sería un desaliento al abuso de derecho. ¿Por qué un grupo de beneficiarios de una entidad se tendría que hacer cargo de, por ejemplo, las personas con hepatitis C en el país? El Estado debe hacerse cargo, y eso más allá de dónde se dé la prestación. Uruguay, por caso, tiene un fondo nacional para coberturas y hay instituciones calificadas, públicas y privadas que dan la atención de alta complejidad y compiten entre sí. Así se cumple con el acceso al derecho y se evita la afiliación adversa.

-¿Es replicable eso en el país? ¿Podría incluirse a toda la población?

-En el sector las opiniones están divididas; yo estoy a favor. Los que más quieren un fondo así son las entidades más vulnerables ante las enfermedades catastróficas [de baja incidencia y alto costo]; las más grandes se autoaseguran en virtud de una población mayor. Y sería bueno que funcionara una agencia de evaluación de tecnologías, que es una de las tendencias mundiales; se necesita que el Estado diga, en función del bien común, qué se debe cubrir y en qué casos. Alguien tiene que poner prioridades en el manejo de los recursos porque los costos van a seguir creciendo.

-¿Cuáles fueron los principales incrementos de este año?

-En la atención de pacientes con discapacidad el alza estuvo en niveles de 70% en un año, y los medicamentos de mediano y bajo costo subieron más de 40%. Hay cosas que aumentaron por encima de un dólar de $ 14.